En medio de un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, Estados Unidos anunció la Operación Lanza del Sur para -dicen- la lucha antidrogas, lo que no pocos ven hoy como una creciente amenaza contra Venezuela.
 
La Operación está en el área de influencia del Comando Sur, alistado para las misiones militares en Centroamérica, Sudamérica y aguas circundantes. No obstante, ni el Pentágono ni la Casa Blanca han precisado los objetivos exactos, la duración o los límites de la «lanza».

El presidente Donald Trump recibió evaluaciones sobre posibles acciones dentro de Venezuela. La CBS reportó que altos mandos militares le presentaron «opciones actualizadas» para un eventual ataque a ese país de América Latina, aunque no se llegó a conclusión alguna.

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Sin embargo, hace poco el mandatario afirmó en una entrevista concedida a CBS que no estaba considerando ataques dentro de la nación sudamericana, pese a que antes dio luz verde a las acciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en ese país.

Para observadores políticos el presidente republicano sigue sopesando el costo-beneficio de una aventura militar de riesgos y consecuencias incalculables.

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Desde el 2 de septiembre, bajo la sombrilla del combate al tráfico de drogas, el Gobierno de Estados Unidos desarrolla una campaña de ataques contra embarcaciones que, sin pruebas, alega son dedicadas al trasiego ilegal de narcóticos hacia el norteño país, el mayor mercado mundial de estupefacientes.

El secretario de Guerra Pete Hegseth informó en la red social X del vigésimo ataque de Estados Unidos contra una presunta narcolancha en el Caribe. Como resultado murieron cuatro personas.

“El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, escribió en la plataforma de Internet.

Esta semana llegó al Caribe el portaaviones USS Gerald R Ford que, según la Marina de Estados Unidos, es “la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo”.

Los ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico han causado hasta ahora la muerte de al menos 80 personas. La campaña se extendió del Caribe al Pacífico oriental.

Demócratas en el Congreso y líderes internacionales cuestionan la legalidad de estos ataques, los cuales han ocurrido sin la presentación de pruebas, ni argumentos convincentes.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que estos hechos violan el derecho internacional y pidió detenerlos.

“Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables”, enfatizó el comisionado de derechos humanos Volker Türk, en un reciente comunicado difundido por su oficina.

“Estados Unidos -subrayó- debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar la ejecución extrajudicial de personas a bordo de estas embarcaciones”.

El Gobierno de Trump emitió hace poco una opinión legal clasificada que trata de justificar estos hechos, pero Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) alertó que «toda la evidencia disponible sugiere que los ataques letales del presidente Trump en el Caribe constituyen, simple y llanamente, asesinato».

En ese sentido, insistió que «el público merece saber cómo nuestro gobierno justifica estos ataques como legales».

Venezuela advirtió de las pretensiones de Washington. El ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino, expresó que «la paz en el Caribe está siendo amenazada» sobre la base de una mentira que ha sido «construida en el Departamento de Estado» de Estados Unidos.

Mientras que el canciller venezolano, Yván Gil, denunció la víspera que se enfrentan a «un intento de invasión, un intento de agresión, un intento de sometimiento de una población libre y soberana, en violación a todos los principios internacionales de los derechos que conocemos».