Bush, Guantánamo y el Estado de derecho
La semana pasada, el juez militar que preside los únicos casos en Guantánamo relacionados con el 11 de septiembre, suspendió todas las audiencias previas al juicio y la fecha del juicio en espera de negociaciones de declaración de culpabilidad.
La semana pasada, el gobierno estadounidense anunció que no quiere enjuiciar a Khalid Shaikh Mohammed y cuatro de sus colegas que, según afirma, son los conspiradores restantes de los ataques del 11 de septiembre.
Los cinco están en espera de juicio en la ilegal Base Naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba. Las acusaciones son que estos cinco hombres conspiraron para cometer asesinatos en masa, un delito capital. Aunque la conspiración no es un crimen de guerra, los federales planean juzgar a estos acusados ante un tribunal militar según las reglas utilizadas en los juicios penales federales.
Los cinco estuvieron detenidos entre 2003 y 2006 en sitios negros de la CIA, donde fueron recluidos en régimen de aislamiento y torturados atrozmente. Después de que concluyó la tortura de la CIA, los cinco fueron transferidos a custodia militar en Guantánamo en 2006.
Allí, las torturas se reanudaron hasta que llegaron agentes del FBI para interrogarlos. A pesar de todas sus fallas en otros casos, el FBI puso fin a la tortura militar y al confinamiento solitario.
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Las decisiones de hacer que la CIA torture a estos detenidos, de no acusarlos de delitos capitales en los tribunales de distrito ederal de los EE. UU. como lo ordena la Constitución, de implementar la tortura militar, de acusar a estas personas de delitos no reconocidos por las leyes de guerra ante tribunales militares, para hundir el sistema de jurado constitucionalmente ordenado, y para mantener al Departamento de Justicia fuera de estos casos fueron hechos por el entonces presidente George W. Bush, lo cual desafía la Constitución.
Después de 12 años de litigios y numerosos cambios en los equipos de acusación y los jueces que escuchan el caso, como resultado de la profunda incompetencia de Bush, los federales están renunciando a juzgar a estos hombres.
Aquí está la historia de fondo.
La garantía del debido proceso en la Declaración de Derechos protege a las personas, no solo a los estadounidenses. La única excepción a este principio son los crímenes contra las leyes de la guerra. Si Estados Unidos está en guerra con el gobierno de un país extranjero y sus agentes o tropas dañan a civiles estadounidenses, incluso entonces, se aplica el debido proceso básico, aunque los tratados en los que Estados Unidos es parte permiten tribunales militares como sede para los juicios de crímenes de guerra.
Si los delitos son cometidos por civiles extranjeros contra civiles estadounidenses en Estados Unidos, el lugar para el enjuiciamiento de los civiles extranjeros es el tribunal de distrito federal que se encuentra físicamente más cerca de las escenas de los delitos. En el caso del 11 de septiembre, eso sería Manhattan para las World Trade Towers; Arlington, Virginia, por el Pentágono; y el centro de Pensilvania por el accidente en Shanksville.
Pero Bush no aceptaría nada de esto. Debe haber estado aterrorizado de que lo llamaran a rendir cuentas por sus fallas el 11 de septiembre, de ahí su beligerancia en Afganistán e Iraq, sus órdenes de tortura criminal y su firme determinación de que los detenidos del 11 de septiembre no tengan juicios justos con jurado. sino más bien tribunales militares, donde, a su manera primitiva de pensar, los detenidos tenían más probabilidades de ser condenados rápidamente y condenados a muerte.
La semana pasada, el juez militar que preside estos casos, los únicos casos en Guantánamo relacionados con el 11 de septiembre, suspendió todas las audiencias previas al juicio y la fecha del juicio en espera de negociaciones de declaración de culpabilidad. El gobierno, que busca la pena de muerte y aún no ha mostrado públicamente su mano, afirma que las pruebas de culpabilidad de estos acusados son abrumadoras.
Si las afirmaciones del gobierno son verdaderas, ¿por qué la suspensión de las negociaciones de declaración de culpabilidad?
Entra Majid Khan. Khan es un joven nacido en Pakistán y criado en Estados Unidos que fue torturado por la CIA durante tres años y luego llevado a Guantánamo. El cargo en su contra fue la entrega de dinero en efectivo a colegas en Indonesia que usaron el dinero para destruir un hotel en Yakarta en el que murieron algunos estadounidenses. En lugar de impugnar los cargos en su contra, Khan se declaró culpable.
Debido a que el gobierno lo había acusado de un delito capital, cómplice de asesinato, tenía derecho a una audiencia ante un jurado que lo sentenciaría.
En la audiencia de sentencia de Khan, le contó a su jurado militar las horribles torturas que le infligió la CIA en uno de sus sitios negros en el extranjero. El gobierno no presentó evidencia para contradecir el testimonio de Khan. Esta puede haber sido la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un acusado criminal afirmó que el gobierno lo torturó y el gobierno no cuestionó esas afirmaciones.
Al final del juicio, el jurado condenó a Khan a 26 años de prisión, pero siete de los ocho miembros del jurado le escribieron al juez para pedirle que lo sentenciara a tiempo cumplido. La razón declarada de esta solicitud de clemencia sin precedentes de un jurado militar fue la tortura de Khan. Fue condenado a tiempo cumplido y puesto en libertad.
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Ahora, volvamos a Khalid Shaikh Mohammed. Fue torturado durante cuatro años durante los cuales la CIA y los militares utilizaron las mismas técnicas con él que con Khan. El gobierno teme que Mohammed, que ahora habla inglés con fluidez, pueda relatar a su jurado y al público ya la prensa en su juicio los horrores que el gobierno le infligió.
El gobierno también teme la articulación de Mohammed de una defensa de necesidad, que le permitiría a él y a sus testigos expertos mostrar todos los errores que el gobierno de EE. la administración de Eisenhower.
¡Mira lo que ha hecho George W. Bush! El presidente Joe Biden tiene una opción de Hobson: aceptar una súplica de cadena perpetua o permitir un juicio en el que se destroce la política exterior estadounidense. La insondable ignorancia de Bush de los principios básicos de la ley, su determinación escolar de parecer duro y su voluntad de torturar y masacrar para desviar los ojos de la historia de su propia incapacidad para ver venir el 11 de septiembre han provocado injusticias monumentales.
Guantánamo debe ser cerrado, Bush debe ser juzgado por crímenes de guerra y el estado de derecho debe volver a todos los procesamientos.