Ensayo de golpe suave en Bolivia copia modelo probado en Nicaragua

El lenguaje utilizado en esta campaña estaba especialmente elaborado para cooptar a los jóvenes bolivianos, un actor que será decisivo en las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.

El ensayo de golpe suave en Bolivia copia la misma fórmula aplicada en Nicaragua, según advierte un amplio artículo publicado por Misión Verdad.
Las comparaciones surgen a partir de los hechos de violencia promovidos por estos días en el departamento de Santa Cruz, que ha sido epicentro de hechos de desobediencia civil que han dejado varias casas del partido MAS (Movimiento Al Socialismo) destruidas y personas lesionadas.
 
El enfrentamiento es el primero de gran magnitud que se registra desde que se activara la encarnizada campaña en redes sociales bajo la etiqueta de #SOSChiquitania, la cual congregó a activistas ambientales e influencers en una narrativa con claros rasgos de orquestación: señalar al presidente Evo Morales como responsable de los incendios.
El lenguaje utilizado en esta campaña estaba especialmente elaborado para cooptar a los jóvenes bolivianos, un actor que será decisivo en las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. 
 
"Como las Fuerzas Armadas no pueden sumarse al golpe de Estado, usan a jóvenes pagados para atentar contra las campañas del MAS (…) ¿Quiénes son los antidemócratas en Bolivia? ¿De dónde vienen y qué preparan?", expresó el mandatario tras los eventos del pasado 12 de septiembre en ese departamento. 
Los hechos pcurrieron cuando una actividad política organizada por militantes del MAS se cruzó con grupos irregulares identificados con las plataformas de oposición 21F y la Unión Juvenil Cruceñista.
En medio de la campaña electoral presidencial y con los incendios de La Chiquitania como telón de fondo, los seguidores del jefe de Estado en Santa Cruz, decidieron organizar la "tarde azul" en varias redomas de un sector denominado el segundo anillo, con el objetivo de recaudar recursos y apoyo logístico que serían enviados al frente de acción en los focos de quema, para colabrar con los bomberos, policías y voluntarios en la recuperación de las reservas forestales.
Esta iniciativa fue boicoteada por sectores violentos convocados por la derecha nacional, que escalaron los choques en los puntos de encuentro de los masistas, yendo luego hacia las sedes del partido, dañando sus instalaciones y siendo incendiada una de ellas.
La jornada tuvo un saldo de ocho heridos, entre ellos una mujer embarazada, un joven con traumatismo en la cabeza y varios policías lastimados, según lo informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El nivel de violencia de los disturbios solo es equiparable a las manifestaciones convocadas durante el intento de golpe de Estado de 2008, en el marco de una agenda claramente sececionista, que tuvo como centro Santa Cruz, al igual que en Pando, Tarija y Beni.
En esa ocasión, se determinó que hubo financiamiento por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a los partidos y organizaciones no gubernamentales que protagonizaron el intento de golpe de Estado. 
 
