Los puertorriqueños que no pudieron acudir a las marchas convocadas en el área metropolitana de San Juan, salieron de sus hogares este viernes, para manifestarse a través  de un cacerolazo en contra del gobernador de la isla Ricardo Rosselló.

El movimiento forma parte de una convocatoria que realizó la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), a través de su presidente Ángel Figueroa, que consiste en utilizar utensilios, como cacerolas o cucharones, para hacer ruido. Luego estos debían grabarse y colgar los vídeos en las redes sociales en repudio a la actual administración.

Figueroa Jaramillo convocó a toda la ciudadanía para que se unieran al “cacerolazo”, que también se extendió durante una marcha que salió desde Bahía Urbana hasta La Fortaleza.  “Donde quiera que estén en sus hogares y suban sus vídeos en protesta a las redes sociales y así ampliar el mensaje”, dijo el líder sindical.

El cacerolazo es una forma de protesta que consiste en hacer ruido golpeando cacerolas u otros utensilios de cocina.

Uno de los lugares en donde una multitud se unió al movimiento fue en el condominio Monte Norte, en Hato Rey. Según vídeos publicados a través de las redes sociales, los residentes salieron a sus balcones a sonar sus cacerolas.

Múltiples manifestaciones se han convocado desde el sábado, cuando el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló un documento de 889 páginas que contiene parte de las polémicas conversaciones que el gobernador mantuvo con 11 de sus colaboradores más íntimos en el que se discutían asuntos de política pública y partidistas, y en el que se ordenaba dañar la reputación y perseguir a políticos de la oposición, así como a funcionarios federales.

Igualmente, en los chat abundaban las burlas e insultos machistas y homofóbicos, y comentarios insensibles y mofas sobre la muerte de figuras como Carlos Gallisá y Marta Font, al igual que sobre la crisis del manejo de cuerpos en Ciencias Forenses.

Las manifestaciones, además, ocurren luego de que las autoridades federales arrestaron la semana pasada a la exsecretaria del Departamento de Educación Julia Keleher, a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila y al presidente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico Fernando Scherrer, empresa con múltiples contratos con agencias gubernamentales.

También arrestaron a las hermanas Mayra Ponce Mendoza y Glenda Ponce Mendoza, cercanas a la exsecretaria de Educación. Un gran jurado federal acusó a Alberto Velázquez Piñol, subcontratista del gobierno y de la empresa BDO.