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Colombia: cuando la sospecha se vuelve ley

  • Fuente: Diario Red
  • Autor: Clara López Obregón
  • 16 Noviembre 21:34
  • 30 Visualizaciones
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La erosión democrática no es irreversible. Todavía estamos a tiempo de detenerla, siempre que la reconozcamos antes de que aparezcan las grietas

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  • Colombia: cuando la sospecha se vuelve ley
    Colombia: cuando la sospecha se vuelve ley

Las democracias de nuestro tiempo no caen con tanques en las calles. Se vacían por dentro, bajo gobiernos elegidos, mientras se celebran elecciones y sesionan los parlamentos. Según Freedom House, 2025 fue el vigésimo año consecutivo de retroceso de la libertad en el mundo. América Latina conoce bien la fórmula de las nuevas derechas radicales: exaltación del orden y del líder, construcción de enemigos internos, guerra cultural y comunicación directa que desplaza al periodismo. Colombia es hoy uno de sus escenarios más nítidos.

 El 7 de agosto asumió la presidencia Abelardo de la Espriella, un abogado que hizo campaña con la promesa de la mano dura y que tiene como referente a Nayib Bukele. Desde el Observatorio de la Democracia del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), que dirijo, seguimos sus primeros cien días con un método sencillo: registrar cada episodio con fecha, autor y fuentes, y valorarlo con el mismo rasero constitucional que aplicamos a cualquier gobierno. El resultado está en el informe “Cien días bajo presión”: de 256 episodios, el 64,1 por ciento constituye riesgo institucional grave o erosión democrática.

El primer rasgo es la conversión del adversario en enemigo. El presidente atribuyó al gobierno de Gustavo Petro vínculos con estructuras terroristas, calificó de “terrorismo urbano” la protesta y asoció con la apología del terrorismo la memoria de la paz, al ordenar retirar del Museo Nacional 47 piezas, entre ellas las dedicadas a Carlos Pizarro, el comandante del M-19 que dejó las armas y fue asesinado como candidato presidencial. El segundo es el costo de la independencia: un presidente que pide a la justicia estadounidense revisar a quienes se oponen a su política antidrogas días después de un fallo adverso, técnicos del Estado que necesitan permiso para hablar con la prensa, periodistas críticos fuera de sus espacios. El tercero es la exhibición de la fuerza: un presidente civil con pistola al cinto, el levantamiento de la suspensión general de los permisos de porte de armas y la exhibición pública de cuerpos tras los operativos militares.

Nada de esto es exclusivo de Colombia, y eso es lo que debería preocupar a la región. El paso siguiente es el que más se repite en el continente: convertir la sospecha en ley. El gobierno prepara un Estatuto Antiterrorista que define el terrorismo como cualquier “manifestación” que produzca “miedo, pánico y zozobra”, sin exigir violencia, e incluye entre los colaboradores a quienes hagan aportes “intelectuales” o “informativos”. Un Consejo de Seguridad Nacional integrado por funcionarios que el presidente nombra y remueve podría inscribir a personas y organizaciones en un registro, congelar sus bienes en 24 horas y suspender su personería jurídica antes de que intervenga un juez. La propia Corte Suprema de Justicia advirtió que su principal debilidad es hacer depender sanciones penales y patrimoniales severas de una decisión administrativa.

Hay un rasgo que interpela directamente la soberanía de nuestros países: según el borrador, las designaciones de terrorismo que hagan Estados Unidos, la Unión Europea u otros Estados escogidos por el gobierno ingresarían de manera provisional e inmediata a la lista colombiana. Decisiones de gobiernos extranjeros, que cambian con sus intereses, producirían efectos automáticos sobre ciudadanos colombianos. No es un hecho aislado: el gobierno anunció su adhesión al Escudo de las Américas cuando la oficina jurídica de su propia Cancillería reconocía no tener información suficiente sobre sus compromisos; reconoció la soberanía israelí sobre el Golán y trasladó su embajada a Jerusalén, en contravención al marco jurídico de Naciones Unidas. Y la lógica tiene parientes cercanos: como advierte la Fundación Paz y Reconciliación, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Javier Milei también crea un consejo de seguridad capaz de sancionar y congelar fondos antes de cualquier decisión judicial.

Colombia sabe adónde conduce ese camino. El Estatuto de Seguridad de 1978 dejó miles de detenciones arbitrarias y denuncias de tortura. Y el exterminio de la Unión Patriótica, por el cual la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano en 2022, mostró que el señalamiento desde el poder puede elevar el riesgo de una población entera sin necesidad de una orden de ataque. Cuando el Estado puede castigar al inocente, nadie está a salvo.

La buena noticia es que las defensas funcionan. Una orden judicial obligó a devolver 30 piezas al Museo Nacional, un juez mantuvo suspendido el piloto de aspersión de cultivos en el Putumayo y la investigación periodística llevó a revocar una licitación cuestionada de la Policía. Pero las defensas institucionales llegan después del daño, y el estatuto las haría llegar todavía más tarde.

Por eso proponemos en Colombia un Frente por la Democracia, amplio y plural, que reúna a partidos de distintas orientaciones, organizaciones sociales, gremios, iglesias, universidades y medios en torno a una sola causa: defender las reglas que nos permiten discrepar. Y por eso pedimos a las demócratas y los demócratas de América Latina, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las relatorías de Naciones Unidas que sigan de cerca el trámite de este estatuto. Lo que se ensaya en un país de la región tiende a exportarse a los demás.

La erosión democrática no es irreversible. Todavía estamos a tiempo de detenerla, siempre que la reconozcamos antes de que aparezcan las grietas.

  • Abelardo De La Espriella
  • Gobierno Colombiano
  • Colombia
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