Ni el asesinato de más de 4 mil jóvenes indefensos a manos de militares, mostrados al país como guerrilleros por un Estado narcoparamilitar, generó condenas globales, discursos en Washington o Bruselas, cercos diplomáticos o sanciones económicas internacionales. Nada alteraba el curso “normal” de los acontecimientos en ese país.

Sin embargo, en el 2016 el gobierno colombiano y la guerrilla más longeva del continente firmaron un Acuerdo de Paz en La Habana, Cuba, único lugar que ofrecía a las partes sólidas garantías y especiales condiciones para negociar.

La trascendencia histórica del Acuerdo pronto seria aquilatada. La resistencia feroz desarrollada por los sectores más reaccionarios de ese país a lo pactado reafirmó el potencial transformador de ese hecho que iba más allá de la desmovilización de 12 mil combatientes.

La esencia del Acuerdo de Paz firmado en La Habana era, y sigue siendo, construir la paz en el país sobre la base de la superación de las causas reales del conflicto. Para ello se trazó una hoja de ruta que tenía como intención la implementación gradual de importantes transformaciones dirigidas a la democratización del país en términos políticos, económicos, jurídicos y culturales.

Durante todo su mandato, Iván Duque le ha puesto palos en la rueda al Acuerdo. Hacerlo trizas fue el llamado de Álvaro Uribe, su mentor. Y aunque no lo lograron, sí retrasaron, obstaculizaron y desvirtuaron importantes aspectos del proceso de implementación.

Lo que sí no logró el uribismo ni sus amigos paramilitares y militares, ni sus aliados narcotraficantes, fue limitar la trascendencia histórica del Acuerdo Final de Paz.

El pulso político que hoy vive Colombia no hubiera sido posible sin la existencia de ese Acuerdo. Las grandes manifestaciones y protestas sociales que vivió Colombia en los años 2019, 2020 y 2021 son claras expresiones de que el país demanda cambios inéditos.

La paz se ha convertido en bandera y centro de la agenda política nacional, a pesar de que la guerra, la violencia y la represión siguen enquistadas, fundamentalmente, por la persistencia de causas a cuya transformación apuntaba el Acuerdo, y por la irresponsable e ineficaz política gubernamental de “paz con legalidad”. 

La polarización y consecuente colisión política entre los sectores propaz y proguerra ha tenido un saldo favorable para los primeros y le ha permitido a sectores sociales excluidos demandar transformaciones urgentes, algunas de ellas establecidas en el Acuerdo. Al mismo tiempo, los resultados negativos de la gestión económica, social, política y de seguridad del actual gobierno, representante en el debate nacional de los sectores proguerra, han multiplicado los anhelos de cambio.

Sin embargo, la resistencia al cambio es fuerte y no se puede subestimar. Una mirada a la actual campaña electoral confirma que sectores militares, mafiosos, empresariales y de extrema derecha apuestan por mantener el poder detentado durante siglos. Con moderaciones del discurso, pero con vínculos históricos entre ellos que los delatan, los representantes políticos de las castas históricas de derecha, y sus voceros mediáticos articulados, se han aliado detrás de uno de los candidatos presidenciales.

Por otro lado, amplios representantes de la sociedad civil, de diversos sectores sociales, especialmente jóvenes y estudiantes, indígenas y afrocolombianos, campesinos, sindicatos, mujeres, la izquierda política institucionalizada, organizaciones y representantes del “centro” político, pequeños y medianos empresarios construyeron un frente común detrás del candidato Gustavo Petro, a quien los medios de prensa oligárquicos presentan como un “peligro para la democracia”, más allá de sus llamados a la calma y al entendimiento.

Es casi imposible imaginar qué hubiera ocurrido en Colombia si el Acuerdo de Paz no hubiera sido firmado. Lo que sí es apreciable cuánto ha cambiado ese país desde que en el 2016 se inició el camino a la paz gracias al compromiso de los gobiernos de Cuba, Venezuela, y Noruega, que durante casi cinco años ayudaron a las partes en la mesa de negociación y hoy siguen apostando por la misma, a pesar de las muestras de desagradecimiento del gobierno de Duque.

El próximo 29 de mayo serán las elecciones presidenciales en ese país sudamericano. En la urna cada colombiano que decida participar depositará su voto por el proyecto de país al que aspira. Unos lo harán por una “Colombia más humana”, otros elegirán el que apoya Álvaro Uribe, aquel presidente que exigió resultados y alentó el asesinato de más de 4 mil jóvenes.