Lanzan en Arabia Saudita nueva campaña de represión contra varios príncipes y empresarios
Una cuenta de Twitter, llamada An Old Diplomat, publicó documentos que muestran que las autoridades sauditas congelaron los activos de propiedad de varios príncipes y empresarios.
Las autoridades sauditas lanzaron una nueva campaña de represión contra varios príncipes y empresarios del reino.
Una cuenta de Twitter, llamada An Old Diplomat, publicó documentos que muestran que las autoridades sauditas congelaron los activos de propiedad de varios príncipes y empresarios.
La cuenta de Twitter declaró que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammad bin Salman, confiscó vastas tierras propiedad del cheikh Ajlan Al-Ajlan al norte de Riad después de impedir la venta o disposición de las tierras.
An Old Diplomat reveló en otro tuit que la gestión y venta de los activos de la compañía propiedad de Hamad bin Saedan, al norte de Riad, también se congelaron.
La cuenta predijo un colapso repentino y rápido del mercado inmobiliario saudita, es decir, se espera que los precios caigan un 50 por ciento y más, como sucedió con el mercado de valores en 2006.
Agregó que los activos inmobiliarios de Riyad Al-Mustaqbal Real Estate, Abdulrahman Al-Sheikh y Mohammed Al-Eidan estaban congelados.
Según la referida cuenta de Twitter, las decisiones de congelar activos inmobiliarios incluyeron a Olaya Real Estate Company, Younis Mohammed Al-Awad, Ibrahim bin Saedan e Ibrahim Al-Harabi, además del príncipe Badr bin Abdulaziz, hermano del rey Salman.
La lista también incluyó a Moussa y Adil Al Mousa y Saleh Shuqair.
En noviembre de 2017, Bin Salman lanzó una campaña radical de arrestos contra príncipes de la familia gobernante, exfuncionarios y ministros, bajo el lema de una “Campaña Anticorrupción”.
En consecuencia, las personalidades seleccionadas fueron retenidas dentro del famoso hotel Ritz-Carlton.
Más tarde, el fiscal general saudita, Saoud bin Abdullah Al-Moajab indicó que el gobierno había logrado recaudar más de 100 mil millones de dólares a través de acuerdos financieros con empresarios y funcionarios convocados como parte de las investigaciones anticorrupción.
