En el extenso y contundente informe de 884 páginas elaborado por la Policía Federal se concluye que el expresidente Jair Bolsonaro operó como el líder de una organización criminal que planificó un Golpe de Estado para mantenerlo en el poder después que perdió las elecciones en octubre de 2022.

Y no solo eso, los investigadores también descubrieron que ese plan incluía el asesinato del candidato vencedor, Lula da Silva, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del Magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

En una de sus partes el documento señala que “los elementos de prueba obtenidos a lo largo de la investigación demuestran de forma inequívoca que el entonces presidente de la República, Jair Messias Bolsonaro, planificó, actuó y tuvo el dominio de forma directa y efectiva de los actos ejecutorios realizados por la organización criminal que tenía por objetivo la concretización de un Golpe de Estado y la Abolición del Estado Democrático de Derecho”.

Por lo mismo, la Policía Federal solicita el procesamiento de Bolsonaro y otras 36 personas fundamentalmente por estos tres crímenes: intención de dar un Golpe de Estado; abolición violenta del Estado democrático de derecho y formación de organización criminal. De acuerdo a las indagaciones realizadas y a un amplio material comprobatorio, el Golpe no se habría consumado por “circunstancias ajenas a la voluntad del expresidente” y sus cómplices.

La primera de ellas, es que no tuvieron el apoyo del Comandante y la cúpula del Ejército, ni del Comandante y el primer escalón de la Fuerza Aérea. El único Comandante que estuvo dispuesto a participar de esta articulación golpista, fue el Almirante Almir Garnier de la Marina, quién puso sus tropas a disposición del presidente y según demuestran las conversaciones interceptadas, tenía el arsenal y los tanques de la Armada “prontos” para actuar en caso que el presidente Bolsonaro se lo solicitara. Por este motivo, Garnier se encuentra dentro de la lista de los 37 individuos apuntados como sospechosos por la tentativa de Golpe.

En otro trecho del escrito se puede constatar el papel de liderazgo que asumió el expresidente en la conspiración: “Las abundantes pruebas recogidas indican que el grupo investigado, liderado por Bolsonaro, desarrolló y diseminó la narrativa falsa de la existencia de vulnerabilidad y fraude en el sistema electrónico de votación desde el año de 2019, con el objetivo de sedimentar en la población la falsa realidad de fraude electoral”.

Fue precisamente por este motivo que el expresidente fue juzgado y condenado en el STF en junio del año pasado bajo la acusación de abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación, cuando utilizando los recursos del Estado convocó a una reunión a todos los embajadores en el Palácio da Alvorada para descalificar el sistema electoral de Brasil. En ese juicio fue declarado culpable e inelegible por ocho años.

Es importante destacar que la definición de organización criminal se debe a la existencia de diversos núcleos de actuación destinados a implementar con éxito el Golpe. Estos seis grupos serían: 1) Núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral cuya función era divulgar noticias falsas y crear un ambiente propicio para el Golpe; 2) Núcleo responsable por incitar y conquistar la adhesión de los militares a las acciones golpistas; 3) Núcleo jurídico para sustentar legalmente el Golpe; 4) Núcleo operacional de apoyo, destinado a planificar y ejecutar las medidas para mantener los manifestantes en los cuarteles, organizar las movilizaciones y dirigir la logística y el financiamiento; 5) Núcleo de inteligencia paralela dedicado a recolectar informaciones y monitorear los pasos de Alexandre de Moraes y otras autoridades; y 6) Núcleo de oficiales de la alta jerarquía para influenciar e incitar el apoyo de otros sectores de las Fuerzas Armadas.

El Plan para matar a Lula, Alckmin y Moraes (llamado de Punhal Verde Amarelo), elaborado por el exGeneral Mario Fernandes (actualmente preso) que fue impreso dentro de la propia sede del gobierno (Palácio do Planalto) y llevado al expresidente para su aprobación es indesmentible. Copias ya han sido profusamente difundidas por la prensa. Este plan consideraba el reclutamiento de seis asesinos, para los cuales deberían ser entregados seis celulares nuevos comprados con identidades falsas. La PF descubrió posteriormente que seis militares poseían celulares recién comprados y que con ellos realizaban el seguimiento del Magistrado Moraes y su familia para definir el mejor momento para secuestrarlo y luego proceder a asesinarlo.

Los policías sospechan que este asesinato no fue consumado, pues se encontraba condicionado al decreto que firmaría Bolsonaro para declarar un Estado de Sitio y dar el sustento legal para que las Fuerzas Armadas fueran accionadas para ocupar las calles y las principales instituciones del país. La minuta de golpe había sido presentada un par de días antes por Bolsonaro a los tres Jefes de las Fuerzas Armadas, que como ahora sabemos, no se adhirieron unánimemente a la intentona golpista.

Frente a toda la evidencia existente, tanto Bolsonaro como sus secuaces insisten en afirmar que no sabían nada de este plan sedicioso y que las acusaciones en contra del expresidente no pasan de una persecución política desatada por sus enemigos. Esto me hace recordar una escena de la película “Los buenos compañeros”, en la cual un avezado asesino enseñaba a un joven aspirante a la organización criminal, las dos reglas de oro de la mafia: nunca, pero nunca reconocer un crimen y jamás delatar a los comparsas.

Bolsonaro y la mayoría de sus incondicionales seguidores han seguido rigurosamente esta regla, aunque algunos de ellos –como Mauro Cid- se han acogido al ofrecimiento de delación premiada para disminuir sus penas, todo lo cual se encuentra actualmente bajo secreto de sumario. Es decir, todavía faltan más detalles de este frustrado plan y de todos los elementos coadyuvantes de este proyecto ilegal e ilegitimo para mantenerse en el poder.

El trabajo efectuado por la Policía Federal es tan exhaustivo, escrupuloso y completo que una descalificación del conjunto de argumentos y pruebas que están incluidos en sus casi 900 páginas parece ser totalmente improbable. Ello lleva a pensar que difícilmente Bolsonaro no será sancionado por el peso de las informaciones que se encuentran incluidas en el mencionado dossier.

Pero, como decimos en el encabezado ¿Qué falta para que Bolsonaro sea condenado y preso? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Actualmente, el documento de la PF se encuentra en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), que deberá analizar las acusaciones y decidir si realiza la denuncia ante el Supremo Tribunal Federal, ya sea de algunos de los 37 sospechosos o de todos ellos, si solicita nuevas diligencias o si archiva el proceso por falta de pruebas. Hecha la denuncia por parte de la PGR, los magistrados del STF deben decidir si la aceptan y en caso positivo, los acusados pasarán a la condición de reos y comienzan a responder al proceso penal. Solo cuando sea promulgada una sentencia definitiva y no exista ninguna posibilidad de recursos en la Justicia, los procesados podrán ser considerados culpables.

La previsión de especialistas es que el conjunto de este proceso puede durar mucho tiempo, razón por la cual una condena definitiva se puede arrastrar por una década. A pesar de toda la información acumulada que incrimina a los golpistas, muchas etapas procesales pueden dificultar la sanción y prisión de los involucrados: pericias interminables, centenares de testigos, despachos, audiencias conciliadoras, diligencias varias, recursos, etc. Preocupante escenario. Si la población no se moviliza para acelerar los lentos ritos que utiliza el sistema judicial, es probable que Bolsonaro y el resto de los sediciosos sigan libres por un periodo insoportable, para continuar conspirando contra la democracia brasileña.