Mientras hoy se multiplican en Bolivia las denuncias por la represión y la persecución política la presidenta del Gobierno de facto, Jeanine Áñez, afirma que el país se encuentra en la fase final de la pacificación.

Durante un acto en esta capital las Fuerzas Armadas (FFAA) -una de las instituciones que propició el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre- condecoraron a la autoproclamada mandataria.

Segura del papel que desempeñaron las FFAA en la asonada golpista, Áñez expresó que el reconocimiento de ese cuerpo a su investidura  "tiene un significado que va más allá de un acto protocolar".

 

Contrario a lo que opina la exsenadora, Sonia Brito, diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), informó que se incrementaron las denuncias de violaciones de derechos humanos y existe un ambiente de indefensión en el país.

En otro momento, la parlamentaria del partido mayoritario en la Asamblea Plurinacional denunció que la administración de Áñez amordaza a la prensa y comete otras violaciones flagrantes de derechos humanos, expuestas ya por organismos internacionales.

Después de varios días de violencia generada por la oposición a Evo Morales, inconforme con los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre ganadas por él, se precipitaron una serie de hechos que consumaron el golpe de Estado.

Primero se produjo un motín policial en Cochabamba y Sucre, y después vino el pedido de renuncia que le hizo a Evo el entonces comandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman, quien como se conoció luego fue entrenado en programas del Ejército de Estados Unidos y hacia ese país huyó tras cobrar un millón de dólares.

La crisis institucional y política que vive Bolivia, agravada con el golpe de Estado, dejó hasta el momento más de una treintena de muertos y alrededor de 800 heridos, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

 

El gobierno de facto autorizó la represión de militares y policías amparados en un polémico decreto de Áñez -que fue derogado-, el cual los exime de responsabilidad penal ante cualquier exceso.

Entretanto, la senadora del MAS María Elizabeth Oporto reiteró este miércoles que continuará en huelga de hambre hasta que se apruebe una ley que refirme el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano.

Estamos viviendo en momentos muy difíciles, no podemos decir nada, no podemos hablar, no podemos dar nuestra opinión, advirtió Oporto en un mensaje audiovisual que subió en su cuenta en la red social Twitter al iniciar la noche del sábado su ayuno.

 

Agregó que quienes intentan expresar su opinión son amenazados que serán procesados penalmente, en particular "los miembros de las organizaciones sociales de Bolivia".