La manipulación de pruebas a fin de conseguir un apoyo favorable de la opinión pública del país en primera instancia, y la del mundo como soporte global de los desmanes desestabilizadores, han sido una constante de la política exterior de Estados Unidos desde que inició su involucramiento en los asuntos mundiales en el desarrollo de su política imperialista a finales del siglo XIX. Valgan algunos ejemplos que en diferentes momentos del siglo XX y en lo que va del presente, muestran la continuidad de los falsos argumentos construidos para tal efecto. 

La explosión del acorazado Maine en 1898 en Cuba

En el año 1898, Cuba se encontraba en el proceso de lucha por su independencia política de España. Económicamente, Estados Unidos controlaba las principales propiedades de la isla y era el primer comprador del azúcar cubano. En esas condiciones, aprovechó la debilidad del gobierno colonial para irse introduciendo en los asuntos internos de la isla antillana “apoyando” a los partidarios de la independencia con la intención oculta de provocar una guerra contra España y arrebatarle sus posesiones coloniales dejando a Cuba dentro de su zona de influencia.

A comienzos de 1898 el presidente McKinley envió al acorazado Maine al puerto de La Habana para “proteger” los intereses de los estadounidenses que en la isla pudiesen verse afectados por la lucha que sostenían los independentistas cubanos. Este hecho fue avalado en Estados Unidos utilizando la propaganda y manipulación mediática realizada por William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer dueños de dos de los principales medios de comunicación y defensores connotados de las tesis imperialistas.

El 15 de febrero de 1898, en circunstancias “extrañas” el Maine estalló frente al puerto de La Habana perdiendo la vida 260 oficiales y soldados, de los 355 que había a bordo lo que provocó el reclamo inmediato de Estados Unidos a España, responsabilizándola por lo ocurrido (las investigaciones posteriores arrojaron que los españoles no tuvieron nada que ver,  se cree que fue una explosión interna debido a la cantidad de explosivos que había dentro del barco).

Hearst y Pulitzer se encargaron de manipular este acontecimiento con el objetivo de que el gobierno estadounidense tuviera el aval de la ciudadanía para emprender una guerra contra España, lo que lograron cuando el gobierno de Washington envió un ultimátum -casi declaración de guerra- a Madrid, obligando a ésta a iniciar hostilidades. Este conflicto, conocido como guerra hispano–cubano-norteamericana, le dio la posibilidad a Estados Unidos de intervenir ante el inminente triunfo de los patriotas cubanos para producir una independencia mediatizada que se legalizó posteriormente a través de la Enmienda Platt, lo cual permitió una descarada injerencia de Estados Unidos en Cuba por sesenta años. 

Filipinas 1898

Filipinas fue otro de sus  botines de guerra. El gobierno de Washington estaba influido por las tesis de Alfred Mahan quien afirmaba que Estados Unidos como la gran nación que era, debía expandirse fuera de sus fronteras e incorporarse a la carrera que mantenían las grandes potencias europeas “de ocupar todos los lugares baldíos de la tierra”.

El gobierno estadounidense antes de los acontecimientos ocurridos con el acorazado Maine y sabiendo que al igual que Cuba, en Filipinas existían grupos que promovían la independencia, decidieron reclutar a uno de sus líderes, Emilio Aguinaldo y convertirlo inicialmente en uno de sus aliados. La flota estadounidense destrozó a la armada española, pero todavía no tenían el control territorial, por lo que trasladaron de Hong Kong a Filipinas a Emilio Aguinaldo (el cual estaba exiliado), para que organizara un ejército filipino que en conjunto con soldados estadounidenses tomaran Manila y expulsaran definitivamente a los españoles. Con la firma del Tratado de Paris de diciembre de 1898, España cedió la soberanía de Filipinas a Estados Unidos.

Pearl Harbor 1941

El 7 de diciembre de 1941 Japón atacó y destruyó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, hundiendo 18 barcos entre ellos cinco acorazados, con el saldo de tres mil 435 militares y civiles muertos, convirtiendo este hecho en la justificación de Estados Unidos para entrar formalmente en la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, es poco mencionado que antes de este acontecimiento ya las relaciones bilaterales eran muy tensas, no por las acciones imperialistas que había realizado Japón en China sino por las medidas que Estados Unidos había adoptado unilateralmente contra el imperio japonés. 

