¿Cómo se gestó el golpe contra la democracia en Brasil?
En Brasil la democracia quedó atrás. La mayoría corrupta en el Senado de ese país votó por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Como dijera el analista político Darío Pignotti, acaba de nacer un régimen de la mano del establishment económico, judicial y mediático, que se impuso por un juicio político durante el cual no fue presentada prueba alguna de delitos atribuidos a Rousseff.
El golpe parlamentario-judicial contra Dilma forma parte de un escala contra la integración latinoamericana, iniciada en el 2009 con el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya, en 2009, y posteriormente contra el paraguayo Fernando Lugo en 2014, mediante un juicio político express.
Independientemente de que estos llamados golpes blandos persiguen erosionar la unidad latinoamericana y frenar el empuje de las fuerzas antihegemónicas, cada uno de ellos tiene sus particularidades. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Cómo se gestó este golpe contra la democracia en Brasil?
Para acercanos a profundidad a este tema, Al Mayadeen reproduce a continuación un trabajo difundido por Telesur, titulado Cinco preguntas sobre el golpe de Estado contra Dilma Rousseff.
¿Quién estuvo detrás del golpe parlamentario contra la mandataria?
El pasado 12 de febrero del 2015, Eduardo Cuhna, en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aceptó el pedido de apertura del proceso de destitución contra la presidenta Rousseff. Cunha aceptó la solicitud presentada por los abogados y juristas Hélio Bicudo, fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, Miguel Reale Junior, exministro del Gobierno de Fernando Enrique Cardoso y Janaína Paschoal.
Posteriormente, en mayo del 2016 el Senado votó a favor del juicio político contra la mandataria, esto forzó la separación de su cargo por un periodo de 180 días.
Durante este período se analizaron las pruebas que supuestamente vinculaban a la presidenta apartada con las nombradas “pedaladas fiscales”, lo que supone que el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que presuntamente fueron utilizadas para pagar programas sociales antes de la reelección en el 2014.
Rousseff decidió en julio del 2016 no comparecer ante el Senado brasileño, debido, en parte, a la falta de pruebas sólidas sobre el supuesto crimen de responsabilidad del cual fue acusada.
Para entonces, un informe presentado por técnicos del Senado exculpaba a Rousseff de las acusaciones por maniobras fiscales, las cuales supusieron una de las causas que llevaron a la apertura del juicio político. Según el informe, no existía una acción directa que hubiera contribuido al atraso de 3,5 millones de reales (1 millón 036 mil 390 dólares) en pago a los bancos públicos por parte del Tesoro Nacional Brasileño.
¿Cuáles son los otros señalamientos hacia Rousseff?
Además de las “pedaladas fiscales”, práctica que permite mejorar de forma engañosa las cuentas del Gobierno Federal, elevando el gasto público para financiar programas sociales.
Rousseff también fue acusada de dictar tres decretos sin aprobación legislativa, ignorando las metas fiscales aprobadas previamente por el Congreso, una estrategia contable que, según la defensa de Rousseff, fue utilizada anteriormente por varios Gobiernos que están en la oposición.
La denuncia original incluía denuncias de corrupción relacionadas con el fraude a Petrobras, que fueron excluidas por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien se centró en las faltas fiscales. Sin embargo, la defensa de la presidenta apartada calificó el juicio político culminado este miércoles, 31 de agosto, como una “farsa” porque no se le probaron casos de corrupción vinculados al escándalo de Petrobras y los argumentos de la parte acusatoria eran “débiles”.
La defensa aseguró que Rousseff hubiera ganado el juicio en un tribunal “normal”.
¿Golpe de Estado o impeachment?
“Cuando una presidenta electa es juzgada bajo la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da a eso en el mundo democrático no es impeachment, es golpe”, sentenció en mayo pasado la primera Presidenta electa en Brasil.
Mientras que el abogado general de la República, José Eduardo Cardozo, ha reiterado que Rousseff no incurrió en delito de responsabilidad, por lo cual, no debería desarrollarse el proceso.
Durante su defensa del 12 de mayo, cuando el Senado aprobó el impeachment, Cardozo resaltó: “Se está cometiendo una injusticia histórica en la que procedimientos como el derecho de defensa son usados para dar legitimidad a un proceso que viola la Constitución”.
Asimismo, el abogado manifestó anteriormente que Rousseff no debió ser juzgada por el Congreso, dado el sistema presidencialista que hay en Brasil.
