Fundador de Wikileaks, renombrado denunciante y defensor de la rendición de cuentas, Julián Assange vuelve a estar en los titulares. La audiencia para determinar su extradición a Estados Unidos en virtud de la Ley de Espionaje, tuvo lugar en el Tribunal Superior de Londres.

Este proceso constituye una prueba de fuego para la libertad de prensa y la democracia. El intento estadounidense de extraditarlo es ridículo, dada la manera de presentar a Assange como un criminal que ha divulgado secretos de Estado e información sensible al tiempo que compromete la seguridad nacional de Washington D.C. Pero la verdad de mandarlo a EE.UU. es nada menos que un ataque descarado a la libertad de expresión, el acceso a la información y al periodismo creíble.

De ser extraditado, enfrentaría una sentencia de 175 años de prisión. Tal fallo implica que no sobreviviría en régimen de aislamiento, lo que explica por qué en 2021, el Tribunal de Primera Instancia de Londres detuvo el proceso. Amnistía Internacional también advirtió que las garantías estadounidenses de que Assange será exonerado del régimen de aislamiento no tienen credibilidad, dado que una nota diplomática no vinculante le permite cambiar su posición arbitrariamente.

Sin embargo, la audiencia concluida en febrero de 2024, terminó cuando dos jueces del Tribunal Superior de Londres solicitaron más tiempo para tomar una decisión. Las respuestas a las solicitudes estadounidenses de organizaciones de derechos humanos al poder judicial demuestran claramente la naturaleza controvertida de la medida, y cómo afectaría a Assange y a la libertad de prensa.
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También enfrenta 17 cargos bajo la Ley de Espionaje, a pesar de que su periodismo expuso crímenes de guerra estadounidenses en su ilustre publicación Wikileaks. Hay que tener en cuenta además, que antes de la solicitud de enviarlo a EE.UU. ningún periodista había sido procesado bajo tal Ley. Como resultado, su extradición que implica un eventual y prolongado encarcelamiento, sienta un mal precedente para los reporteros de investigación que continúan descubriendo detalles desgarradores de los excesos de Washington en países como Irak y Afganistán, y lugares como la Bahía de Guantánamo, en Cuba. La autenticidad de sus hallazgos son incuestionable a pesar de que nunca se tomaron medidas estrictas contra los perpetradores, criminales de guerra o arquitectos de la muerte y la destrucción.

Sin embargo, trágicamente, el fundador de Wikileaks permanece encarcelado en Londres después de pasar años encerrado en la embajada de Ecuador. Sin embargo, cabe destacar que nunca se le encontró violando ninguna ley en el Reino Unido, Europa o su país de origen, Australia. El absurdo y la falta de arrastre de la narrativa estadounidense sobre su condición de criminal explica por qué el Tribunal Superior de Londres intentó ganar más tiempo.
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Pero, existe un problema más apremiante que requiere atención inmediata. Los jueces del Tribunal Superior de Londres podrían fácilmente ir en contra de Assange. Uno de ellos es Jeremy Johnson, exoficial del MI6 (Servicio de Inteligencia del Reino Unido). Esta organización británica es conocida por su estrecha colaboración con la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.) y la presión de Johnson podría garantizar que  acabe siendo extraditado. La agenda de la CIA para responsabilizar a Assange por “violar secretos de Estado” tiene una historia poco envidiable. Un ejemplo de ello es el plan del exjefe y secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de secuestrar y matarlo en 2017.

Esto revela el nivel de inseguridad estadounidense respecto de los denunciantes creíbles. La principal contribución del fundador de Wikileaks fue exponer los caprichos de quienes defienden la guerra contra el terrorismo. Esto incluye a individuos, grupos y gobiernos obsesionados con la descarada vigilancia de los ciudadanos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el encarcelamiento. Esas realidades se han manifestado en el llamado orden mundial democrático, que se supone se rige por contratos sociales entre el electorado y sus representantes. Más, mediante la publicación esa noción quedó expuesta cuando tanto Edward Snowden como Assange se esforzaron por concienciar al público en general sobre las atroces violaciones de derechos humanos que se cometen sin cesar por parte del país más poderoso del mundo y sus aliados.

Que el Reino Unido cediera a la presión norteña y extraditara y juzgara a Assange en condiciones ridículas sería una farsa para la justicia. Este, es parte de una tradición periodística muy prestigiosa que se remonta a las filtraciones de 1971, cuando se descubrió que un programa secreto del FBI en Estados Unidos estaba involucrado en el espionaje de movimientos pacifistas y de aquellos que cuestionaban la participación de la Casa Blanca en la guerra de Vietnam.

En 2024, el mundo se enfrenta a la realidad de que el terrorismo israelí está causando estragos entre los palestinos maltratados, desplazados y ocupados. Se necesitan desesperadamente testaferros y defensores de la libertad como Assange para exponer las invenciones, la propaganda y las mentiras groseras que los gobiernos estadounidenses alimentan a sus respectivas poblaciones y más allá.

Esta exposición es precisamente la razón por la que han estallado protestas en todo el mundo por parte de ciudadanos que piden la liberación de Assange. El intento de etiquetarlo como criminal y enemigo del orden mundial democrático ha fracasado estrepitosamente hasta ahora. Los mismos aliados estadounidenses acogen a numerosas comunidades, activistas de derechos humanos y organizaciones que exigen la rendición de cuentas de Estados Unidos en lugar de la de Assange.

Si bien la decisión del Tribunal Superior de Londres de 2024 de ganar más tiempo es un paso en la dirección correcta, su extradición no debería llevarse a cabo.

Sería trágico.