Corte Suprema mantiene por ahora la prohibición de entrada a migrantes
La prohibición sobre inmigración de la era de Trump seguirá vigente hasta que la Corte Suprema retome el caso en febrero
La Corte Suprema de los Estados Unidos mantendrá en vigor una orden de la era de Trump que prohíbe a la mayoría de los inmigrantes reclamar asilo después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México mientras considera los argumentos sobre si un grupo de estados dirigidos por republicanos podrán defender la política.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, los jueces designados por Trump, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, y los jueces designados por el Partido Republicano, Samuel Alito y Clarence Thomas, votaron a favor de conceder una solicitud de los estados, encabezados por Arizona, para escuchar el caso. Se trata de la apelación de un fallo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia que deniega la solicitud de intervención de los estados para anular la orden de un juez federal con sede en el Distrito de Columbia que anuló la política, conocida como Título 42.
La corte de distrito determinó que la orden de 2020 que bloqueaba la mayor parte de la migración a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México había sido arbitraria y caprichosa y ordenó al gobierno federal que dejara de expulsar a los solicitantes de asilo bajo la política de la era de Trump. Los estados liderados por republicanos buscan mantener la orden del Título 42 —emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades como parte de un decreto de emergencia con el argumento de que los migrantes podrían llevar el covid-19 a los Estados Unidos— porque permite que el gobierno expulse a la gran mayoría de migrantes sin tener que escuchar sus solicitudes de asilo.
En una orden sin firmar, la mayoría de cinco jueces señaló que la orden que anula la política del Título 42 permanecerá en vigor hasta al menos febrero de 2023, cuando el gobierno y los estados liderados por el Partido Republicano discutirán si los estados pueden intervenir a favor de la política de la era de Trump contra el gobierno federal.
“Esta prórroga impide dar efecto a la orden de la Corte de Distrito que anula la política del Título 42; la prórroga en sí no impide que el gobierno federal tome alguna medida con respecto a dicha política”, observó la corte.
En una opinión separada que discrepa de la mayoría, el juez Neil Gorsuch, designado por Trump, junto con la miembro más nueva de la corte, la jueza Ketanji Brown Jackson, escribió que considera que la decisión de la mayoría es “imprudente”.
“Las mentes razonables pueden estar en desacuerdo sobre los méritos de la decisión de intervención del Circuito de D.C. Pero esa decisión específica del caso no es de especial importancia por derecho propio y normalmente no justificaría una revisión acelerada”, él escribió. Agregó que es “confuso” lo que la corte “podría lograr” con respecto a los méritos de la orden del Título 42 en sí porque la orden de emergencia en la que se basó expiró hace tiempo.
“Los estados pueden cuestionar si el gobierno siguió los pasos administrativos correctos antes de emitir esta decisión… Pero no discuten seriamente que la justificación de salud pública que sustenta las órdenes del Título 42 ya expiró. Y no es obvio por qué deberíamos apresurarnos a revisar un fallo sobre una moción para intervenir en un caso relacionado con decretos de emergencia que ya no son válidos”, escribió.
Señaló que la “única razón plausible” que él puede discernir por la que la mayoría decidió intervenir es mitigar la crisis migratoria que se desarrolla actualmente en la frontera, donde se espera que miles de migrantes crucen a los Estados Unidos una vez que expire la orden del Título 42.
“Las cortes no deberían dedicarse a perpetuar edictos administrativos concebidos para una emergencia solo porque los funcionarios electos no han abordado una emergencia diferente. Somos una corte de justicia, no legisladores de último recurso”, declaró.
El Título 24 forma parte de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944 y otorga a las autoridades federales la facultad de denegar la entrada de personas y productos en EEUU para limitar la propagación de enfermedades transmisibles.
Cerca de 2,5 millones de personas han sido expulsadas por el Título 42 sin posibilidad de pedir asilo desde que Donald Trump lo puso en marcha en marzo de 2020, en los primeros días de la pandemia de COVID-19.
Según The New York Times, Stephen Miller, asesor principal de Trump en la Casa Blanca, lo había presionado para que invocara el Título 24 en la frontera entre Estados Unidos y México ya en 2018, antes de que surgiera el COVID-19 en China.