El especialista agregó que solo el Tribunal Supremo puede juzgar al presidente de la República, y añadió que no existe el juicio político “a menos que sea una situación muy grave”, un caso excepcional.
¿Qué sigue ahora para Rousseff?
Michael Mohallem, analista en la universidad FGV de Río de Janeiro, señaló que habrá una “lectura del proceso, usado como instrumento para favorecer a un grupo político, para llevar a Michel Temer y al PMDB al poder de un modo no tan legítimo como hubieran sido las urnas”.
Pero destacó que, por otra parte, la campaña mediática también intentará hacer ver a la mandataria como “una figura ambigua: va a ser vista como una villana desde el punto de vista de la gestión, como una mala gobernante, que no supo dialogar con el Congreso”.
Rousseff afirmó este miércoles en una rueda de prensa que recurrirá al Supremo Tribunal de Brasil para anular la decisión de llevar al poder al Michel Temer sin un solo voto popular a favor.
A pesar de haber sigo destituida, Rousseff podrá acceder a cargos públicos. Igualmente, Rousseff aseguró que para el PT “aún existen posibilidades de regresar al poder”.
A pesar de haber sido destituida por el Senado de Brasil no se conoce que hará la mandataria apartada. Rousseff actualmente continúa viviendo en el Palacio da Alvorada, el mismo que tendrá que desocupar próximamente, sin embargo, esto no tienen un tiempo establecido, por lo que se espera que la mandataria resida allí hasta que pueda regresar a su departamento en Porto Alegre.
¿Qué presidentes apoyaron el proceso de golpe parlamentario contra Rousseff?
A pesar de las protestas contra el golpe de Estado, reprimidas por la policía federal de Brasil, algunos jefes de Estado han mostrado su respaldo al proceso y han reconocido como legítimo al presidente interino Michel Temer.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue el primero en mostrar su “respeto” en relación al impeachment.
“Ante los sucesos registrados en Brasil el Gobierno argentino manifiesta que respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña”, apuntó en un comunicado en mayo pasado.
Por su parte, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, ha mantenido diálogos con Temer sobre la presidencia pro témpore de Venezuela en el Mercado Común del Sur (Mercosur), situación a la cual se opone el paraguayo junto con Argentina.
Fue la oposición brasileña, liderada por el PSDB y el PMDB, que antiguamente formaba coalición con el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, los que respaldaron el juicio político.
El golpe parlamentario-judicial contra Dilma forma parte de un escala contra la integración latinoamericana, iniciada en el 2009 con el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya, en 2009, y posteriormente contra el paraguayo Fernando Lugo en 2014, mediante un juicio político express.
Independientemente de que estos llamados golpes blandos persiguen erosionar la unidad latinoamericana y frenar el empuje de las fuerzas antihegemónicas, cada uno de ellos tiene sus particularidades. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Cómo se gestó este golpe contra la democracia en Brasil?
Para acercanos a profundidad a este tema, Al Mayadeen reproduce a continuación un trabajo difundido por Telesur, titulado Cinco preguntas sobre el golpe de Estado contra Dilma Rousseff.
¿Quién estuvo detrás del golpe parlamentario contra la mandataria?
El pasado 12 de febrero del 2015, Eduardo Cuhna, en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aceptó el pedido de apertura del proceso de destitución contra la presidenta Rousseff. Cunha aceptó la solicitud presentada por los abogados y juristas Hélio Bicudo, fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, Miguel Reale Junior, exministro del Gobierno de Fernando Enrique Cardoso y Janaína Paschoal.
Posteriormente, en mayo del 2016 el Senado votó a favor del juicio político contra la mandataria, esto forzó la separación de su cargo por un periodo de 180 días.
Durante este período se analizaron las pruebas que supuestamente vinculaban a la presidenta apartada con las nombradas “pedaladas fiscales”, lo que supone que el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que presuntamente fueron utilizadas para pagar programas sociales antes de la reelección en el 2014.
Rousseff decidió en julio del 2016 no comparecer ante el Senado brasileño, debido, en parte, a la falta de pruebas sólidas sobre el supuesto crimen de responsabilidad del cual fue acusada.
Para entonces, un informe presentado por técnicos del Senado exculpaba a Rousseff de las acusaciones por maniobras fiscales, las cuales supusieron una de las causas que llevaron a la apertura del juicio político. Según el informe, no existía una acción directa que hubiera contribuido al atraso de 3,5 millones de reales (1 millón 036 mil 390 dólares) en pago a los bancos públicos por parte del Tesoro Nacional Brasileño.
