Los establecimientos penitenciaros y carcelarios de Colombia presentan un nivel de deterioro y unas limitaciones en espacios comunes, dormitorios o baños que afectan a la salud de las personas privadas de la libertad. Las deficiencias en infraestructura se traducen en hacinamiento, problemas con el suministro de agua, iluminación y ventilación.

Estas son algunas de las principales conclusiones de una investigación que analizó la situación de las cárceles del país entre 1993 y 2018. Su autor, Víctor Hugo Piñeros, doctor en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), lo califica como un problema desatendido, estructural y complejo. 

Salud mental y enfermedades contagiosas

Para su trabajo doctoral, realizó el análisis en profundidad de 467 documentos entre anuarios generales de estadística, Constitución Política de 1986 y 1991, códigos penales, decretos, resoluciones, sentencias de la Corte Constitucional, informes de la Defensoría del Pueblo, Planes Nacionales de Desarrollo de 1966 a 2018, e informes de la Procuraduría.

Así, identificó que los casos de trastornos psiquiátricos son siete veces mayores en las personas privadas de la libertad que en la población general, la mayoría por trastornos del afecto.

“Los problemas de salud mental se cuentan entre las principales causas de pérdida de salud de esta población. Son comunes las dificultades de convivencia permanente, abusos de poder, violencia y consumo de sustancias psicoactivas e intento de suicidio”, señala el doctor Piñeros.

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En relación con los problemas nutricionales, encontró que, en 2014, por ejemplo, se presentaron 20 brotes de enfermedad diarreica, síntoma de enfermedades trasmitidas por alimentos.

“El 35 por ciento de los casos se atribuyó al servicio de alimentos, el 35 por ciento a los alimentos ‘sin control’ sanitario, el 18 por ciento al consumo de agua sin tratamiento adecuado y el 12 por ciento a casos indeterminados”, agrega el especialista.

De igual manera, los documentos analizados muestran que las deficientes condiciones espaciales y sociales de las cárceles determinan la incidencia de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar y altas tasas de conversión durante la permanencia en los penales.

“En concreto, en ciudades como Medellín y Bucaramanga se encontró que la incidencia de la tuberculosis fue 20 veces mayor en los centros de reclusión que en la población general”.

Las mujeres presentan necesidades específicas relacionadas con afecciones ginecológicas, salud sexual y reproductiva y problemas de salud mental. “Un porcentaje importante de mujeres privadas de la libertad manifestó condiciones precarias de vida en prisión (sin cama, presencia de plagas en dormitorios) y dificultades de acceso a los servicios de salud”.

Crisis estructural

El doctor subraya que la situación en las cárceles representa un riesgo no solo para las personas privadas de la libertad, sino también para sus familias, el cuerpo de vigilancia y custodia, y para la salud pública.

Sugiere un trabajo conjunto y articulado entre las autoridades nacionales y territoriales para solventar el rezago del sistema de prisiones en cuanto a infraestructura, condiciones de vida, mínimo vital, programas de resocialización y servicios al pospenado.

“Aunque en el periodo estudiado se identificaron mejoras institucionales, todavía existe una contradicción entre la ley y la realidad, una inacción administrativa, en la que no se cambian el paradigma ni los modelos para mejorar la vida de estas personas”, concluye el especialista.