En aquel momento, las fuerzas comandadas por Ariel Sharon, entonces ministro de Defensa, coordinaron el ingreso a los campamentos de las milicias libanesas para que perpetraran el acto de genocidio contra una población mayormente compuesta por adolescentes, niños y mujeres.

Sabra y Chatila eran dos campos de las Naciones Unidas para albergue de los refugiados palestinos, en los arrabales de la ciudad de Beirut, capital del Líbano, que quedaron bajo control y jurisdicción del Ejército de Israel como resultado de la invasión sionista a Líbano. Por tanto, de acuerdo con las Convenciones Internacionales respectivas, el régimen de Israel  debió garantizar la vida de los moradores de esos dos campamentos.

Como resultado de una conspiración tramada por el Ejército ocupación se produjo la masacre contra esa población civil con un saldo aproximado de tres mil víctimas.

Esta criminal acción recibió el repudio mundial. Voces en todo el mundo reclamaron el  esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables.

Fue así que se crearon varios grupos de investigación, uno, la comisión ad hoc del gobierno de sionista, y otro, integrado por prestigiosos juristas de Estados Unidos, Canadá, Francia, Sudáfrica e Irlanda.

La primera, como era de esperar, intentó en todo momento desconocer las responsabilidades del Ejército de su país, la segunda reveló pormenores de la complicidad.

Aquel crimen generó las más diversas iniciativas legales y judiciales para llevar ante la justicia a los responsables, pero Israel y Estados Unidos presionaron para evitarlo.

Hoy, a 34 años después, mientras el dolor continúan en el seno de la patria palestina, los autores de la masacre gozan de total impunidad.