Tribunal Supremo de EE.UU. en campo minado por Trump

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchara 10 casos en las próximas dos semanas, entre ellos tres el 12 de mayo sobre citaciones de fiscales y el Congreso que tratan de escudriñar en los registros financieros del presidente Donald Trump, el único mandatario que en los últimos gobiernos se negó a dar a conocer sus pagos de impuestos, alegando que” trabajo mucho” para pagar menos y que sus finanzas están bajo auditoria, o tal vez para evadir pagos, algo que para el ciudadano común es un delito que le cuesta muchas veces ir a prisión y perder propiedades que le reclama el fisco como compensación.

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Los miembros del máximo órgano de justicia, cada uno desde su lugar de aislamiento, escuchará 10 casos por teléfono en las próximas dos semanas, incluyendo  los tres sobre el mandatario que buscan sus  registros financieros, lo que podría dar lugar a una decisión políticamente explosiva este verano, ya que la campaña presidencial entra en su apogeo y Trump quiere seguir su desgobierno durante un segundo periodo, a no ser que quiera también un no permitido tercero, algo que no es de extrañar  por sus ínfulas de emperador. 

Hasta ahora, casi terminando su periodo en la Oficina Oval,  Trump evadió los reclamos de demócratas del Congreso y de sectores populares que quieren saber si su negativa esconde algo que lo pueda llevar a vestirse de naranja (color del uniforme de los presos estadounidenses).

Anteriormente, otro presidente republicano, Richard “El Sucio” Nixon, se negó durante un tiempo a dar a conocer sus declaraciones de impuestos y cuando lo hizo, estando en su apogeo el escándalo de Watergate (espionaje a la sede nacional demócrata), debía más de 400 mil dólares al fisco.

Este intercambio telefónico de los miembros de la añeja corte, en la cual la Juez Ruth Bader Ginsburg tiene 87 años, y el Juez Stephen G. Breyer tiene 81, más otros cuatro con 65 o más años, coincide con críticas a Trump  de medios de prensa y políticos por tratar de despedir  y modificar las funciones de los inspectores generales de dependencias gubernamentales.

Estos funcionarios  son calificados como los “perros guardianes” encargados de proteger el dinero del público y vigilar si el poder ejecutivo socava la llamada democracia.

Hace pocos días, el gobernante anunció   e l reemplazo  del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el último de una serie de ataques directos a la supervisión estatutaria de su administración lo que algunos críticos consideran como un intento de ocultar la verdad al pueblo estadounidense.

Según un  comentario del diario The New York Times el último objetivo de Trump, Christi Grimm, es la principal subinspectora general del departamento, cuya oficina emitió un informe hace un mes en el que se revelaba el terrible estado de la respuesta de la nación ante la pandemia. 

Después de que se entrevistara a cientos de administradores de hospitales de todo Estados Unidos, el informe detallaba la enorme  escasez de equipos y las preocupaciones sobre las pruebas. "Además, los hospitales informaron de que las orientaciones cambiantes y a veces incoherentes de las autoridades federales, estatales y locales planteaban desafíos y confundían a los hospitales y al público" decía el informe, algo que disgustó al nuevo “Cesar romano”

En las últimas semanas, el presidente trabajó para limpiar su administración de funcionarios que él considera insuficientemente leales,  tal vez porque sus manejos en el gobierno son pocos claros.

Por ejemplo, el 3 de abril informó al Congreso de que despediría a Michael Atkinson, el inspector general de la comunidad de inteligencia que alertó a los legisladores sobre la existencia de una denuncia de irregularidades en Ucrania que finalmente condujo al juicio de destitución del presidente. 

El 7 de abril, destituyó al inspector general interino del Departamento de Defensa, Glenn Fine, a quien sus colegas  habían pedido que encabezara un nuevo panel encargado de supervisar cómo el gobierno gasta 2 billones de dólares en el alivio del coronavirus. 

Mientras tanto, medios del Congreso, entre ellos republicanos, manifiestan estar "preocupados" por la guerra del gobernante contra la rendición de cuentas por la conducta de la administración y el gasto de los dólares de los contribuyentes. 

En Estados Unidos, los inspectores generales informan tanto al presidente como al Congreso, para asegurar  “una supervisión eficiente, robusta e independiente” de la agencia y la Casa Blanca está obligada a notificar al Congreso sobre la destitución de unos de esos llamados perros guardianes.

Al respecto de estas maniobras, el senador Chris Murphy, de Connecticut, indico en recientes declaraciones que  “no podemos permitir que el presidente Trump utilice como arma los puestos de supervisión independientes de su administración para recompensar a sus amigos, castigar a sus enemigos políticos y encubrir las malas acciones"

Sobre estas acciones y otras de la Casa Blanca, un reciente comentario de la Junta Editorial del Times señala que el Fiscal General de la nación, William Barr, está pervirtiendo la justicia y convirtiéndola en un arma política para Trump.

Precisa la publicación que el  escándalo Watergate, con sus revelaciones de lo peligroso que puede ser un renegado de la Casa Blanca, llevó a reformas destinadas a asegurar un Departamento de Justicia independiente, fiel a la ley y no al Despacho Oval, algo que olvida Barr.

La nación, agrego,  vio de primera mano cuánto daño podía hacer un presidente que no respetara el imperio de la ley, particularmente cuando usa el Departamento de Justicia para favorecer sus políticas.

Retomando el caso de inspectores generales independientes, un cargo creado para “erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso en el poder ejecutivo”,  hay que añadir que Trump infringe la ley y no sucede nada, tal como sucedió cuando retuvo cientos de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, y gracias a la mayoría republicana en el Senado fue absuelto en el juicio político.

Recientemente, comentaristas políticos alertan que juntos, el presidente y su fiscal general,  se aprestan para utilizar el Departamento de Justicia contra el principal oponente político de Trump, el demócrata  Joseph  Biden, el presunto candidato demócrata a la presidencia.

En esa línea algunos expertos consideran que Barr confabulado  con su jefe ordeno una serie de investigaciones  para demostrar que bajo el presidente  Barack Obama y el vicepresidente Biden, “un Departamento de Justicia corrupto y el FBI fuera de control” conspiraron para evitar que Trump ganara la Casa Blanca abriendo una investigación falsa sobre sus vínculos con Rusia.

Por suerte,  Trump no puede destituir a los integrantes de la Corte Suprema y pese a que ese foro tiene una tendencia conservadora,  expertos predicen que el avispero puede despertar contra el gobernante en este otoño.

Las ideas y opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Al Mayadeen
Luis Beatón

Periodista cubano, ex corresponsal de PL en Estados Unidos

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