Se sabe que los servicios de inteligencia de la armada estadounidense conocían de la posibilidad de un ataque a la base naval desde varios días antes de que el mismo se produjera, los radares en Hawái detectaron los aviones japoneses, pero el alto mando dejó que ocurriera el ataque y no hizo nada para evitarlo. La consecuencia de este hecho fue la unificación de la opinión pública estadounidense a favor de la participación en la guerra, por lo que el Congreso aprobó la Declaración de Guerra contra Japón, y provocó que Alemania e Italia –a su vez- hicieran lo mismo permitiendo de esa manera el crecimiento y fortalecimiento de la maquinaria industrial estadounidense, convirtiendo a ese país en la principal potencia militar del mundo. 

El golfo de Tonkín. Vietnam. 1964

El golfo de Tonkín está ubicado frente a la costa de lo que anteriormente se conocía como Vietnam del Norte.  El respaldo popular en Vietnam del Sur a las ideas y postulados de Ho Chi Minh aumentaba de manera considerable, tanto que pusieron en riesgo la estabilidad del gobierno pro estadounidense rechazado por la mayoría. Ante esta situación Estados Unidos decidió intervenir directamente en el conflicto. A comienzos de agosto de 1964 una serie de acontecimientos en el golfo de Tonkín “justificaron” esta intervención militar al acusar a Vietnam del Norte de lanzar un ataque con torpedos al destructor estadounidense Maddox cuando –según la información oficial– realizaba una misión rutinaria en aguas internacionales, el 2 de agosto. 

Dos días después se acusó nuevamente al gobierno norvietnamita de querer torpedear al destructor Turner Joy. La mentira del presidente estadounidense Lyndon Johnson y el secretario de Estado Robert McNamara ante la opinión pública, sirvió como argumento principal para la escalada del conflicto y el incremento de la presencia directa de las tropas estadounidenses en la región. Con la aprobación del Congreso, se otorgó al presidente Johnson “el poder para tomar las medidas militares que creyera necesarias en el sudeste asiático”.

Granada, 1983

El 13 de marzo de 1979, el líder revolucionario Maurice Bishop y su movimiento de la Nueva Joya, tomaron el poder en Granada, instaurando un nuevo gobierno que no contó con el respaldo de Estados Unidos. Washington comenzó a presionar congelando todos los créditos internacionales de manera de ir creando un clima político propicio que debilitara al movimiento popular.

En octubre de 1983, una conjura militar encabezada por el vice primer ministro Bernard Coard logró derrocar a Bishop, disponiendo su arresto domiciliario y posterior asesinato, lo que provocó una revuelta social en la isla que derivó en la intervención estadounidense al territorio de Granada. El presidente Ronald Reagan informó a la ciudadanía que a causa del golpe de estado en Granada corría peligro la vida de un grupo de estudiantes estadounidenses que cursaban sus estudios de medicina en la isla, por lo que se hacía necesaria la presencia de sus tropas. Fueron enviados siete mil soldados para combatir a las fuerzas leales a Bishop que en términos numéricos no superaba los dos mil combatientes incluyendo colaboradores cubanos que se encontraban en la isla. 

El historiador estadounidense Howard Zinn afirmó que un exoficial de la CIA le había confesado que

“la verdadera razón de la invasión era una oportunidad que se brindaba a Estados Unidos (que quería sobreponerse al sentimiento de derrota cosechado en Vietnam) para mostrar que si era una nación poderosa”.

Irak, 2003

Después de las acciones terroristas realizadas del 11 de septiembre de 2001 en que Estados Unidos fue golpeado por primera vez en su territorio, el presidente George W. Bush, inmediatamente declaró “la guerra contra el terrorismo”, afirmando que “no debemos hacer distinciones entre los terroristas y los países que albergan a los terroristas”, y con el aval del Congreso, su gobierno tuvo carta blanca para ejecutar acciones militares en cualquier parte del mundo.

