Hace meses los dirigentes de la élite burguesa de Santa Cruz, el Gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente del ultraconservador Comité Cívico, Rómulo Calvo, afirmaban, con la soltura de quienes se sienten intocables, que estaban dispuestos a “repetir la receta del 2019”; se referían a la conspiración sediciosa que ellos mismos promovieron hace tres años y que culminó en el golpe de Estado que derrocó violentamente al presidente constitucional Evo Morales.

Entre octubre y noviembre de 2022 han intentado, utilizando el pretexto de exigir el adelantamiento del Censo Nacional de Población para el 2023, impulsar una movilización nacional que lleve a una crisis de gobernabilidad.

Fracasaron. Ninguna otra región de Bolivia se acopló a su intentona. La magnitud de su fracaso se observa en la absoluta normalidad que al día de hoy se vive en todo el país, con la sola excepción de la ciudad de Santa Cruz que ya lleva 23 días de una huelga regional (“paro cívico” le llaman) que se ha desgastado en su cumplimiento.

Las fuerzas sociales que intentaron movilizar en otros lugares del país junto a sus aliados políticos (el alcalde de La Paz, Iván Arias, o el alcalde de Tarija, Johny Tórrez) nunca llegaron a ser masivas. Hemos visto cómo, en la ciudad de La Paz, los activistas de derecha organizados por el alcalde Arias (ex ministro del gobierno de facto de Jeanine Añez) fueron neutralizados en las calles, por la movilización de sectores sociales autoconvocados bajo la bandera de la defensa del proceso de cambio y la democracia.

Se ha visto también cómo, en Cochabamba (tercera ciudad en población de Bolivia, ubicada al centro del país) ha sido muy baja la capacidad de convocatoria del fascista Camacho. En la mencionada Tarija, al sur de Bolivia, las refriegas de los cívicos y algunos universitarios de derecha con los grupos de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), mostraron que no hay condiciones para que la dirigencia cívica garantice una huelga departamental. En la ciudad de Santa Cruz (primera en población y la de mayor actividad económica de Bolivia, ubicada al este del país) los empresarios empiezan a desmarcarse de la huelga regional que ya no es “una inversión” como fue financiar el Golpe de Estado del 2019 contra el MAS, sino les está reportando sólo pérdidas económicas.

Mientras esto pasa con la derecha y su fracaso nacional, las fuerzas sociales del campo popular se movilizaron en varios departamentos, siendo particularmente llamativa la masiva marcha efectuada en la ciudad de Cobija (ubicada al norte del país, fronteriza con Brasil), convocada por la Central Obrera Departamental y la Confederación de Gremiales (comerciantes de calle) y en la que participó el ex presidente Evo Morales. Lo mismo en Santa Cruz, donde hace tres días salieron a las calles gran número de gremiales y de otros sectores populares, exigiendo el levantamiento del paro y el enjuiciamiento de Luis Fernando Camacho; fueron atacados por los fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) pero lograron mostrar que la rebeldía del pueblo es cada vez más difícil controlarla con la violencia y el terror.

Si la derecha radical está fracasando y las fuerzas del campo popular conservan su capacidad de movilización, ¿cómo es posible que surjan voces en el Parlamento, que propusieron retroceder en la fecha del Censo al año 2023, cosa que el gobierno ha informado que técnica y operativamente no es posible?

Las declaraciones del presidente de la cámara de diputados, Jerjes Mercado, y del cuestionado diputado Andrés Flores –un hombre que, ocupando un curul por el MAS, traicionó a Evo Morales, jefe nacional de su partido, pidiendo su enjuiciamiento- sólo están repitiendo el libreto del vicepresidente David Choquehuanca, quien en repetidas ocasiones se ha pronunciado por la “reconciliación” en el Parlamento con Camacho cuyo partido, Creemos, tiene la tercera bancada legislativa, así como con Carlos Mesa, expresidente del país, cuyo partido tiene la segunda bancada y que fue coautor de ese golpe. Insistir en un “pacto de gobernabilidad”, en las actuales condiciones, sólo proporcionará una salida al callejón en que se ha metido la burguesía cruceña.

El gobierno está manejando este momento de crisis con preocupantes muestras de dubitaciones y debilidad. Recién el pasado viernes a medianoche Luis Arce dirigió un “mensaje al país” anunciando su decisión de adelantar por seis meses el Censo Nacional de Población, fijándolo para marzo de 2024 y la redistribución de recursos económicos en septiembre del mismo año. Se ratificó de esta forma lo que por abrumadora mayoría decidió hace dos semanas el “Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso” que el gobierno convocó y en el que logró reunir a más de 300 alcaldes municipales y otras autoridades del país.

¿Por qué Arce tardó tanto en decidir? Todo indica que por los debates en el gobierno, entre quienes quieren apuntalar el mando presidencial sin conceder más allá de lo estrictamente necesario a los cívicos cruceños (seis meses de anticipación del Censo y redistribución de recursos económicos, todo el 2024), y el vicepresidente Choquehuanca, que insiste en llevar el debate del Censo al Parlamento que preside, para aprobar una ley “concertada” con las bancadas de la derecha que siguen exigiendo adelantarlo para el año 2023.

Esta tardanza en tomar la decisión, que se inclinó por preservar la autoridad del presidente Arce, dio oportunidad a los cívicos cruceños de ordenar a la “Unión Juvenil Cruceñista” nuevos actos de violencia: atacaron barrios populares, asediaron mercados de comercio gremial e incendiaron la sede sindical campesina.

La “Unión Juvenil Cruceñista” fue calificada, en un informe de agosto de 2021, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “un grupo irregular que debe ser desmantelado”. La UJC es una organización terrorista de derecha, de ideología supremacista y ultrareligiosa, financiada por la burguesía que controla la gobernación de Santa Cruz. Dada su estructura y grado de violencia criminal va en camino a convertirse en un caso similar al de “Los Halcones” en México o la “Triple A” en Argentina de los años setenta.

El gobierno de Arce ha cometido el error de subestimar el peligro de la violencia fascista que se ha convertido en la mayor amenaza al proceso democrático en Bolivia. La Central Obrera Boliviana y la Confederación de Mujeres Campesinas, han exigido al gobierno de Arce y a la Fiscalía General del Estado que conforme una “Comisión Nacional de Fiscales” que investigue los gravísimos hechos de violencia racista ocurridos en Santa Cruz, asumiendo que se trata de delitos de terrorismo y alzamiento armado contra el Estado boliviano.

El gobierno seguirá fracasando en desmantelar y perseguir penalmente a este grupo fascista mientras el presidente Arce siga empecinado en mantener a dos ministros: el de Justicia, Iván Lima, que es un hombre con ideas de derecha y devoto del Opus Dei, y el de Gobierno, Eduardo Del Castillo, cuya incapacidad operativa ha sido más que demostrada. Recordemos que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha exigido la destitución de ambos.

El pueblo demanda justicia, verdadera justicia, y eso sólo se puede lograr enjuiciando por la vía ordinaria a Luis Fernando Camacho y a todos los golpistas del 2019, por el golpe y por las masacres de Sacaba y Senkata ocurridas ese año.

Ahora el gobierno de Arce no puede incurrir en una traición de conceder a los fascistas algún tipo de anmistía; por el contrario, puede y debe denunciarlos por los nuevos hechos de violencia ocurridos en este “paro cívico” que era parte de la estrategia desestabilizadora.