Ecuador vive un drama grave. Desde el 13 de junio (2022) se inició el paro nacional convocado por la CONAIE, la mayor organización indígena, que planteó 10 demandas al gobierno.

Leonidas Iza, su presidente, fue encarcelado, aunque pudo salir libre después de varias horas. El hecho agravó las reacciones. Y se sumaron a las movilizaciones las centrales sindicales, estudiantes, maestros, pequeños y medianos productores, capas medias, intelectuales, artistas y otros tantos sectores sociales, que igualmente enfilaron contra el gobierno de Guillermo Lasso y la desatención en áreas sensibles como seguridad pública, seguridad social, educación, medicina y salud.

Cada día las protestas han crecido. El gobierno decretó el Estado de excepción en varias provincias y movilizó al ejército. Las paralizaciones continuaron, se extendieron a todas las regiones y miles de indígenas avanzaron hacia distintas ciudades y especialmente se dirigieron a Quito. La capital ecuatoriana ha sido ocupada por los manifestantes y la vida regular se ha visto convulsionada.

En semejantes condiciones la escalada entre protestas y represión crecieron. El vandalismo, la destrucción, las agresiones y las amenazas a personas y propiedades también se hicieron presentes. Las víctimas aumentan. Hay una crisis evidente del gobierno y una movilización social extendida por todo el país, que se ha enfrentado con fuertes represiones, que alarman en Amnistía Internacional y otras entidades de derechos humanos. La confrontación no cede. Las opiniones se polarizan. Afloran las expresiones racistas y clasistas entre quienes se han convencido que “hay que dar bala”.

También aparecen manifestantes que claman por la “paz” y en Quito y Guayaquil grupos que salen en defensa de “su” ciudad y rechazan a Iza y a “los indios”. Es un fenómeno de racismo similar al que vivió Bolivia durante la crisis de noviembre 2019, que desembocó en el golpe de Estado que instauró a Jeanine Áñez en la presidencia. En esferas oficiales se habla de “paro violento”, de “terroristas”, que los indígenas quieren acabar con la “democracia”, que el financiamiento proviene del “narcotráfico” e incluso hay quienes sostienen que atrás están Correa y el “correísmo”. En las calles el grito de combate es “¡fuera Lasso, fuera!”.

Diversos sectores, las universidades más importantes, la iglesia, demandan el diálogo y apelan a la constitucionalidad. Varias embajadas europeas y la norteamericana advierten sobre el clima político e insisten en el diálogo. Lo mismo hizo la OEA. Pero en el mundo internacional poco o nada se ha difundido, en tanto la gran prensa del país y particularmente la televisión, es selectiva en informaciones y sesgada a defender las razones del gobierno y a deslegitimar al movimiento indígena. El papel informativo a cada momento, con videos, fotos, entrevistas y reportajes, lo han cumplido los medios alternativos por internet y las redes sociales, contra los cuales hubo el intento oficial por acallarlos, propósito que logró frenarse. Es una situación más grave que la que vivió el país en octubre de 2019, cuando también el movimiento indígena encabezó una protesta sostenida contra el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021).

La traumática coyuntura merece alguna perspectiva desde la historia inmediata. Ante todo, cabe considerar la victoria de Guillermo Lasso, quien ganó el ballotage con el 52.36% de votos frente al candidato del “correísmo” Andrés Arauz, quien obtuvo el 47.64% de la votación. En definitiva, desde el inicio, no contaba con el apoyo de casi la mitad del electorado. Se posesionó como presidente del Ecuador el 24 de mayo de 2021. Y, dejando a un lado los ofrecimientos de campaña, pero no sus definiciones en materia económica, dio continuidad al gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), quien había restaurado la vía empresarial-neoliberal, además de avanzar en la reinstitucionalización conservadora del Estado, el privilegio a los intereses empresariales, la persecución al “correísmo” y la criminalización y judicialización de la protesta social.

El gobierno de Lasso pasó a representar a las fuerzas más poderosas del país: banqueros, grupos económicos, capas ricas, clases medias acomodadas, grandes medios de comunicación, derechas políticas y también al capital transnacional. Todos convergen en mantener un ideal: el neoliberalismo como modelo económico, pero que ha sido aplicado en Ecuador bajo un manto oligárquico, conservador, atrasado y excluyente.

