La ciudad de Alfaron, Montecristi, Ecuador, fue el escenario para que el ELN y el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) se reunieran por dos días y ratificaran su deseo de conquistar la paz en Colombia, orientada siempre hacia la búsqueda de la equidad, soberanía, la verdad y la democracia.

En un texto difundido expresaron su firme decisión de llegar a la paz completa y a los cambios y transformaciones que anhela la mayoría de los colombianos y colombianas.

Las  FARC y el ELN acordaron así trabajar juntos en la defensa de la paz.

En el marco de esta convicción decidieron crear un mecanismo entre las dos fuerzas, "cuyos resultados estaremos informando al gobierno, al país y a la comunidad internacional".

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que avaló el diálogo en Ecuador entre la que fue la mayor y más antigua guerrilla del continente y el aún beligerante Ejército de Liberación Nacional (ELN), calificó de positiva la determinación de ambas fuerzas de trabajar juntas a favor de la paz.

A nosotros nos parece muy útil y conveniente que un grupo alzado reciba testimonios de que "sí se puede llegar a una paz digna y reincorporarse a la vida democrática de la política", declaró a la radio local el jefe negociador del gobierno en Quito, Juan Camilo Restrepo.

Pese a estas declaraciones y el reconocimiento por parte de las FARC y el ELN de los avances logrados en los últimos años, han expresado su rechazo a la persecución.

Advierten que dicha persecución se ve  "manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y el asesinato de treinta excombatientes de las FARC”.

De igual forman, denunciaron que tales hechos en su mayoría permanecen en la impunidad, al tiempo que la Fiscalía General de la Nación insiste de manera equivocada en no hallar conexión en los mismos.

Consideraron que el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz de Colombia, la sociedad y la democracia, y por esa razón instaron a adoptar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo.

Organizaciones populares y defensoras de los derechos humanos iniciaron un paro por tiempo indefinido en zonas rurales de Colombia en demanda de la implementación del proceso de paz y en rechazo al asesinato de líderes sociales y de campesinos que se oponen a la erradicación forzosa de plantaciones de coca.

Al respecto, la Declaración de Montecristi señala que la solución al complejo problema de los cultivos de uso ilícito no puede seguir siendo un tratamiento exclusivamente represivo para dar cumplimiento a compromisos adquiridos con Estados Unidos.