Venezuela rechazó las declaraciones del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, realizadas en el marco de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, celebrada en La Haya, Países Bajos.

Tras el anuncio de Niang sobre el cierre de la oficina de la CPI en Caracas por falta de “progreso real en complementariedad”, el Gobierno bolivariano recordó que fue el primer país del continente en ratificar dicho Estatuto y que desde entonces mantuvo un firme compromiso con el sistema de la Corte.

Asimismo, subrayó que se vinculó de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la  agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos.

No obstante, Venezuela se comprometió en mecanismos de complementariedad positiva, dirigidos a fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia en el país, reafirmando que es insustituible la jurisdicción primaria venezolana.

En ese marco, se suscribieron dos memorandos de entendimiento y una hoja de ruta para concertar mecanismos que contribuyan efectivamente a los esfuerzos nacionales en materia de justicia y derechos humanos.

La declaración precisó que en dichos documentos la Fiscalía asumió la responsabilidad de apoyar a las instituciones nacionales y poner en marcha una oficina en territorio venezolano para facilitar asistencia técnica.

El Gobierno denunció que la Fiscalía de la CPI “no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación”. A más de siete meses de la inauguración de su oficina en Caracas, nunca designó personal para ocupar los espacios ni formuló aportes o recomendaciones a las iniciativas venezolanas.

Según el texto, “su agenda fue muy clara: desatenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos”.

En este contexto, calificó como “vergonzoso” que, en momentos en que la humanidad es testigo mudo del peor genocidio contra el pueblo palestino, este organismo solo diera “pasos tímidos y temerosos” para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes contra la humanidad.

De igual manera, recordó que transcurrieron más de cinco años sin que la Fiscalía de la CPI se haya pronunciado sobre el caso “Venezuela II”, que expuso los crímenes cometidos por los articuladores del bloqueo económico contra el pueblo venezolano.

Caracas reafirmó que seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para “hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación, frente a toda fórmula de colonialismo jurídico que pretenda utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos”.

“La verdad de nuestro país se impondrá… Somos hijos e hijas de libertadores, y nos debemos a su doctrina verdadera de justicia. Venezuela siempre vencerá”, concluyó el comunicado.