Japón cerró uno de los episodios más oscuros de su historia reciente este jueves con la ejecución de los últimos miembros de la secta Verdad Suprema, responsable de los ataques con gas sarín en el metro de Tokio, uno de los primeros atentados de terrorismo moderno y el más mortífero en la historia de ese país.

Seis integrantes del grupo religioso liderado por Shoko Asahara fueron sometidos a la horca  en diferentes centros penitenciarios del país asiático y se sumaron así a los otros siete ajusticiados el pasado 6 de julio, entre ellos el citado gurú de esta secta apocalíptica, según informó el Ministerio de Justicia de Japón.

Todos ellos fueron condenados a la pena capital por planear y ejecutar los atentados perpetrados en 1995 con gas sarín, que dejaron a seis mil 300 personas intoxicadas, 13 muertos y a decenas en estado casi vegetativo, o por su responsabilidad en otros asesinatos perpetrados por la secta.

Los atentados cometidos en varias estaciones del metro de Tokio fueron “un ataque indiscriminado contra vidas preciosas de civiles”, y “generaron un dolor y un sufrimiento inimaginable a las víctimas y a sus familias”, dijo la ministra de Justicia, Yoko Kamikawa, en rueda de prensa.

La Asociación nipona de Prevención y Rehabilitación de Sectas (JSCPR) había solicitado al Gobierno que condonara la pena capital a 12 de los sentenciados, todos a excepción del líder y fundador, con objeto de comprender mejor el funcionamiento de este tipo de organizaciones y prevenir nuevos atentados.

Fundada en 1984, Verdad Suprema (Aum Shinrikyo, en japonés) se convirtió en apenas una década en una temible organización y se la considera la primera en el mundo en desarrollar agentes químicos y biológicos y armas ligeras e incluso presentó una lista de candidatos a las elecciones generales de 1990 que no logró representación parlamentaria.

La ejecuciones llegan tras un proceso de más de 20 años en el que todos los implicados en los ataques han sido juzgados y condenados, y después de que el pasado enero el Tribunal Supremo rechazara el último recurso.

“Con la ejecución de los 13 miembros, quizás el caso está cerrado desde el punto de vista de la justicia criminal”, dijo Shizue Takahashi, viuda de un empleado de una estación de metro que murió en el atentado y presidenta de una asociación de víctimas.

Pero “el daño hecho a las víctimas continúa incluso después de las ejecuciones. Para mí es muy duro”, añadió.

La justicia japonesa ha procesado a unos 190 miembros de Aum por los atentados y otros crímenes relacionados (como el asesinato en 1989 del abogado Tsutsumi Sakamoto y su familia o el secuestro y homicidio del notario Kiyoshi Kariya en 1995).