A Bush se le presentó el momento histórico y la oportunidad “perfecta” para darle continuidad y concretar el antiguo anhelo imperial de destruir al gobierno de Irak con el argumento falso de que poseía armas de destrucción masiva, nucleares, biológicas y químicas, y que era una de las naciones que albergaba y “protegía” a grupos terroristas, entre ellos Al Qaeda, “responsable” del ataque contra las torres gemelas. 

Fue así como sin declaración de guerra formal Estados Unidos inició el 20 de marzo de 2003 el conflicto bélico contra Irak, toda vez que el Congreso le confirió tal potestad al gobierno sin el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Investigaciones posteriores demostraron con claridad que tales armas de destrucción masiva no existieron y que todo fue un argumento esbozado por las agencias de inteligencia para justificar la agresión y ocupación del país árabe.

Libia, 2011

Libia siempre fue considerada como un “país sospechoso de apoyar al terrorismo” y su líder Muammar Al Gadafi, enemigo estadounidense a tal punto que el presidente Obama expresó públicamente su intención de “salir” del gobernante libio.

En febrero de 2011, se iniciaron en la ciudad de Bengasi una serie de manifestaciones exigiendo mayor libertad de expresión. Al parecer, inspirados en lo que ocurrió meses antes en Egipto y Túnez -acontecimientos bautizados como primavera árabe– poco a poco estas manifestaciones degeneraron en actos de violencia, responsabilizando por ello a Gadafi a través de una fuerte y manipuladora campaña mediática realizada por medios de comunicación occidentales y la cadena de televisión catarí Al Jazeera. Esto fue el inicio del proceso de desestabilización en Libia, que llevó a la intervención de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y al derrocamiento del gobierno de Gadafi.

Sin presentar pruebas, Estados Unidos acusó al “régimen libio” de asesinar a miles de ciudadanos que exigían mayor democracia y alentó a que los rebeldes se constituyeran en gobierno paralelo.

Venezuela. 2025

En marzo de 2015, Venezuela fue declarada por el presidente Barack Obama (demócrata) “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos”. Esta decisión se ha mantenido inamovible durante la administración de sus sucesores, Donald Trump (republicano) y Joe Biden (demócrata).

El regreso de Trump a la Casa Blanca no ha estado exento de contradicciones entre las variadas tendencias que pululan al interior de la administración. Estas diferencias no han estado ajenas a la política de Estados Unidos respecto de Venezuela. Los “revolcones” entre neoconservadores, outsiders, amigos personales del presidente y MAGAs (seguidores irrestrictos de la consigna de Trump “make America great again”) están presentes en cada decisión de política exterior del rubicundo presidente permitiendo la omnipresencia de los necoconservadores representados por Marco Rubio en la política hacia América Latina.

El secretario de Estado llamado por Trump “pequeño Marco” desarrolla su accionar a partir de su visceral odio a Cuba, Nicaragua y Venezuela. No es posible analizar en términos políticos la irracionalidad de Rubio toda vez que su resentimiento, rencor y animadversión hacia estos tres países, supera cualquier consideración. Excluidos de las decisiones respecto de los temas más relevantes de la política exterior, los neoconservadores han desatado toda su furia contra La Habana, Managua y Caracas.

Como ha sido habitual en la política exterior de Estados Unidos, en esta ocasión la administración Trump ha esgrimido falsos documentos para argumentar acerca de una supuesta relación entre el gobierno venezolano y el extinto grupo criminal “Tren de Aragua”. Para ello han acudido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual establece que un combatiente foráneo puede ser deportado sin proceso judicial cuando Estados Unidos  esté en guerra con otro Estado. 

Trump debía demostrar que el “Tren de Aragua” era una organización direccionada por el Estado venezolano. Sin embargo, el juez federal Fernando Rodríguez, quien por cierto llegó al cargo designado por el propio Trump, dictó sentencia en contra, argumentando que la aplicación de esta ley era ilegal ya que la misma solo aplica cuando la nación se enfrenta a un ataque organizado, lo cual no es el caso. Lo cierto es que el odio de la administración Trump hacia Venezuela se ha manifestado como argumento  para deportar sin debido proceso a sus ciudadanos a El Salvador.

