Conforme se hace más evidente la inviabilidad política, económica y moral de las estrategias trumpistas, su autor principal y su equipo de gobierno intensifican la agresividad hacia el mundo exterior en general. Tras anunciar la imposición de aranceles de 50 por ciento a Brasil, un gravamen especial al cobre chileno, medidas similares a países que hasta ahora han sido aliados tan estrechos de Washington como Japón y Corea del Sur, Donald Trump amagó con tarifas impositivas de 30 por ciento a las importaciones provenientes de México.

Si bien los amagos trumpianos han ido perdiendo su filo a medida que se demuestra que son precisamente eso, amagos para buscar negociaciones que resulten ventajosas para Washington –y perjudiciales para sus socios comerciales–, los ya característicos anuncios hostiles, retrocesos y zigzagueos del millonario republicano constituyen un factor de desorden e incertidumbre para el conjunto de la economía mundial y para las relaciones internacionales.

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Y para el que este juego con las expectativas resulta más nocivo es para el propio gobierno de Estados Unidos, el cual es ya considerado por amigos y adversarios como un actor inestable, imprevisible y, en resumidas cuentas, poco serio. Ello, sin contar con que para la industria, el comercio, las finanzas y la sociedad de la superpotencia, los aspavientos de Trump están resultando ya desastrosos.

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En forma simultánea, la campaña de difamaciones e insultos contra México que se ha ido generalizando en los mundillos gubernamental, mediático, legislativo y judicial del país vecino, sumó un nuevo episodio con la insinuación del abogado defensor del narcotraficante Ovidio El Ratón Guzmán, Jeffrey Lichtman, quien el viernes pasado acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de actuar como el brazo de relaciones públicas del cártel de Sinaloa, en lo que constituyó, más que un alegato a favor de su defendido, un cierre de filas con las contradictorias políticas de la administración trumpista, la cual por un lado declara organizaciones terroristas a grupos delictivos mexicanos y por el otro, negocia impunidades para uno de los más connotados cabecillas de una de esas organizaciones y hasta le concede la residencia en territorio estadunidense a su extensa familia de 17 miembros.

En la medida en que la insolencia de Lichtman se produjo como respuesta a la mandataria mexicana, quien se refirió precisamente a esa contradicción, puede darse por hecho que el abogado actúa en consonancia con la Casa Blanca, con el Departamento de Justicia y con graves declaraciones calumniosas divulgadas recientemente por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la fiscal general Pamela Bondi y demás funcionarios, legisladores republicanos y medios masivos que en otros asuntos suelen mostrar profundos desacuerdos con el trumpismo.

Acaso sin darse cuenta, Lichtman ha dejado en evidencia que si un gobierno establece y mantiene tratos con el narcotráfico es precisamente el de Washington, el cual consiente ahora a Ovidio Guzmán con pactos de benevolencia, posiblemente a cambio de testimonios arreglados que le permitan a la Casa Blanca extorsionar y chantajear a países como el nuestro, el cual capturó y extraditó a Estados Unidos al propio Ratón y demostró así que cumple rigurosamente su parte en la colaboración binacional contra la delincuencia, mientras la administración trumpiana da muestras de estar haciendo todo lo contrario.