Gran parte de la población votante de Chile rechazó el nuevo texto de la Constitución Nacional presentado en julio pasado por la Convención Constitucional. Los números son contundentes: de acuerdo con las autoridades electorales, con 99.99 por ciento de las mesas escrutadas, la opción "Rechazo" obtuvo siete millones 882 mil 958 sufragios (61.86 por ciento) y el "Apruebo" logró cuatro millones 860 mil 93 (38.14 por ciento).

Este resultado era previsible, cuando muchas encuestas daban una ventaja de hasta nueve puntos para el rechazo de la propuesta constitucional en recientes semanas. Esta tendencia creció y se confirmó el domingo 4 de septiembre con una participación superior a los 13 millones de votantes convocados.

Los motivos principales que movilizaron a las mayorías chilenas a rechazar el texto que sustituiría a la Carta Magna de 1980 tienen que ver todos entre sí, se entrelazan, y dan cuenta de una situación difícil para el gobierno de Gabriel Boric y para la clase política en general.

PROPAGANDA, SIEMPRE

Entre las razones más importantes para el rechazo constitucional, la propaganda es quizás la más evidente. En Chile, seis de los siete diarios de circulación nacional pertenecen a dos grupos económicos: Grupo Edwards (El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias) y Grupo Saieh o COPESA (La Tercera, La Cuarta y Diario Siete), salvo La Nación, que es de propiedad pública. Se trata de un fenómeno de concentración de medios, denominado duopolio.

En este marco se libró una batalla por el relato en el que los partidos y organizaciones que apoyaron y redactaron el texto de la Convención Constitucional estuvieron siempre a la defensiva, o siendo directamente opacados por la cartelización de la información en torno a la gestión de la Convención.

De ahí en adelante, el debate pasó a ser fuego cruzado. La omisión de los acumulados políticos y sociales que dieron lugar a ese escenario constituyente (protestas de 2019, consulta constituyente de 2020, elección de los constituyentes de 2021, victoria electoral de Boric de 2021) provocó que se centrara el discurso de la mayoría de los medios y políticos a favor del "Rechazo" en torno a los miedos económicos, políticos y legales que generaban a sectores poblacionales afines a la situación de cambio constitucional pero no guiado bajo un excesivo reformismo.

Eso sería la comidilla diaria del duopolio, que le interesaba instalar el malestar, las confusiones y las tergiversaciones en la opinión pública en torno a los debates del texto constitucional.

La derecha desplegó una campaña que agitaba el miedo al declive social y económico apelando a la ya desgastada imagen de "Chilezuela", lo mismo que hace su par en Colombia con el fantasma del "castrochavismo" recorriendo América Latina y el Caribe.

A finales de agosto, un spot emitido en televisión nacional se transmitió llamando a no aprobar la propuesta de la Convención, proyectando el testimonio de un trabajador sexual masculino en gesto de "una utilización inmoral de un eslogan político". Creó una polémica con el mensaje de que la nueva constitución está "hecha con rabia", instalándolo en la opinión pública.

En ese sentido, no hubo una respuesta a favor del "Apruebo" lo suficientemente certera como para darle sentido a su propuesta en la subjetividad de las mayorías. No hubo un convencimiento de que el nuevo texto constitucional podría beneficiar a los fines de un contrato social satisfactorio para todos los sectores nacionales.

 Con las noticias falsas que circularon en diversos medios sobre los convencionales constituyentes se adhirieron las formas de la violencia política, en el que hubo amedrentamiento, amenazas y vandalismo en las calles de las principales ciudades chilenas contra personas e instituciones que abogaban abiertamente por la aceptación de la nueva Constitución. Los delitos que se cometieron en ese marco han quedado impunes, a pesar de que el mismo Boric encabezaba las pretensiones del "Apruebo".

GESTIÓN NEGATIVA DE LA CONVENCIÓN

Desde el principio, el proceso y los mismos convencionales constituyentes habían generado desconfianza. Algunos de ellos llegaron a levantar reivindicaciones muy radicales o maximalistas, como la abolición de las instituciones estatales vigentes, una propuesta que, como otras, no alcanzó la mayoría en las votaciones del pleno y, por tanto, no se incluyeron en el texto de la propuesta constitucional.

El texto en sí no confirma ninguno de los temores invocados por la prensa duopólica y no tiene la justificación necesaria para calificarse de revolucionario, pero contiene muchas innovaciones y también algunas características únicas que podrían permitir avanzar hacia una mayor justicia social.