En este sentido, Venezuela es un referente obligatorio, no sólo por las operaciones combinadas de desgaste y ultraviolencia callejera durante los tres meses de "guarimbas" en 2017, sino por los mecanismos que implementó el Gobierno y el chavismo para desarmar la revolución de colores.
Sin embargo, el suceso que pretende detonar el conflicto en Bolivia recuerda a otra operación ejecutada más recientemente contra el sandinismo en Nicaragua. Las coincidencias con la estrategia insurreccional de la oposición nicaragüense obliga a realizar un estudio del caso para establecer los puntos en común con la situación boliviana.
La pregunta de Evo Morales es pertinente, en vista de la forma acelerada con la que se vienen desarrollando los eventos en el país sudamericano y que apuntan a interrumpir los comicios electorales del 20 de octubre.
Nicaragua y el caso de Indio Maíz
En abril de 2018, un incendio provocado en la reserva biológica Indio Maíz consumió 5 mil 400 hectáreas de una de las principales zonas de selva tropical centroamericana. En 2016, el bosque había sido afectado por el Huracán Otto, causando daños en el ecosistema que lo hicieron susceptible al fuego.
Pero no sólo el fuego se propagó en territorio nicaragüense. También hizo lo propio un sector estudiantil del país, acompañado por ONG ambientalistas que sobredimensionaron el problema forestal, y por los medios de comunicación opositores, que dieron cobertura y propagandizaron las acusaciones hacia el gobierno de Daniel Ortega.
Superado el problema ambiental, es sencillo recopilar cada uno de los datos que dan fe del correcto protocolo de emergencia accionado por los organismos del Estado.
En entrevista con RT, el presidente Ortega destacó que técnicos norteamericanos que habían evaluado la situación, determinaron que el incendio "iba a durar meses", pero solo se extendieron por diez días, hasta que fueron sofocados.
El Gobierno de Nicaragua decretó alerta amarilla, desplegó 1 mil 500 efectivos militares, 9 medios aéreos, 17 medios navales y aceptó la ayuda internacional de México, El Salvador y Honduras. Igualmente, determinó a los responsables del gran incendio forestal, que tuvo que ver con una quema de terreno para la siembra de arroz. 
Ninguna de estas acciones pudo impedir que se organizaran protestas violentas que se prolongaron hasta octubre de 2018.
Si bien la demanda central de los sectores que iniciaron las revueltas estuvo relacionada con la serie de reformas del Instituto de Seguridad Social (INSS), el movimiento #SOSIndioMaíz, que por sí solo no adquirió la fuerza suficiente para cuajar como operación de cambio de régimen, sí sirvió de ensayo previo a lo que vendría después. 
El 12 de abril, unos días antes que los incendios en la reserva biológica fueran controlados, un grupo de manifestantes violentos bajo la cobertura de "movimiento estudiantil" se concentraron en la entrada de la Universidad Centroamericana (UCA) para dirigirse a la Asamblea Nacional.
La movilización no logró llegar al destino pautado, sin embargo, desencadenó un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que inmediatamente fue utilizado para desplegar la narrativa del "Estado represor", manipulando imágenes que luego serían exportadas para mostrar a los violentos como "luchadores por la democracia". Un clásico que bastante conoce Venezuela. 
El móvil que los convocaba fue desplazado por el trasfondo real de la operación: presión violenta para deponer al gobierno sandinista.
Es lo único que pudo explicar los señalamientos desproporcionados y virulentos de los manifestantes contra el frente sandinista, que además abrazaron la causa de la reserva Indio Maíz con una sospechosa rapidez, la cual no estuvo en agenda hasta ese momento. 
La instrumentalización política del incendio en Indio Maíz abrió paso a la convocatoria de plantones antigubernamentales.
Allí se prefiguraron como imágenes simbólicas del movimiento, ONG y caras nuevas que encubrieron los intereses transnacionales implícitos. Madelaine Caracas y Jessica Cisneros fueron los nombres que emergieron del grupo estudiantil que encabezó las protestas.
Por otro lado, la Fundación del Río y las ONG ecológicas asociadas al Grupo Cocibolca, también capitalizaron parte del liderazgo en la operación. Ambos actores trascendieron de los hechos específicos de Indio Maíz, toda vez que la emergencia fue superada por los organismos pertinentes del gobierno nicaragüense. Se acoplaron definitivamente a las fases siguientes del plan golpista.
Los actores al frente y detrás de escena
En octubre de 2018, Caracas y Cisneros participaron en la Caravana de Solidaridad Internacional con Nicaragua, una gira realizada por países europeos donde se reunieron con altos dirigentes políticos con el objetivo de cabildear las presiones de Occidente contra Daniel Ortega.
Allí, Madelaine Caracas fue entrevistada por la cadena alemana DW, que la interpeló por las denuncias que señalaban el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos a las protestas violentas. "Eso es parte de la campaña de deslegitimación del gobierno hacia esta insurrección cívica y espontánea", alcanzó a responder la estudiante de Comunicación.
Más adelante se sabría que tanto ella, como Jessica Cisneros, integraron el Movimiento Cívico de Juventudes (MCJ), una agrupación que recibe apoyo del Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés), tal y como lo refiere la periodista Whitney Webb en una investigación para Mintpress.
La NDI instauró su proyecto con estudiantes de Managua gracias al financiamiento de la USAID y la National Endowment for Democracy (NED). Dice la periodista Webb, que la NED desembolsó "unos 4,2 millones de dólares a grupos de oposición y afiliados entre 2014 y 2017".
La USAID, por otra parte, es la institución que más ha erogado recursos para la desestabilización en Nicaragua.
