Bolivia apuesta por transparencia ante intentos golpistas

A partir del 31 de octubre, en las manos de una misión de la nada respetable Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno popular de Evo Morales, puso los destinos de los comicios en una demostración de valor temerario y sin tomar en cuenta que ese órgano fue siempre un instrumento servil de las políticas de Estados Unidos en la región.

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Las autoridades de Bolivia apuestan hoy por la transparencia de los resultados de las elecciones presidenciales y de otros cargos, celebradas el 20 de octubre, cuyo balance intentan desconocer grupos y partidos opositores de derecha alegando la existencia de un fraude, aun antes de consumarse el ejercicio en las urnas.
A partir del 31 de octubre, en las manos de una misión de la nada respetable Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno popular de Evo Morales, puso los destinos de los comicios en una demostración de valor temerario y sin tomar en cuenta que ese órgano fue siempre un instrumento servil de las políticas de Estados Unidos en la región.
Al anunciar el inicio del proceso, el canciller Diego Pary informó que la auditoría integral de la OEA será vinculante e iniciará este jueves, en el marco de un acuerdo entre el Estado Plurinacional y la Secretaria General de ese organismo internacional.
"El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes", señaló el titular al dar lectura al sexto punto del documento suscrito por él con Luis Almagro, secretario de ese ente que dista mucho de responder a los interese de los pueblos de la región.

Pese a que hay expectativas por esta pesquisa ante la arremetida contra la transparencia de las elecciones generales, grupos opositores con centro en la ciudad de Santa Cruz, sostienen que no están interesados en que se demuestre como transcurrieron los sufragios y si existió fraude.

Por el contrario, insisten en sacar a Morales del gobierno y convocar nuevas elecciones en las que no participe el Movimiento al Socialismo, representante de los sectores más marginados de Bolivia, que vuelcan su voto por el primer presidente indígena del país.
El éxito de Morales en las urnas, por un “escaso” margen de 10,5 por ciento de los votos es cuestionado por su opositor Carlos Mesa, quien con un abundante “cantinfleo” (dice y se contradice) durante sus apariciones y declaraciones a la prensa, acepta, no acepta, quiere probar el fraude, no quiere, quiere segunda vuelta, no la quiere, y al final insiste en la salida de Morales del Gobierno.
En realidad hay problemas de fondo detrás de una crisis que amenaza con causar una profunda grieta entre la Bolivia rural y la urbana, incluso con enfrentamientos físicos y protestas de la derecha opositora que recibe respuestas pacíficas de campesinos, mineros y sectores populares que apoyan a Evo.
Hay que analizar factores que inciden en el proceso, Morales llegó a esta elección con su legitimidad erosionada por la derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando su propuesta de cambio constitucional para habilitar la reelección indefinida fue derrotada por escaso margen.
Pero este traspié fue superado luego de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por eso ahora la denuncia de fraude –que debe ser probada– se confunde con la denuncia sobre la «ilegitimidad» de Morales para postularse, lo que construye un enredo de difícil salida, según comenta el sitio Rebelión.

En este escenario convulso, en parte causado por las propias autoridades por ceder posiciones ante demandas opositoras, es pieza clave el denominado Comité de Defensa de la Democracia (Conade), que agrupa a las principales fuerzas adversas a Morales y que rechaza la auditoría internacional y lucha por la anulación de las elecciones lo que puede desencadenar eventos imprevisibles con escasas posibilidades de victoria opositora.

En la actualidad existe el riesgo de una mayor polarización y enfrentamientos callejeros entre oficialistas y opositores, que pueden llevar al país a un callejón sin salida, que posiblemente barrería a uno de los dos bandos y pudiera terminar en una guerra civil causante de heridas que solo el tiempo puede curar.
Peligrosamente la oposición, rechaza la auditoría y llama a radicalizar los bloqueos y paros en las ciudades para buscar más enfrentamiento y sacar a Evo de la Casa de Gobierno.
Aquí surge una de las pocas alternativas de los opositores, recurrir al golpe de Estado, algo denunciado al mundo por el gobierno constitucional y por sectores populares beneficiarios de las políticas de cambio del mandatario, con las cuales, en la mayoría de los casos no comulgan los sectores de la burguesía local e intereses externos.
Según un dialogó sostenido por la publicación Sputnik con Jorge Silva, dirigente del MAS, la estrategia del fraude tiene por objetivo "desestabilizar al gobierno" a través de protestas que buscan el enfrentamiento: "Para eso está aplicando vandalismo, racismo, discriminación, con el objetivo final de lograr un golpe de Estado, posicionar a Carlos Mesa como presidente igual que lo han hecho con (Juan) Guaidó en Venezuela".
Por otra parte, “parte de los objetivos políticos de la diplomacia norteamericana es la de intentar voltear los gobiernos progresistas, revolucionarios que se han gestado en nuestra región", añade Silva, en relación a la influencia de Washington en el conflicto.
Plantea que esta semana es decisiva, vamos a ver cuál es la fuerza y resistencia que tenga la oposición. Creemos que no tienen la fuerza que están pretendiendo mostrar a través del miedo y las redes sociales, confiamos en la madurez democrática y política del pueblo boliviano para no dejarse llevar por estas corrientes políticas, subrayó.
Mientras tanto, la oposición sigue sus planes de desestabilización, el Gobierno y sus seguidores se mantienen alerta y no se dejan provocar, y aumentan las expectativas por los resultados de la auditoría internacional, la que ya la derecha rechaza y se coloca en el camino que puede llevar al país a una profunda crisis, y no descartable, a una guerra civil.