La Convención Constitucional trató de responder a lo que gran parte de la ciudadanía había estado demandando durante décadas a través de un sinfín de movilizaciones sectoriales (estudiantes secundarios y universitarios, ambientalistas, pensionados, sindicatos, feministas, asociaciones de consumidores, pueblos indígenas, etc.).

Sin embargo, el apoyo abierto del presidente Boric a los trabajos de la Convención pudo haberle pasado factura negativa, habiendo bajado considerablemente la aprobación de su gestión desde que tomó posesión en enero de este año. Recientemente una encuesta concluye que la desaprobación a la figura presidencial actual llega a 51 por ciento, mientras que su gobierno como tal acumula 54 por ciento en reprobación.

La imagen del presidente chileno no solo se ha visto diezmada en los últimos meses por las encuestadoras y por los medios regulares de la derecha local e internacional, asimismo la conducta de algunos convencionales y los grandes desacuerdos que se experimentaban dentro de la Convención no dieron la talla ante las expectativas de la mayoría de la población.

Algunos escándalos de legisladores constituyentes y la falta de compromiso para llegar a procesos y acuerdos políticos que garanticen una mayor inclusión de los tejidos sociales que componen el Chile contemporáneo.

EXCLUSIÓN Y CLASISMO

Si bien el texto logra incluir una gran cantidad de atributos que no están siquiera asomados en la Constitución de 1980, legado de Pinochet, como el concepto de democracia paritaria, o el de plurinacionalidad, e incluso el básico de que "Chile es un Estado social y democrático de derecho", con un abanico de derechos que llegan a lo ambiental y securitario, la convocatoria de quienes buscaban el "Apruebo" no logró resonar en las mayorías.

En tanto la Convención estuvo nutrida sobre todo por partidos, organizaciones y personalidades con tendencias de izquierda e independientes, se suponía que la próxima Constitución estaba llamada a representar las expectativas de las grandes mayorías chilenas. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

Cabe preguntarse sobre los niveles de exclusión que el proyecto constitucional anidaba. Un análisis de los votos recibidos este domingo 4 de septiembre por quintil de ingresos da cuenta de que el "Rechazo" fue mayor entre la población más pobre de Chile. Por otro lado, la opción "Apruebo" recabó más apoyo porcentual en el quintil con mayores ingresos.

La Tercera, diario del duopolio, comparó los resultados "entre las diez comunas con mayor índice de pobreza y las diez comunas con menor índice de pobreza de acuerdo a la encuesta Casen del año 2020".

"En total, en las 10 comunas más pobres el rechazo triunfó muy por sobre el promedio nacional con un 77,22 por ciento, mientras que, en las 10 comunas con menor pobreza, el rechazo ganó con un 67,89 por ciento.

"De manera inversa, el apruebo obtuvo un menor respaldo en las comunas con mayor pobreza, con un 22,78 por ciento. Mientras que en las comunas de menor índice de pobreza el apruebo logró convencer a un 32,11 por ciento de los votantes".

En definitiva, en las diez comunas cuya población posee menos recursos ganó el "Rechazo". Hubo entidades territoriales de la Región de la Araucanía donde esta opción obtuvo 75% aproximadamente. Es decir, en las comunas con alta población mapuche, los sufragios a favor del Rechazo superan el promedio nacional.

Esta paradoja, en la que una Carta Magna considera el concepto de plurinacionalidad, reconociendo a los pueblos originarios desde una perspectiva nacional, refleja el hecho de que, por ejemplo, en la Araucanía se estima mucho más la praxis en términos de inclusión que el discurso y la ideología alrededor, sobre todo si tomamos en cuenta que el gobierno de Gabriel Boric militarizó la zona de reclamo mapuche.

Los problemas económicos, de seguridad y de violencia política en la Araucanía, así como en las provincias vecinas de Arauco y Biobío, a la luz de los resultados electorales recientes, dan cuenta de que no existe un acompañamiento pragmático por parte de la fuerza que apoyaba los trabajos de la Convención (en específico, la actual administración chilena) a los sectores poblacionales que más necesitan asistencia estatal.

