Analizará Corte Suprema de Perú apelación de expresidente Fujimori
La apelación alega que el indulto, otorgado la víspera de la Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, fue dado por este en uso de sus facultades constitucionales y se apega a la legalidad peruana, por lo que no puede ser revocado.

La Corte Suprema de Perú evaluará este lunes una apelación del exgobernante Alberto Fujimori contra la anulación del indulto que hace un año interrumpió una condena de 25 años de cárcel que cumplía por crímenes de lesa humanidad.
La apelación alega que el indulto, otorgado la víspera de la Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, fue dado por este en uso de sus facultades constitucionales y se apega a la legalidad peruana, por lo que no puede ser revocado.
Sin embargo, la medida fue anulada por la justicia peruana debido a que fue dictada como humanitaria, pero después se descubrió que fue materia de un acuerdo político que impidió por unos meses la destitución del exgobernante por graves indicios de corrupción.
En tales términos, la gracia se convertía en una decisión política, lo que es legalmente inviable por compromiso jurídicos internacionales peruanos que prohíben medidas de ese tipo a favor de condenados por crímenes de lesa humanidad como las dos matanzas por las que Fujimori (1990-2000) fue sentenciado.
El indulto fue anulado en octubre pasado, aunque Fujimori no volvió a prisión de inmediato, pues ingresó en una clínica por sufrir hipertensión y otros problemas de salud y permanece hospitalizado desde entonces.
Fujimori tiene además pendientes dos juicios en los que es señalado como autor mediato de otras dos matanzas de sospechosos de terrorismo, perpetrada, como las dos que lo llevaron a prisión, por un grupo militar de inteligencia que dependía de una cadena de mando en cuya cúspide estaba el entonces presidente.
Entretanto, una corte de apelaciones delibera su fallo ante la apelación de la hija del exgobernante, Keiko Fujimori, sometida en octubre último a prisión preventiva por 36 meses, en el marco de una investigación por lavado de activos en el manejo de fondos electorales de origen oculto o enmascarado.