Faltan poco más de tres semanas para la decisiva elección presidencial brasileña, donde poco más de 156 millones de votantes elegirán presidente, senadores, diputados federales, gobernadores, diputados estatales y donde las encuestas siguen señalando al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva como el claro favorito, pero también indican que las posibilidades de una victoria en la primera vuelta han disminuido.

Ante el temor de una escalada de violencia política en los actos bolsonaristas del 7 de setiembre, día de la Independencia, gobiernos extranjeros y entidades internacionales entraron en estado de alerta, mientras las embajadas de varios países estudian activar protocolos de seguridad en Brasil. Los gobiernos extranjeros han enviado «advertencias claras» a los embajadores y funcionarios gubernamentales brasileños, incluso a través de los servicios secretos, de que no apoyarán un golpe de Estado.

El diario Folha de Sao Paulo informa que entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas (ONU) están monitoreando la situación brasileña con respecto al 7 de septiembre. “Lo que me parece más preocupante es que el presidente esté pidiendo a sus partidarios que protesten contra las instituciones judiciales”, dijo el 25 de agosto la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Los últimos sondeos también indican que tanto Jair Messias Bolsonaro como los demás candidatos, en especial Ciro Gomes y Simone Tebet, no tienen espacio ni tiempo para tomar vuelo. Lo que no cambia es la lenta pero persistente caída de Lula, que en tres meses pasó del 54 por ciento de intención de voto al 45 por ciento. Lo nuevo es el estancamiento de Jair Bolsonaro que venía creciendo poco a poco, manteniéndose con el 32 por ciento.

Dos cosas comienzan a quedar en claro: que habrá segunda vuelta y que el balotage no se perfila tanto como una “nueva elección” sino como la continuación de la tendencia que se imponga en estas semanas finales de los comicios, tal y como sucedió en 2018.

Mientras Bolsonaro sigue repitiendo la muletilla de un posible fraude por el voto electrónico y amenaza con desconocer los resultados (si le son adversos, claro), un sondeo de opinión reveló que el 81 por ciento de los cuerpos de seguridad defiende que deberá respetarse el resultado de las elecciones sea quien sea el vencedor.

La derecha sigue en su carrera de fake news. La magistrada Cármen Lúcia, del Tribunal Superior Electoral (TSE), determinó que el diputado federal Eduardo Bolsonaro quite de las redes sociales sus publicaciones afirmando que el ex presidente Lula apoyaba invasiones de iglesias y perseguía a cristianos. El hijo-parlamentario asoció al Partido de los Trabajadores de Lula al gobierno de Nicaragua, que supuestamente reprimió manifestaciones religiosas en su país.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF)  Edson Fachin  ordenó que se restrinjan los efectos de los decretos de Bolsonaro en febrero del año pasado, que flexibilizaron la compra y el uso de armas de fuego y municiones por civiles. Fachin justificó su decisión alegando el carácter de “excepcional urgencia” ante la proximidad de las elecciones y que el acceso a las armas y municipios “exaspera el riesgo de violencia política”.

La peor noticia para Bolsonaro es que el aumentó el porcentaje de quienes desaprueban su forma de gobernar (57 por ciento) y su aprobación cayó al 38 por ciento. Es una pésima señal cuando el gobierno está vaciando las arcas del Estado con su Auxilio de Emergencia para intentar la reelección. Bolsonaro pierde popularidad, aun cuando la inyección de recursos en la economía fuerza una estabilidad artificial del Producto Bruto Interno y del empleo.

Analistas señalan que Brasil vive una farsa y que desde la presidencia y el gobierno todo recitan que no hubo ni hay corrupción. Día a día salen a relucir hechos de corrupción. El presupuesto secreto, creado para distribuir sin ningún control recursos para elegir no sólo a Bolsonaro, sino también a sus aliados, está ahogándose en diversas compras con sobreprecio en los diferentes ministerios y reparticiones pública.

El ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles, fue denunciado por connivencia con madereros ilegales para contrabandear maderas al exterior. Poco antes se comprobaron solicitudes de soborno para la adquisición de vacunas contra la COVID-19: el presidente miró para otro lado.

Autonombrados pastores evangélicos esparcidos por el Ministerio de Educación frente a la omisión cómplice del titular, que decía haberse acercado a ellos por sugerencia del Presidente, exigían cuotas que iban de la adquisición de miles de ejemplares de la Biblia a donaciones en efectivo para liberar a municipios recursos previstos por ley.

Dos periodistas de la página de Internet UOL demostraron que el clan presidencial (tres de sus hijos, una ex esposa, un ex cuñado, sus cuatro hermanos y su madre, hoy fallecida) participaron desde 1993 en nada menos que 107 transacciones inmobiliarias en efectivo, formato usado por narcotraficantes, contrabandistas, defraudadores del fisco, lavadores de dinero, y delincuentes en general.

A todo esto hay que sumar el “Presupuesto Secreto”, que reparte millones y millones sin ningún control a cambio de apoyo electoral no solo para Jair Messias Bolsonaro, sino para la mafia que conforma uno de los Congresos más inmundos y abyectos de todos los tiempos, empezando por Arthur Lira, señala Eric Nepomuceno. Lo más grave es ver, según las encuestas, que al menos el 30 por ciento de los brasileños son capaces de votar por semejante inmundicia, añade.

Las encuestas esta semana arrojaron novedades mínimas, pero significativas, como el ascenso de los dos principales candidatos autocalificados como de centro: Ciro Gómes que pasó del siete  al nueve por ciento y Simone Tebet (del dos al cinco por ciento), gracias a sus intervenciones en el debate televisivo del pasado domingo. Según Datafolha, la peor performance fue la del actual presidente, seguido por el ex mandatario Lula.

La apuesta de Bolsonaro depende de un sprint que comenzará hoy, cuando se celebre el bicentenario de la independencia nacional declarada en 1822. El líder de la derecha brasileña no tiene empacho en convertir la fecha patria en un acto de campaña electoral, con desfile militar incluido y una movilización de las multitudes evangélicas y empresarias que se prepara meticulosamente. ¿Y un golpe de Estado?