Con los 52 millones de dólares otorgados, se pagaron los cursos de formación a líderes emergentes que promovieron el salto a la fama de Madeleine Caracas.
Las organizaciones ecológicas también estuvieron latentes a la espera de un momento que diera signos de ser fácilmente conducido al plano del golpe político. ¿Evidencias de su participación arbitraria en le escena? En medio de las revueltas, que mutaron de lo civil a bandas criminales armadas, la Fundación del Río fue clave en la financiación.
A principios de abril, el ministerio de Gobierno había advertido de una estafa que esta ONG llevaba a cabo, mediante la recolección de fondos que tenían un destino injustificado. Cuando se había aplacado el golpe en diciembre, el poder legislativo comprobó su participación en el mismo, junto con otras ocho organizaciones civiles, facilitando fondos para la ejecución de actos terroristas. Todos estos grupos fueron inhabilitados por la Asamblea Nacional.
En resumen, bajo una cobertura ambientalista, la oposición nicaragüense ha promovido movilizaciones violentas para frenar el desarrollo económico del país 
El turno de la Chiquitania
Instituciones similares de EE.UU. que promovieron a los líderes de la revolución de colores contra el sandinismo, salen a relucir ahora en Bolivia.
Es el caso de la Human Rights Foundation (HRF), fundación financiada por la oligarquía Koch y el grupo CANVAS, experto en la estrategia de la "lucha no violenta".
Ambas organizaciones tienen nexos con la militante ecologista Jhanisse Daza, actualmente una de las caras visibles del golpe suave contra Bolivia. Daza está al frente de la ONG Ríos de Pie, que formula acusaciones contra Evo Morales.
Jhanisse Daza no oculta sus nexos con Srđa Popović, fundador de la organización CANVAS, especializada en promover cambios de régimen.
Para estos promotores del acoso al gobierno boliviano, el teatro de operaciones de la Amazonía ha favorecido el escenario ideal.
El desastre forestal (con implicaciones continentales), sus daños y las dificultades para apaciguarlo, facilitan la construcción de una narrativa para culpar al presidente Evo Morales. Indignaciones fabricadas dan paso a la etapa violenta del intento de golpe.
Ahora, el gobierno de Morales tiene que resistir en dos frentes en simultáneo: la emergencia ambiental en sí misma y los próximos asedios que organicen los grupos opositores impulsados por la propaganda de La Chiquitania.
Mientras personal del ejército, bomberos y brigadistas, realizan las labores de mitigación del fuego en las zonas afectadas, los medios de oposición local, las ONG y figuras políticas, aprovechan que el tema está en agenda internacional para homologar un relato contra Evo, justificar la interrumpción de las elecciones y escalar en la desestabilización bajo la narrativa de que Bolivia afronta un "desastre". 
Hasta el momento, Bolivia ha volcado los esfuerzos en implementar un protocolo eficiente en los departamentos donde ocurren los incendios. En cuestión de semanas, logró reducir en más del 80% los focos de calor. La ayuda extranjera entra con la condición exclusiva de ser gestionada a través del Estado, respetando la soberanía del país.
El escenario es difícil. Cuando se pensaba que se había controlado, autoridades locales informaron que permanecían activos al menos unos dos mil focos, producto de ráfagas de viento que llegan a los 90 kilómetros por hora, del mismo cambio climático, que trajo un periodo de sequía con altas temperaturas.
Bolivia recibió la ayuda de Rusia para atacar estos nuevos brotes, a pesar de ello, el gobierno asegura que la emergencia no ha desbordado la capacidad de actuación de las instituciones, como lo mencionó el ministro de Comunicación Manuel Canel a principios de septiembre.  
Según el ministro, la figura administrativa de "desastre" no corresponde puesto que el Estado no ha agotado sus recursos técnicos y económicos. En cambio, se actúa bajo la declaratoria de "situación de emergencia nacional", permitiendo la celeridad de las ayudas y fondos económicos.
¿Quién causó el incendio?
El relato que se ha internacionalizado acusa directamente al decreto 3973 y la ley 741, ordenanzas del gobierno nacional que regulan las actividades de agricultura y ganadería en el país.
En redes sociales la campaña de marketing se basó principalmente en el argumento de que esas regulaciones provocaron los incendios en La Chiquitania. El aditivo de influencers, activistas ecológicos y famosos en el primer frente de la operación, garantizó que el movimiento lograra simular "espontaneidad".
Por otro lado, aunque se supone que los movimientos ambientalistas estarían en contra de cualquier actividad del agronegocio que afectara al Bosque Seco Chiquitano, llama la atención que la propaganda se afinca únicamente a satanizar el "chaqueo", una actividad campesina de quema controlada para habilitar sus tierras a la agricultura.
"Las pequeñas familias, si no chaquean ¿de qué van a vivir?". Esta frase de Evo fue sacada de contexto por los medios de comunicación para darle combustible a la campaña y hacer pensar que está de acuerdo con el uso intensivo de la tierra. 
La realidad es que el gobierno boliviano intenta proteger al pequeño agricultor que tiene esta labor como única fuente de trabajo, mientras que crea un consenso con otros intereses de la nación estipulados en sus leyes.
Para los detractores de Evo, no se trata de medirse en una contienda electoral, sino de boicotear todas las estructuras del Estado, instalando el caos y haciéndole ingobernable la gestión de los incendios, de manera que pueda justificarse la intervención de gobiernos extranjeros, ya sea bajo el castigo financiero o el aislamiento diplomático.
Un manual de golpe político que no se sale de sus propios márgenes, aplicado en tantas ocasiones anteriores que hoy en día es identificable a simple vista. He allí la ventaja fundamental que pueden aprovechar los bolivianos.