El bloqueo contra Cuba ha evolucionado, durante estos 60 años; la Ley Torricelli de 1992 lo internacionalizó. Le otorgó a Washington la potestad, supuestamente legal de sancionar a compañías subsidiarias de empresas norteamericanas radicadas en otros países si comercian con Cuba. Posteriormente, la Ley Helms-Burton reforzó esa  extraterritorialidad y también codificó el bloqueo.

El propósito de la Helms Burton es tratar de desestimular la inversión extranjera en Cuba y permitir que empresas que tienen relaciones económicas con propiedades que fueron nacionalizadas por Cuba sean demandadas ante tribunales estadounidenses.  La finalidad del bloqueo siempre ha sido derrocar al gobierno revolucionario cubano (por la fuerza o por el hambre), para imponerle a Cuba un gobierno de transición y convertir a la isla en una colonia más de los Estados Unidos.

El Bloqueo y sus normas violan el derecho de los propios estadounidenses, a quienes Washington les prohíbe viajar o comerciar con Cuba.  También viola el derecho internacional y el derecho de todos los cubanos, a los que Washington trata de asfixiar con las sanciones.

Específicamente, el bloqueo es violatorio de los acuerdos de Ginebra de 1948, contra el genocidio y otras resoluciones e instrumentos legales fundamentales del derecho internacional. En otras palabras, el bloqueo es ilegal e inmoral. Estados Unidos lo sabe y el mundo, también.

Por eso, cada año, el mundo vota en la ONU casi unánimemente condenando y exigiendo el fin del bloqueo. Cualquiera que estudia la relación de Estados Unidos con Cuba se da cuenta que el bloqueo es el producto de la política de dominio que Washington siempre ha querido ejercer sobre la isla.

Parafraseando a José Martí, “vivo en el monstruo y conozco sus entrañas”. Sé muy bien que el gobierno de los Estados Unidos no tolera que Cuba sea un país soberano e independiente.

Durante los últimos 25 años Washington ha presupuestado más de 25 millones de dólares al año para tratar de desestabilizar al gobierno cubano e imponerle uno neocolonial que favorezca los intereses estadounidenses.  Eso es por lo menos una partida de 625 millones de dólares, sin contar los millones adicionales para proyectos encubiertos. ¡Pese a ese presupuesto multimillonario, algunos aún se atreven a decir que Cuba no le es prioridad a Washington!

El presidente pudiera dirigir esos dólares a, por ejemplo, una colaboración científica y médica entre Cuba y EE.UU. para combatir la pandemia de la COVID-19. Pero, no. Prefieren utilizar los fondos para asfixiar a los cubanos y no para salvar vidas.

Pero el bloqueo no es la única ilegalidad que Washington ejerce contra Cuba. Tenemos en territorio cubano una base militar estadounidense, donde EE.UU .tortura a los presos, quienes mantiene encarcelados sin debido proceso de ley y sin esperanzas de juicio. Los considera prisioneros de guerra, a pesar de que la guerra ha concluido y tiene la obligación de liberarlos. Los tilda como criminales, pero no presenta evidencia para procesarlos. Guantánamo es otro ejemplo de como la Casa Blanca hace caso omiso al derecho internacional.

Obama dijo que el “embargo” es “anticuado y debiese ser levantado.” Pero el mundo sabe que el bloqueo es ilegal y Washington jamás debiese habérselo impuesto a Cuba.

Ojalá que el pueblo norteamericano despierte. Se merece un gobierno que no torture a sus presos, que respete el debido proceso de ley, y el derecho de todos a vivir en paz. Mientras tanto, estoy seguro de que Cuba seguirá resistiendo con dignidad, produciendo sus propias vacunas contra la COVID-19 y garantizándole a sus ciudadanos una educación gratuita. Y, como el presidente Kennedy bien sabía, sus puros siguen siendo los mejores del mundo.