¿Cuáles son los otros señalamientos hacia Rousseff?
Además de las “pedaladas fiscales”, práctica que permite mejorar de forma engañosa las cuentas del Gobierno Federal, elevando el gasto público para financiar programas sociales.
Rousseff también fue acusada de dictar tres decretos sin aprobación legislativa, ignorando las metas fiscales aprobadas previamente por el Congreso, una estrategia contable que, según la defensa de Rousseff, fue utilizada anteriormente por varios Gobiernos que están en la oposición.
La denuncia original incluía denuncias de corrupción relacionadas con el fraude a Petrobras, que fueron excluidas por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien se centró en las faltas fiscales. Sin embargo, la defensa de la presidenta apartada calificó el juicio político culminado este miércoles, 31 de agosto, como una “farsa” porque no se le probaron casos de corrupción vinculados al escándalo de Petrobras y los argumentos de la parte acusatoria eran “débiles”.
La defensa aseguró que Rousseff hubiera ganado el juicio en un tribunal “normal”.
¿Golpe de Estado o impeachment?
“Cuando una presidenta electa es juzgada bajo la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da a eso en el mundo democrático no es impeachment, es golpe”, sentenció en mayo pasado la primera Presidenta electa en Brasil.
Mientras que el abogado general de la República, José Eduardo Cardozo, ha reiterado que Rousseff no incurrió en delito de responsabilidad, por lo cual, no debería desarrollarse el proceso.
Durante su defensa del 12 de mayo, cuando el Senado aprobó el impeachment, Cardozo resaltó: “Se está cometiendo una injusticia histórica en la que procedimientos como el derecho de defensa son usados para dar legitimidad a un proceso que viola la Constitución”.
Asimismo, el abogado manifestó anteriormente que Rousseff no debió ser juzgada por el Congreso, dado el sistema presidencialista que hay en Brasil.
El especialista agregó que solo el Tribunal Supremo puede juzgar al presidente de la República, y añadió que no existe el juicio político “a menos que sea una situación muy grave”, un caso excepcional.
¿Qué sigue ahora para Rousseff?
Michael Mohallem, analista en la universidad FGV de Río de Janeiro, señaló que habrá una “lectura del proceso, usado como instrumento para favorecer a un grupo político, para llevar a Michel Temer y al PMDB al poder de un modo no tan legítimo como hubieran sido las urnas”.
Pero destacó que, por otra parte, la campaña mediática también intentará hacer ver a la mandataria como “una figura ambigua: va a ser vista como una villana desde el punto de vista de la gestión, como una mala gobernante, que no supo dialogar con el Congreso”.
Rousseff afirmó este miércoles en una rueda de prensa que recurrirá al Supremo Tribunal de Brasil para anular la decisión de llevar al poder al Michel Temer sin un solo voto popular a favor.
A pesar de haber sigo destituida, Rousseff podrá acceder a cargos públicos. Igualmente, Rousseff aseguró que para el PT “aún existen posibilidades de regresar al poder”.
A pesar de haber sido destituida por el Senado de Brasil no se conoce que hará la mandataria apartada. Rousseff actualmente continúa viviendo en el Palacio da Alvorada, el mismo que tendrá que desocupar próximamente, sin embargo, esto no tienen un tiempo establecido, por lo que se espera que la mandataria resida allí hasta que pueda regresar a su departamento en Porto Alegre.
¿Qué presidentes apoyaron el proceso de golpe parlamentario contra Rousseff?
A pesar de las protestas contra el golpe de Estado, reprimidas por la policía federal de Brasil, algunos jefes de Estado han mostrado su respaldo al proceso y han reconocido como legítimo al presidente interino Michel Temer.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue el primero en mostrar su “respeto” en relación al impeachment.
“Ante los sucesos registrados en Brasil el Gobierno argentino manifiesta que respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña”, apuntó en un comunicado en mayo pasado.
Por su parte, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, ha mantenido diálogos con Temer sobre la presidencia pro témpore de Venezuela en el Mercado Común del Sur (Mercosur), situación a la cual se opone el paraguayo junto con Argentina.
Fue la oposición brasileña, liderada por el PSDB y el PMDB, que antiguamente formaba coalición con el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, los que respaldaron el juicio político.