De acuerdo a la encuesta CASEN de 2017, 30,2 por ciento de los mapuche vive en situación de pobreza, "una 'pobreza obligada' en la que el estado tuvo la total responsabilidad", según un informe de la académica María José Andrade, "fomentando actividades extractivas que las dañan [las tierras mapuche], perjudican la pequeña agricultura y no generan ganancias económicas para la región, pues las empresas que las desarrollan no tributan en ella sino en la localidad de su casa matriz, que generalmente es Santiago".

Es cierto que esta realidad es una consecuencia de décadas de neoliberalismo y de exclusión nacional de una población importante durante siglos, por parte de un estado instrumentalizado por la oligarquía local, sin embargo, la gestión del actual gobierno de los conflictos de clase y raza en Chile dejó su estela de rechazo en la votación constituyente.

Que las mayorías más pobres se hayan visto excluidas por los sectores que dicen representarlos tanto en la Convención como en el texto constitucional sufragado, permite entender por qué "el margen de triunfo de la opción rechazo fue más amplio en las comunas pertenecientes al quintil de ingresos más bajos que en las de mayores ingresos en el país", menciona La Tercera.

Pero quizás lo más luminoso en torno a este capítulo de exclusión provenga de algunos sectores que apoyaban el "Apruebo", cuyas opiniones sobre las mayorías empobrecidas ilustran la diferencia clasista habida en Chile.

IDEOLOGÍA WOKE A LA CARTA

La caída en la popularidad de Boric y los resultados del domingo 4 de septiembre son una señal de alerta a una izquierda que ha preferido el rumbo de las agendas de identidad, importadas desde Europa y Estados Unidos, para desechar proyectos nacionales y que abarquen las necesidades socioeconómicas, políticas, culturales de la mayoría poblacional.

En el campo occidental, las políticas identitarias están agarrando vuelo entre la izquierda. Algunos de sus adalides han logrado sentarse en la silla presidencial. Los casos del mandatario chileno y de Gustavo Petro en Colombia son los más visibles en Sudamérica. Sin embargo, esto no es signo de una verdadera inclusión en el marco de un proyecto nacional.

Bajo el paraguas de la ideología woke, término impreciso y amorfo para un amplio conjunto de creencias y prácticas, los derechos de género y reproductivos son desligados de realidades económicas, sociales y políticas, ofreciendo una visión fragmentada de los problemas que este sector ideológico dice defender.

La lucha de identidades, premisa operativa principal de dicha ideología, en el que una amplia gama de opresiones "se cruzan" y deben ser anuladas, solapa la lucha de clases y distingue a esa política de otras agendas populares, como pudimos ver en relación el conflicto en la Araucanía.

El acumulado de experiencias que llevó al país austral a este punto, con un gobierno que se supone recoge las expectativas de gran parte de las mayorías y minorías excluidas, no fue canalizado bajo un liderazgo sólido y una idea clara de proyecto, sino que más bien se difuminó, al menos momentáneamente, con las vocerías identitarias y la inercia neoliberal que distingue al entramado sistémico chileno.

Desde la campaña presidencial de 2021, la candidatura de Boric estuvo signada por la ideología woke, muy a gusto de las izquierdas liberales estadounidenses y europeas (e incluso adoptado por la CIA), ubicando al actual presidente en un carril muy distinto a los progresismos expresados en las últimas décadas en el continente, nacidos en Cuba, Nicaragua y Venezuela (la "troika del mal"), países en donde también existen álgidos debates sobre los derechos de género y reproductivos, por poner un ejemplo, pero donde el centro de la discusión se basa en la construcción de un imaginario y de un constructo nacional y la reparación de las consecuencias del neoliberalismo sobre la población.

La rigidez ideológica y la inclinación a la intolerancia de las agendas identitarias dieron a Boric y a la Convención poco margen de maniobra para que el nuevo texto constitucional tuviera un visto bueno por parte de la población mayoritaria. Desde esta perspectiva, las fuerzas progresistas en Chile perdieron una oportunidad valiosa para cambiar el paradigma neoliberal que cimentó el "contrato social" del pinochetismo.

En junio, casi 60 por ciento de los electores chilenos respondía en los sondeos que tenía poca o ninguna confianza en la Convención. Era previsible que el 4 de septiembre arrojara resultados adversos a quienes defienden los intereses de unos pocos grupos políticos, teniendo en cuenta que el resto de la población contempla entre sus intereses otros temas más urgentes relacionados históricamente con lo económico, lo social y lo político.