En el marco de una guerra híbrida multiforme y asimétrica diseñada desde Washington y el Comando Sur del Pentágono −y articulada por figuras de la ultraderecha local (como María Corina Machado y Leopoldo López), redes criminales, grupos paramilitares y mercenarios extranjeros, y replicadas por operadores regionales como el ahora sentenciado expresidente colombiano Álvaro Uribe−, las elecciones municipales del pasado 27 de julio en Venezuela transcurrieron en paz y normalidad.

En contraste con los actos vandálicos desestabilizadores tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, ello se debió, en parte, a las aparentes contradicciones en la administración Trump, que, en la coyuntura, dadas las realidades energéticas, económicas y geopolíticas mundiales, obligaron, por ahora, al magnate neoyorquino a flexibilizar las bipartidistas medidas coercitivas extraterritoriales ilegales sobre Venezuela, priorizando el enfoque de negociación pragmática de su enviado especial para el país sudamericano, Richard Grenell, por sobre las políticas de “máxima presión” ideologizadas, impulsadas por su secretario de Estado, Marco Rubio. 

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Así, dos días antes de los comicios, en menos de 48 horas el gobierno de Donald Trump dio dos pasos aparentemente contradictorios en su política hacia Venezuela. Por un lado, el Departamento del Tesoro autorizó a la estadunidense Chevron (ex Standard Oil del Grupo Rockefeller) retomar sus operaciones de extracción, comercialización y exportación de crudo venezolano y restablecer su colaboración estratégica con la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Y al día siguiente, mediante la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Marco Rubio lanzó una ofensiva mediática acusando al presidente Nicolás Maduro de liderar el llamado cártel de Los Soles, una fabricación propagandística de los servicios de inteligencia de EU, calificado ahora como “organización terrorista”, y vinculado, presuntamente, con el Tren de Aragua (banda delictiva destruida en Venezuela, pero que Washington usa de excusa para perseguir y criminalizar a los migrantes venezolanos, y como coartada para imponer sanciones económicas y financieras como herramienta de guerra por medios no militares) y una facción del cártel de Sinaloa; un fantasmal triunvirato de poder mafioso utilizado de distracción, pero que ha sido retomado desde su autoproclamada “clandestinidad” por María Corina Machado, quien redefinió al vuelo la “naturaleza del régimen” venezolano, caracterizándolo como “sistema que ya no califica como dictadura convencional, sino como estructura criminal trasnacional” (sic). 

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Ambos hechos, la víspera de los comicios municipales −en los que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) otrora liderada por Machado no participó tras su llamado al abstencionismo y el boicot electoral y está en fase de extinción− entrañaban una supuesta contradicción: ¿cómo renovar la licencia que permite a Chevron operar en joint ventures con PDVSA (con obvios beneficios para la economía y las finanzas públicas de Venezuela), lo que implica a la vez un reconocimiento de facto a Maduro como interlocutor válido para acuerdos energéticos, pero a quien, simultáneamente, se acusa de liderar una organización criminal trasnacional? 

La respuesta a esa contradicción tiene que ver con las necesidades de Trump de mantener la unidad y los equilibrios entre las distintas facciones de su administración: el ala pragmática, ligada a las megacorporaciones del ramo energético, que busca estabilidad y grandes beneficios económicos con eje en el petróleo de Venezuela (además de que las refinerías estadunidenses de la costa del Golfo de México están adaptadas para procesar el hidrocarburo pesado venezolano, con elevados niveles de azufre), y el ala ideológica de los neoconservadores republicanos, encabezada por Rubio y congresistas de Florida, en contubernio con el lobby cubano de Miami que explota la industria de la contrarrevolución y financia sus campañas. Aunque en rigor, ambas alas responden al imperativo geopolítico mayor de la Doctrina Monroe reforzada: impedir que Venezuela negocie con China, considerada el enemigo principal por Washington. A la sazón, en plena discusión arancelaria con EU, China ha elevado sus compras de crudo venezolano, llenando el vacío que había dejado la suspensión de las licencias especiales otorgadas a Chevron para operar en Venezuela pese a las sanciones. De allí que el guiño de Trump a Chevron, ahora, responde a los verdaderos intereses en juego: el control del petróleo y los contratos multimillonarios en disputa, y la hegemonía regional, amenazada por su principal rival, en un contexto de tensiones mundiales y riesgos de recesión. 

En la coyuntura, la política de máxima presión de Rubio, fracasó. Y el enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, quien trabaja en la sombra y sin estridencias, cosechó triunfos de sus conversaciones con el Palacio de Miraflores. Grenell, quien responde directamente a Trump, negoció la liberación de 252 migrantes venezolanos enviados ilegalmente por Trump al campo de concentración Cecot, en El Salvador (donde fueron vejados y torturados), y el regreso de niños que habían sido separados de sus padres y permanecían bajo custodia gubernamental en Estados Unidos. Y si bien Caracas pagó un alto precio al tener que liberar a 10 mercenarios estadunidenses y varios venezolanos ligados a la trama golpista, al decir de Sergio Rodríguez Gelfenstein, el intercambio tuvo un enorme impacto mediático, emocional y simbólico, como expresión de la voluntad de Maduro de encarar esa situación originada por la designación de Venezuela como una “amenaza” a la seguridad nacional de EU. 

Así, las elecciones municipales del 27 de julio tiñeron aún más de rojo la geografía del país, ampliando la hegemonía chavista en el seno de las clases subalternas de Venezuela. Merced a una concientización continua, el Gran Polo Patriótico obtuvo 285 alcaldías de las 335 en disputa (85 por ciento) y ganó en 23 capitales de los 24 estados del país, más el Distrito Capital. Frente a las promesas vacías de los emisarios de la plutocracia internacional, y con la consigna del presidente Hugo Chávez “¡comuna o nada!” como horizonte estratégico, el proceso de participación popular venezolano alienta la percepción sobre la posibilidad de empoderar a los municipios como piezas fundamentales en la construcción de un nuevo tipo de Estado desde abajo, así como la concepción de la democracia como mecanismo que va más allá de las urnas: está en la construcción cotidiana de la colectivización del poder.

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