Triste saldo deja brutalidad policial contra manifestantes en Colombia

La Defensoría del Pueblo entregó información a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía. Organizaciones mundiales se pronuncian contra los sucesos.

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    Triste saldo deja la brutalidad policial contra manifestantes en Colombia

Los noticiarios de televisión más importantes de Colombia como Caracol, Canal 1, los periódicos El Tiempo y El Espectador hablan en estos momentos de los cierres de acceso a la ciudad de Bogotá que impiden el paso de camiones cargados con balones de oxígeno para las UCI de los hospitales que atienden casos de Covid-19 y con productos alimenticios, entre otros.

Cali también reporta incidentes en varias zonas de la ciudad y sus alrededores, y es donde la violencia alcanza más fuerzas. Imágenes muestran a las fuerzas policías y a los civiles enfrentados a tiros.

El resto del país no está menos tenso. Manifestaciones, que comenzaron el 28 de abril continúan y para mañana miércoles está convocado un paro nacional.

La Organización de Naciones Unidas, Confederación General del Trabajo (CGT), ONG, la portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, entre otras entidades y personalidades del mundo se han pronunciado por la situación que vive Colombia; los que si no han dicho ni media palabra son la OEA y su mandante, Estados Unidos.

Ayer martes la Defensoría del Pueblo informó que ha recibido 87 denuncias de personas desaparecidas en los seis días de protestas. Además, en Cali, reportes preliminares de las autoridades, se produjeron, el lunes, cinco personas fallecieron y otras 33 heridas, en Siloé y la Luna. 

Según el listado, 36 de las desapariciones se reportan en Cali (departamento de Valle del Cauca), mientras que, en la capital, Bogotá, se registran 18.

Un total de 17 denuncias se recogieron en el departamento de Quindío, mientras que ocho provienen de Barranquilla (Atlántico) y cuatro de Medellín (Antioquia). Esta información se puso a disposición de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía.

Con anterioridad, en la tarde del lunes, la Defensoría del Pueblo entregó a los medios la identidad de las 19 personas fallecidas y las circunstancias en que murieron.

Del 28 de abril al 2 de mayo se registraron 11 muertes en Cali, entre ellas un menor de edad que, según el informe de la Defensoría, habría muerto tras un enfrentamiento con la Policía.

También se reportaron fallecidos (uno en cada caso) en Bogotá, Neiva (Huila), Yumbo (Valle del Cauca), Pereira (Risaralda), Madrid (Cundinamarca), Medellín, Ibagué (Tolima), y Soacha (Cundinamarca, en este caso fue un oficial de la Policía Nacional).

Por su parte, el Comité Nacional de Paro adelantó en un reporte preliminar que las movilizaciones a lo largo de seis días han dejado saldo de 27 personas asesinadas, así como 800 heridos.

Aunque el paro nacional contra varias medidas impopulares del Gobierno del presidente Iván Duque preveía actos y marchas pacíficas, las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta.

Además de rechazar la Reforma Tributaria, la movilización enarboló como otras banderas de lucha el retiro de la reforma de salud, la reforma laboral y la reforma pensional, así como que el Gobierno proteja a los líderes sociales y firmantes de la Paz, quienes son sistemáticamente asesinados.

A partir de la represión, los manifestantes también reclaman que se haga justicia con las víctimas, se desmantele el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y que no se militaricen las ciudades, pues el Gobierno amenazó con dar a las tropas la misión de controlar la protesta social.

En varias partes del mundo organizaciones y personalidades denunciaron la desmedida violencia usada en Colombia por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) contra los manifestantes tras una semana de paro nacional anti reforma tributaria gubernamental.

La Confederación General del Trabajo (CGT) publicó en su perfil de Twitter una condena de la ONG Temblores, que advierte que el registro (de casos) no alcanza a cubrir la dimensión de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el país y que ninguna persona está a salvo de ser agredida por la fuerza pública.

En las redes sociales circulan videos con imágenes de represión en Bogotá, Cali, Medellín, Palmira y Manizales, principales ciudades donde se han concentrado las manifestaciones.

La ONG Lazos de Dignidad compartió en tuits cifras diarias de violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas, y pide fuerza y respeto a los que están en pie de lucha.

En su cuenta de Twitter, el partido Comunes señaló que no se puede dialogar sobre reformas con el presidente Iván Duque mientras le disparan a manifestantes, en tanto pidió al mandatario que no busque justificaciones para la masacre cometida en Siloé, Cali, donde hace pocas horas balearon a una comunidad que huía de la represión del Esmad.

En otro tuit Comunes aseveró tener información de que el uribismo (seguidores del expresidente Álvaro Uribe, partidario de la militarización del espacio público) se encuentra preparando un estado de conmoción como mecanismo para acabar la protesta social.

Dado el contexto, dicha formación partidista se cuestionó si se quieren hacer un auto golpe como forma de preservar el poder, en tanto también llamó la comunidad internacional a proteger el Estado de Derecho colombiano.

Desde su perfil de Twitter, el expresidente Juan Manuel Santos le expresó a Duque que está a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. 'El país necesita diálogo, entendimiento. Duele esta situación. No más violencia, no más sangre. Nunca olvidar que la paz es el camino', significó.

También el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, condenó la represión contra miles de manifestantes contrarios a la reforma tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Iván Duque.

La Unión Europea (UE) condenó los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión, declaró Stano.

El vocero pidió el fin de la escalada agresiva y transmitió la confianza de la UE en las instituciones colombianas para 'investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos' en la nación latinoamericana.

La víspera el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Voule, afirmó sentirse alarmado por el 'uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes' y, en consecuencia, llamó a la Policía de ese país a detener dicha práctica.