Se ha sabido que se han producido debates internos dentro del gabinete de Trump sobre la base de informaciones manejadas por las agencias de inteligencia que han verificado que no existe relación alguna entre el “Tren de Aragua” y el gobierno venezolano. No obstante, el FBI -en total soledad-  ha “demostrado” lo contrario. Esto fue confirmado por la Directora de Inteligencia Tulsi Gabbard en una entrevista reciente, donde afirmó que el tema fue discutido internamente. Gabbard defendió la medida basada en el informe del FBI. En esa misma entrevista, la funcionaria admitió que se estaba filtrando información de esas reuniones a la prensa, incluyendo este tema de Venezuela.

El informe de las agencias de inteligencia conocido extraoficialmente por la prensa, señala textualmente que:

"Mientras el clima de permisibilidad permite que el Tren de Aragua opere, el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperar con el Tren de Aragua y no dirige los movimientos y operaciones del mismo en Estados Unidos".

El tema del “Tren de Aragua” ya le había dado resultados positivos a Trump durante su campaña electoral después que un video que mostraba “criminales en armas” azotando a los habitantes de un edificio en Colorado, se hizo viral. A esto habría que agregar también el caso de una estudiante de enfermería que fue asesinada brutalmente por un "ilegal" venezolano y que también fue noticia de primera página en todos los medios estadounidenses. Este hecho fue utilizado por Trump para presentar a Estados Unidos como víctima de asesinos y violadores migrantes.

A partir de entonces, Trump creyó útil utilizar el “Tren de Aragua” como una muletilla contra Biden, a quien acusó de mantener una política de puertas abiertas a la inmigración prometiendo realizar deportaciones masivas cuando fuera elegido presidente, lo cual se convirtió en su primera y más importante oferta electoral. Fue tanto así, que Biden debió ponerle freno al paso en la frontera a último minuto para tratar de detener el drenaje de votos que sufría su partido.

Y así como le sirvió entones, ahora Trump procura que le sirva de nuevo ante lo que ha sido un fracaso en su promesa de deportaciones masivas, verdadero trasfondo del problema. Veamos. De acuerdo a cifras oficiales de la propia administración Trump, existen alrededor de 30 millones de "ilegales" en Estados Unidos. El presidente se ha propuesto deportar al menos un millón este año, pero en lo que va de su mandato, solo ha expulsado a cerca de 53 mil 250 personas (hasta mediados de mayo). Estos datos podrían incluso estar inflados, dado que el gobierno de Trump dejó de publicar las cifras mensuales.

Trump ha dicho que su prioridad es deportar a criminales, pero de acuerdo a datos oficiales obtenidos por NBC, la mitad de los deportados no tienen registros que avalen esa condición y más de la mitad de los actualmente detenidos, no tienen cargos. Aun así, solo el año pasado el gobierno reportó que tenía identificado a medio millón de migrantes "ilegales" con condenas penales. A este ritmo, la meta de un millón es risible. Trump apenas podría llegar a deportar alrededor de unos 100 mil por año, aunque algunos se atreven a pronosticar que pudieran ser 500 mil, lo cual sigue siendo un fracaso. 

Lo cierto es que las cifras actuales de Trump están muy por debajo de las deportaciones que ocurrieron en los gobiernos demócratas anteriores. Según el Washington Post, Obama deportó unas 400 mil personas al año, más de lo que Trump podría deportar ahora. Las cifras de Biden son incluso superiores, llegando a deportar casi 700 mil en 2024.

Siguiendo la tradición de su política intervencionista, Trump debe recurrir a la mentira para justificar sus actuaciones. Una opinión pública como la estadounidense, idiotizada por los medios de comunicación que exaltan la idea de “nación elegida”, es fácilmente manejable y manipulable por el poder.

El disfraz de su política que sirve para ocultar la deshumanización de la misma, es parte del ADN de su privilegiada clase política y de ese uno por ciento que es quien verdaderamente ostenta el poder. Pero para sostenerlo, siempre necesita justificaciones.