Según un informe publicado en Al Monitor, de la autoría del columnista Akiva Eldar, “una decisión estratégicamente importante" fue cómo el ministro israelí de Justicia, Ayelet Shaked, categorizó la decisión -del 28 de agosto- del juez de la Corte de Distrito de Jerusalén, Arnon Darel.

El tribunal prohibió a las Fuerzas de Defensa de Israel evacuar varias casas en el asentamiento de Mitzpe Kramim en Cisjordania, a pesar de que estas casas fueron construidas en tierras privadas palestinas, legalizando así el puesto de avanzada.

Darel dictaminó que bajo la ley israelí, incluso las transacciones legalmente cuestionables podrían ser válidas si se realizaban de "buena fe", aceptando el argumento de los colonos y el estado de que cuando la tierra fue asignada para construir Mitzpe Kramim a fines de la década de 1990, ninguno de ellos era consciente de que era privado.

"Trabajando juntos intensamente hemos forjado un cambio en la política del estado", dijo Shaked, dándose palmaditas en la espalda y elogiando al fiscal general Avichai Mandelblit por anular la postura de su predecesor sobre el tema.

A pesar de la satisfacción de Shaked con la decisión previa, también sabe que la Corte Suprema podría anular el fallo del tribunal inferior en la apelación e instruir al estado para que restaure las tierras del puesto a sus propietarios (palestinos).

De acuerdo con Eldar, el ministro de Justicia seguramente consideró la posibilidad de que la excusa de "buena fe" no influya en los jueces de la corte superior cuando ponderan la angustia de los terratenientes.

Sin embargo, ella explicó la causa de su placer con el mensaje que transmitió a raíz del fallo a la Corte Suprema (al parecer dirigiéndose a los jueces de la Corte Suprema).

"La injusticia cometida en las evacuaciones de Amona y Netiv Ha'avot [puestos de avanzada] no debe repetirse", dijo Shaked, refiriéndose a los fallos de la Corte Suprema en los últimos años ordenando la evacuación de dos puestos avanzados construidos en tierras privadas palestinas.

El Tribunal de Distrito corrigió esos errores cuando "claramente se establecía que quienquiera que resolviera [la tierra] con la aprobación del estado y de buena fe, no sería desalojado", según sus palabras.

Mitzpe Kramim aparece en un informe histórico de 2005 sobre los puestos no autorizados de Israel compilado por la abogada Talia Sasson a pedido del entonces primer ministro Ariel Sharon.

El informe dice que el estado nunca ha adoptado una decisión que establezca este y otros puestos avanzados. El ministro de Defensa no autorizó el establecimiento de Mitzpe Kramim como una extensión de un asentamiento adyacente existente, no se realizó una planificación detallada para el puesto avanzado, y partes de él se ubicaron en tierras privadas palestinas.

Según Al Monitor, el informe implicaba al asesor del ministro de Defensa en los asentamientos, Ron Shechner, al violar la ley. Como resultado, el entonces Fiscal General Manny Mazoz, actualmente un juez de la Corte Suprema, ordenó el despido de Shechner. En 2012, Shechner fue nombrada directora del Consejo de Judea y Samaria, una organización coordinadora de los asentamientos israelíes en Cisjordania.

Adi Mintz, el predecesor de Shechner en ese post, le dijo a Haaretz en 2004 que todos los puestos de avanzada subieron en coordinación con los niveles más altos del gobierno. Incluso el presidente del Partido Laborista, Benjamín Ben-Eliezer, que se desempeñó como ministro de Defensa en el gobierno de Sharon, se unió a esta política y ordenó a su ministerio cooperar con tales decisiones. Según Mintz, en algún momento Sharon dio un giro en U, pero para entonces ya había 100 puestos de avanzada, algunos autorizados y otros en proceso de obtención de permisos.