Desde 2019 comenzaron las protestas en Colombia, pero el pasado miércoles miles de ciudadanos se volcaron a las calles como parte de un Paro Nacional en rechazo a la propuesta gubernamental, retirada el domingo por Duque.

La acción ejecutiva proponía el aumento o imposición del Impuesto al Valor Agregado a servicios y productos, así como la ampliación de la base impositiva sobre los salarios.

No obstante las protestas continúan en el país sudamericano para exigir la cancelación de otras medidas como las reformas de salud y de pensiones, consideradas por los manifestantes como una 'paquetazo neoliberal' en medio de un contexto de crisis, según medios colombianos de prensa.

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Colombia vive un panorama de deterioro social y económico consecuencia de gobiernos al servicio de élites, escenario agravado por la Covid-19 que demanda cambios estructurales, advirtió hoy aquí el activista Rodolfo Yépez.

En declaraciones a Prensa Latina, el integrante en Francia de la organización Ciudadanías por la Paz de Colombia precisó que la grave situación imperante en su país de origen explica las movilizaciones y las protestas en Cali y otras ciudades de la nación sudamericana.

Los pobres ya no aguantan más la presión económica, y encima los poderosos quieren que sean ellos los que asuman el impacto de las crisis empeoradas por la pandemia, dijo en alusión a las manifestaciones de los últimos días contra la reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque.

De acuerdo con Yépez, resulta fundamental comprender que esta iniciativa, retirada ante la presión popular, es solo la gota que colmó la copa del malestar social.

Recordemos que los colombianos están en las calles desde finales de 2019 para enfrentar una situación insostenible, pese a la represión del Estado, que en el actual contexto acumula cerca de 20 muertes, según diversas fuentes, subrayó el también miembro de la Unión Patriótica.

En ese sentido, insistió en que su país ha sufrido en las últimas décadas violencia y problemas de tenencia de tierra y del uso de suelo en ciudades, a partir de gobiernos que han propiciado la acumulación de riquezas en pocas manos, al punto de convertirlo en uno de los más desiguales en América Latina.

Quiere decir que antes de la pandemia ya el pueblo vivía una gran presión social y económica, con una concentración del 80 por ciento de la población en zonas urbanas, ocho millones de personas que optaron por migrar en busca de oportunidades y un desempleo nacional agudizado por la Covid-19 hasta llegar a un 16 por ciento, señaló.

Colombia necesita cambios estructurales, con ajustes tributarios, que a diferencia de los presentados por el gobierno no ataquen a la canasta familiar, y con reformas agraria y urbana, afirmó Yépez.

Podemos resumirlo en un modelo de paz con justicia social, sin persecución política, falsos positivos y violencia en el campo, sin que te maten por hablar, y esa es la propuesta ahora mismo del Pacto Histórico, una plataforma de convergencia para los defensores del cambio, expuso a Prensa Latina.

A su juicio, el gobierno y las élites siguen sin saber leer la realidad del país, al creer que con más represión pueden callar a la gente.

Por eso muchos colombianos desde el exterior trabajamos para divulgar lo que ocurre y denunciar la violencia del Estado, comentó el integrante de Ciudadanías por la Paz de Colombia, de la cual forman parte estudiantes, artistas y otros residentes en Francia y Europa en general.

Entidades obreras y estudiantiles emprenderán hoy nuevas movilizaciones en Colombia, en el séptimo día de Paro Nacional contra un Proyecto de reforma para ampliar la política impositiva.

Los organizadores confirmaron que continuarán por tiempo indefinido las protestas, mantenidas la víspera hasta altas horas de la noche en las principales ciudades, pese a que el gobierno anuló la propuesta.

'No hemos ganado la lucha, hasta que no se retire todo el paquetazo del presidente Iván Duque, que incluye la Reforma Laboral, la Reforma de Salud y la Reforma Pensional', aseguraron.

Los huelguistas advirtieron que seguirán ahora hasta que renuncie Duque y el gobierno desmilitarice las ciudades y haga justicia por los muertos (unos 20), heridos y detenidos durante estas movilizaciones.

Los hechos alrededor del paro incluyeron la designación de José Manuel Restrepo como nuevo ministro de Hacienda, en lugar del dimitente Alberto Carrasquilla.

El titular saliente renunció ante el rechazo popular a la propuesta y a su retirada por el gobierno antes de su revisión por el Congreso.

Los actos de oposición a la iniciativa con pretensión legal por parte de organizaciones sindicales y estudiantiles y pueblos originarios comenzaron el miércoles y tendrán un capítulo especial este 5 de mayo.

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    Marta Hurtadoa, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Organización de Naciones Unidas manifestó su alarma profunda por los acontecimientos ocurridos en la suroccidental ciudad de Cali, Colombia, donde el número preliminar de muertes desde el pasado miércoles llegó a 11.

La policía abrió fuego anoche contra los participantes de las protestas, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida, repudió la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.

Mediante un comunicado desde Ginebra, Suiza, la funcionaria calificó de excesivo el uso de la fuerza por parte de los uniformados, mientras llamó a la calma antes de una nueva jornada de concentraciones, prevista para mañana miércoles.

Recordó al gobierno encabezado por Iván Duque su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, agregó.

Los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones, destacó.

Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves, valoró.

Nuestra oficina en el país trabaja para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali, afirmó la vocera, quien refirió que los defensores de derechos humanos también informaron sobre acosos y amenazas a sus personas.

La fuerza pública atacó a un miembro de la entidad, junto a uno de la Procuraduría -encargada de indagar irregularidades de funcionarios- y a tres defensores de derechos humanos, cuando asistían a detenidos, alertó el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo.

La policía nacional amenazó a los cinco y disparó en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiró granadas aturdidoras, los maltrató verbalmente y les exigió retirarse del lugar, precisó el Ombudsman.