El gobierno de la nación caribeña ha reiterado que no existen pruebas de que haya ocurrido un ataque contra funcionarios de la nación norteña en la isla.

Así también lo reconoció el senador republicano por el estado norteamericano de Arizona Jeff Flake, quien el viernes se reunió en la capital cubana con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

En declaraciones a la prensa, el también miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta afirmó que las autoridades de Estados Unidos no han hallado evidencias de que los diplomáticos hayan sido víctimas de ataques con un arma desconocida.

Subrayó que en sus múltiples viajes a La Habana, los agentes del Buro Federal de Investigaciones (FBI) no encontraron pruebas de que las misteriosas enfermedades sean resultado de ‘ataques’, a pesar de que el gobierno de Trump ha descrito los incidentes como tales.

Flake agregó que los informes clasificados de los funcionarios estadounidenses le han dejado sin razones para dudar de la versión del gobierno cubano.

La historia de diplomáticos que habrían sufrido migraña, mareo, pérdida de la audición y lesiones cerebrales leves durante su trabajo en Cuba saltó a los medios de comunicación en agosto pasado; el primero de los supuestos incidentes se remonta a noviembre del 2016 y el último a hace pocos meses.

A fines de septiembre, el departamento de Estado ordenó la retirada del 60 por ciento del personal de la embajada en Cuba y poco tiempo después la Casa Blanca anunció medidas que restringen los viajes individuales a la isla, aprobados durante el gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017).

Las autoridades del país caribeño continúan la investigación y concluyeron preliminarmente que no existe evidencia alguna sobre la ocurrencia de los incidentes reportados, ni de las causas y el origen de las afecciones de salud notificadas por diplomáticos y sus familiares.

De acuerdo con el canciller Rodríguez, Cuba desea llegar a la verdad y que un tema sensible como la salud de las personas no se tome como pretexto para adoptar medidas de naturaleza política destinadas a dañar los progresos alcanzados en las relaciones bilaterales.