Desde que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llegó al poder, los puestos avanzados han reanudado su trayectoria de crecimiento, expandiéndose y multiplicándose en coordinación con los niveles políticos al igual que en los buenos tiempos de Ariel Sharon.

Al dictaminar en septiembre de 2016 sobre la evacuación del puesto fronterizo de Netiv Ha'avot, los jueces de la Corte Suprema dijeron, no obstante, que "la participación de las autoridades en la construcción del puesto avanzado no debería afectar nuestra decisión".

Sasson, una fiscal estatal jubilada, destacó en su informe: "No hay forma de validar el establecimiento de un puesto avanzado en propiedad palestina privada, ni siquiera post factum".

Nueve años después, en su decisión sobre el puesto ilegal de Amona, el Tribunal Supremo también escribió que las estructuras erigidas en tierras privadas palestinas no podían ser validadas, "ni siquiera después del hecho".

El Informe Sasson, que recomendó una serie de medidas diseñadas para resolver la jungla legal en los territorios ocupados por Israel, ha estado acumulando polvo en los gabinetes del Ministerio de Justicia.

Shaked se jactó de que desde que asumió el cargo hace tres años, ella había estado trabajando para aprobar leyes y medidas administrativas que regulen el estado de los asentamientos israelíes, y sus trabajos "Sísifo" dieron sus frutos.

Entre las herramientas regulatorias que Shaked impulsó estaba la legislación de febrero que transfería la jurisdicción de la Corte Suprema sobre las peticiones presentadas por los palestinos de Cisjordania al Tribunal de Distrito de Jerusalén, una medida que resultó extremadamente efectiva por el fallo de Mitzpe Kramim.

Los trabajos de Sísifo a los que Shaked aludió se centran en sus esfuerzos por nombrar jueces con los mismos puntos de vista que los de HaBayit HaYehudi, su partido derechista de Casa Judía.

Mientras que los medios generalmente enfocan las deliberaciones del Comité de Nombramientos Judiciales con respecto a los candidatos a la Corte Suprema, Shaked también opera bajo el radar para impulsar los nombramientos de jueces religiosos y conservadores a los tribunales de Distrito y Magistrados de menor nivel.

El camino desde esos bancos hasta el tribunal superior del país es más corto. Hasta que, y si son promovidos a ese banco codiciado, se supone que los jueces de los tribunales inferiores otorguen los deseos judiciales del derecho político conservador.

El sistema de justicia de Israel ha tenido durante años un papel doble e ingrato, sirviendo a la vez como la hoja de parra externa de la ocupación de Israel y el saco de arena doméstico de los líderes de la ocupación. Para el mundo exterior, Israel se jacta de tener un sistema legal independiente.

En el interior, los líderes de derecha culpan a la corte por inclinarse hacia la izquierda y contra los colonos. Así, por ejemplo, a fines de julio el tribunal salvó al estado de sí mismo y de la vergüenza internacional, anulando una decisión que impedía que cinco pacientes con cáncer gravemente enfermos (familiares inmediatos de miembros de Hamas) salieran de Gaza para recibir tratamiento en el este de Jerusalén.

La decisión del tribunal revirtió lo que equivalía a una sentencia de muerte para estas mujeres. Esta decisión requerida resultó en un diluvio de insultos y juramentos domésticos. Numerosos fallos anteriores que legalizan la empresa de asentamiento y le permiten prosperar se olvidan cada vez que los jueces se atreven a desviarse del camino trazado por la derecha y los colonos.

La decisión de Mitzpe Kramim y otras similares nos acercan al día en que los palestinos y los defensores de los derechos humanos se niegan a participar más en el proceso legal fraudulento. Unas cuantas decisiones más "estratégicas" eliminarán la apariencia de decencia del régimen de ocupación y lo convertirán en una regla de apartheid de jure. Incluso un poder de alta tecnología líder en el mundo, como Israel, es incapaz de comerse la democracia y de hacerse valer ante el mundo como la única democracia en la región.