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El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil encontró 17 irregularidades en las cuentas presentadas por la campaña del político ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ganó las elecciones presidenciales de octubre, reveló el portal digital Brasil 247.

El presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, podría designar al actual mandatario de facto, Michel Temer, como embajador en Italia, según publicó un medio local de la nación sudamericana.

El procurador general del Trabajo, Ronaldo Fleury, alertó sobre el riesgo de aumento de labores esclavas en Brasil, con la eliminación del ministerio afín anunciado por presidente electo Jair Bolsonaro.

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) expresó su gran preocupación por los acontecimientos políticos que vienen sucediendo en Brasil, con el auge de un candidato de extrema derecha abiertamente fascista, misógino, homófobo y racista.

Las cifras son parte del resultado de la encuesta Barómetro Político, realizada por el periódico Estado y el Instituto Ipsos entre el primero y el 11 de agosto en 72 municipios

La derecha brasileña ha realizado lo que venía soñando desde el 2003: sacar al Partido de los Trabajadores (PT) del gobierno. Como no lo ha logrado por medio de elecciones –y se dio cuenta que ya nunca más lo lograría–, optó por el atajo del golpe. Estuvo condenada así a tener como presidente al vice de entonces, Michel Temer, con toda la carga de acusaciones de corrupción en su contra.

La campaña fue concebida por el luchador argentino por los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel como forma de prestar solidaridad a Lula, encarcelado en la Superintendencia de la Policía Federal (PF) en la capital paranaense desde el pasado 7 de abril.

Lula da Silva está preso en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba desde el pasado 7 de abril. Aun en esas condiciones, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) encabeza las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre y continúa negando haber cometido los crímenes que se le imputan.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo estar convencido de que la ciudadanía se resistirá a cualquier retroceso que pretendan imponerle, porque Brasil quiere más y no menos derechos.

En Brasil la democracia quedó atrás. La mayoría corrupta en el Senado de ese país votó por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

Los fiscales brasileños solicitaron suspender, durante diez años, todos los derechos políticos de Eduardo Cunha, por ser beneficiario directo de la trama de corrupción de Petrobras.

El ministro de Transparencia, Vigilancia y Control de Brasil, Fabiano Silveira, renunció a su cargo luego de la divulgación de un audio en el que critica la investigación sobre corrupción en Petrobras.

El gobierno boliviano llamó a todos los Estados latinoamericanos a dialogar sobre el proceso de destitución que enfrenta hoy la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, el cual pretende desestabilizar la democracia y desconocer la voluntad popular.

Los movimientos sociales brasileños convocaron una marcha contra el ahora presidente interino y exvicepresidente Michel Temer, quien sustituyó a Dilma Rousseff por decisión del Senado.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, denunció que el proceso de juicio político en su contra es una interrupción ilegal y usurpadora de su mandato.

El presidente del Senado brasileño, Renán Calheiros, rechazó la suspensión del trámite para un impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff y decretó la continuidad del proceso.

El Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) incluir al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las investigaciones derivadas de la operación anticorrupción Lava Jato.

El abogado general de la Unión y defensor de la presidenta Dilma Rousseff en el proceso de juicio político, José Eduardo Cardozo, afirmó que el impeachment es un trauma que Brasil no merece.

Representantes gubernamentales compartirán la defensa de la presidenta Dilma Rousseff ante una comisión especial del Senado Federal brasileño, encargada de examinar la admisión del pedido de juicio político contra la Presidenta.

Sin delito de responsabilidad, el proceso de juicio político es el más descarado golpe, y una injusticia no solo contra mi persona o mi mandato, sino contra la democracia y los 54 millones de brasileños que me respaldaron con sus votos, denunció la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.