Crimen de Estado: México hace un anuncio en el caso de Ayotzinapa

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La desaparición de 43 estudiantes mexicanos en 2014 fue un “crimen de Estado”, que involucró a todos los niveles de gobierno, según informó el jueves una investigación oficial. Se trata de la admisión más profunda de responsabilidad gubernamental en una de las atrocidades más conocidas de la historia moderna de México.

“En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes”, dijo una comisión de la verdad en sus hallazgos preliminares. “Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”.

El secuestro violento y la desaparición de los jóvenes, estudiantes de una normal en el pueblo rural de Ayotzinapa, y un posterior encubrimiento que la comisión confirmó que se extendía a algunos de los más altos cargos nacionales, han sido durante mucho tiempo fuente de indignación nacional. El caso también ilustra la carnicería impulsada por los cárteles y la insidiosa corrupción estatal que continúan azotando al país.

Los estudiantes se encuentran entre las más de 100 mil personas no ubicadas o que se consideran desaparecidas en todo el país y que son testimonio de la crueldad de los grupos del crimen organizados, conocidos por disolver cadáveres en recipientes de ácido o calcinar cuerpos hasta dejarlos hechos cenizas.

“Es muy importante que el gobierno ponga tanto énfasis en este caso puesto que es complicado; fue una desaparición en masa en la que fuerzas de seguridad de todos los niveles de gobierno se coludieron con una organización criminal”, dijo Maureen Meyer, vicepresidenta de programas en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de investigación.

“Pero es importante que el gobierno también se enfoque en resolver las decenas de miles de desapariciones que han sucedido en todo el país y en poner fin a la impunidad que continúa ayudando a impulsar estos delitos”.

Llegar al fondo de la desaparición de los estudiantes fue una promesa clave de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en una de las primeras acciones de su gobierno, creó la comisión de la verdad para investigar la probable masacre y encubrimiento.

Solo los restos de tres estudiantes han sido identificados. No hay indicios de que ninguno de los otros jóvenes estén con vida, concluyó la investigación. “Todos los testimonios y evidencias, acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, en una conferencia de prensa donde se dieron a conocer los hallazgos.

Las conclusiones preliminares de la comisión ofrecen una tenue esperanza de que el país esté un poco más cerca de resolver un crimen atroz que conmocionó a la nación, incluso si aún hay dudas por la falta de avances significativos: a la fecha, no ha habido condenas relacionadas con la desaparición de los estudiantes.

Encinas dio a conocer que el gobierno había emitido órdenes de aprehensión contra 33 exfuncionarios vinculados con el caso, pero no quiso proporcionar sus nombres, indicando que la investigación seguía en curso.

El viernes, la oficina de la fiscalía dijo que había arrestado al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien supervisó el encubrimiento de la desaparición de los estudiantes. Murillo fue detenido afuera de su casa “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso ‘Ayotzinapa’, dijo la fiscalía en un comunicado.

En la noche en que desaparecieron, los estudiantes habían tomado el control de varios autobuses –una tradición que por lo general las empresas de transporte local toleraban— para trasladar a sus compañeros a una protesta en Ciudad de México en conmemoración de otra tragedia estudiantil: la masacre de Tlatelolco de 1968, cuando decenas de manifestantes fueron abatidos por las fuerzas del gobierno.

Pero poco después de tomar los autobuses en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de Ciudad de México, los estudiantes fueron interceptados por agentes de la policía municipal y otros hombres armados que los obligaron a bajar de los vehículos, dispararon a algunos y se llevaron al resto en la oscuridad. Se sabe poco de lo que sucedió después de eso.

Alrededor de las 10:45 p. m. de esa noche, “tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes”, dice el reporte de la comisión, sin indicar quién giró la instrucción.

Si bien se conocía que las fuerzas policiales habían participado en la desaparición de los estudiantes, un grupo delictivo local llamado Guerreros Unidos también fue pieza clave en la desaparición, según las autoridades, con “un amplio número de sicarios” que operaban con “con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado”.

El gobierno también confirmó que un informante del Ejército había estado infiltrado entre los estudiantes en el momento de la desaparición, lo que significa que las autoridades monitoreaban sus movimientos desde antes de que ocurriera el ataque, algo que ya había sido reportado por medios locales. Lo anterior abre la posibilidad de que el ejército supiera en su momento que algo terrible había sucedido.

Sin embargo, los comandos militares “no realizaron acciones” para hallar al informante, quien permanece entre los 43 estudiantes desaparecidos, dijo Encinas.

La participación de los militares en la desaparición de los estudiantes, algo que los grupos de derechos humanos habían denunciado durante mucho tiempo, llega en un momento delicado para López Obrador, quien ha otorgado más autoridad a los militares.

El presidente ha desplegado tropas regulares en todo el país para realizar funciones de seguridad y ha creado una Guardia Nacional de 100 mil efectivos que, aunque técnicamente es una fuerza civil, se incorporaría a la Secretaría de Defensa.

El ejército también ha sido desplegado para una cantidad cada vez mayor de tareas gubernamentales, incluida la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la construcción de un tren turístico en el sur del país y la distribución de vacunas durante la pandemia de coronavirus.

Los hallazgos de la comisión de la verdad destacan el papel del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el intento de ocultar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes y la participación del gobierno.

“Este es un caso difícil de resolver debido a la obstrucción de justicia y a la manipulación de testigos y evidencia que sucedió en la gestión anterior”, dijo Meyer. “Este gobierno le está diciendo al público, con esta comisión, que el caso tal vez jamás sea resuelto”.

En 2015, después de unos meses de investigación, la procuraduría general de México informó que las autoridades municipales se habían llevado a los estudiantes a instancias de una pandilla local que luego los mató e incineró sus cuerpos en un basurero.

Sin embargo, esa conclusión ha sido cuestionada casi unánimemente por expertos internacionales, quienes han encontrado numerosas inconsistencias en las conclusiones oficiales. Encinas redobló esa crítica el jueves: que la investigación “fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos”.