El control del Estado se ha entendido como oportunidad para hacer buenos negocios con recursos, bienes y servicios públicos. Además, se contaba con el Servicio Ampliado (SAF) con el FMI, heredado del gobierno de Moreno y que tanto favorecía a sus consignas económicas: reducir impuestos, achicar el Estado, privatizaciones, flexibilidad laboral, extractivismo, aperturismo. Lasso proviene directamente de las filas de esa élite económica. Cuenta, además, con la identidad ideológica de los gobiernos conservadores de la región y para los EE.UU. es un aliado imprescindible, aún más tras el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Todo ello constituye la esencia de lo que sociológicamente se reconoce como bloque de poder dominante o hegemónico en Ecuador.

Despreciando las experiencias latinoamericanas y singularmente las ecuatorianas de las décadas finales del siglo XX, así como los estudios que las han seguido, como los de la CEPAL, era evidente e inevitable, que el modelo empresarial-neoliberal, continuado y reforzado por Guillermo Lasso en su primer año de gobierno, ahondara la dualidad social, en la cual la élite del bloque de poder es la privilegiada, mientras el resto de la sociedad y particularmente los más pobres -entre quienes los indígenas siguen a la cabeza-, no encuentran posibilidades de adelanto y bienestar. Las condiciones de vida y trabajo en Ecuador se deterioraron dramáticamente desde 2017, acompañados por la ruina de los servicios públicos básicos en educación, salud y seguridad social, que llegaron a funcionar en forma aceptable durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Moreno ni siquiera atendió la vacunación en medio de la pandemia covid de 2020 que, en cambio, sí la asumió y con éxito el gobierno de Lasso. Pero en un solo año se sumó una inédita inseguridad pública por el incremento de la imparable delincuencia. Al precario cuadro social, acompañan frustraciones y desesperanzas generalizadas.

Bajo el paraguas del acuerdo con el FMI, Lasso continuó con los ideales neoliberales de las élites que le apoyan. Allí predomina la incapacidad para comprender las demandas sociales, así como el mundo indígena, cuya cultura e historia se ignora. Las consecuencias de la polarización social creada por el dominio plutocrático se advierten hoy en la impresionante reacción popular. En la estrategia oficial el gobierno quiere aparecer como fomentador del diálogo y la paz, en tanto la CONAIE sostiene haber dialogado en diferentes oportunidades sin conseguir nada. Y esa diferencia ha llevado a las posiciones de fuerza, al punto que el viernes 24 el presidente, en cadena televisiva, arremetió contra la “violencia”, los “criminales infiltrados”, los “grupos de vándalos”; también contra Iza; y argumentó que se quiere “desestabilizar la democracia”, anticipando que la policía y las fuerzas armadas harán el “uso progresivo de la fuerza”; pidiendo, además, que los indígenas y campesinos “regresen a sus comunidades”. Casi de inmediato empezó el asedio a los espacios donde se encuentra alojada la población que llegó a Quito y se lanzó la ofensiva de represión que ha resultado grave y camina a ser peor. Las imágenes que circulan en redes son escandalosas y dolorosas.

Tiene otro espacio el que también enfrenta a los partidos institucionales, dentro de sus propias dinámicas, intereses y cálculos. En la sociedad civil se plantearon salidas constitucionales: renuncia del presidente, destitución legal, aplicación de la “muerte cruzada” (sale el Ejecutivo y también el Legislativo y se convoca a nuevas elecciones) o revocatoria del mandato por las causales legales correspondientes. El partido UNES (“correísmo”) promovió la destitución constitucional del presidente y logró que el sábado 25 la Asamblea Nacional iniciara el tratamiento del tema, aunque parece seguro que no existe la mayoría necesaria de votos. Desde luego, en contra de esa propuesta y, en definitiva, en apoyo a Lasso, se han alineado las fuerzas de la derecha: PSC, ID, BAN, un sector de Pachakutik y varios independientes. El gobierno insiste en un intento de golpe de Estado y para aliviar la imagen ante lo que se trataría en la Asamblea, levantó el Estado de excepción. En este juego de los actores políticos no está en claro qué sucederá.

Por sobre esa esfera de la vida política, la conflictividad social sigue en pie entre el gobierno y la CONAIE/sectores populares que, a pesar de la brutal represión diaria, persisten en la agenda de los 10 puntos. Debería quedar en claro que los ejes de esa agenda cuestionan el modelo económico gubernamental e implican un cambio de rumbos. En medio de esas diferencias, las cámaras empresariales solicitan que el gobierno “escuche los pedidos de cambio”, pero que se mantenga el uso progresivo de la fuerza “de manera legítima”. La salida a la situación que continúa viviendo Ecuador es, en este momento, impredecible.