Pandemia de la Covid-19, pretexto para incumplir acuerdo de paz en Colombia
Si los dividendos de la negociación de la paz persisten, será gracias a un marco legal que ha resistido a los ataques, a instituciones que se han levantado contra la intimidación y a una ciudadanía movilizada para defender el acuerdo, señaló el diario The Washington Post.
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Pandemia de la Covid-19, pretexto para incumplir acuerdo de paz en Colombia
El acuerdo de paz en Colombia ha sido objeto de una enorme presión desde su firma en La Habana, Cuba, en 2016, pero la pandemia de la Covid-19 proporcionó el pretexto perfecto para evitar su aplicación, advirtió el diario estadounidense The Washington Post.
No es ningún secreto que el presidente Iván Duque y su partido gobernante nunca han sido favorables al acuerdo rubricado con el exgrupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Recientemente, el Gobierno colombiano pidió la exclusión de los excomandantes de las FARC de la política, un elemento crítico de las negociaciones, mientras que los asesinatos de combatientes desmovilizados y defensores de los derechos humanos han aumentado durante la cuarentena.
Mientras tanto, los planes para reiniciar la fumigación de los cultivos ilícitos, desalentados por el acuerdo, están avanzando, y el dinero asignado a los programas de paz se está utilizando para promover al presidente, apunta la publicación.
"Paz, pero no así" se convirtió en el lema del partido de derecha Centro Democrático de Duque, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, quien junto a sus seguidores habríapreferido que las FARC se desarmaran incondicionalmente, sin ninguna protección legal ni garantías de participación política.
Pero el acuerdo de paz de 300 páginas fue diseñado para poner fin a décadas de derramamiento de sangre y llevar al país al siglo XXI.
Las conversaciones de paz no fueron diseñadas simplemente para desmovilizar a las FARC, sino para proporcionar una oportunidad de hacer lo que las clases privilegiadas habían pospuesto, desde la modernización del campo y la democratización de los derechos de propiedad, hasta la inversión en las regiones más conflictivas y la apertura del sistema político.
Tras la estrecha victoria en un referéndum de quienes hicieron campaña contra el acuerdo, las partes volvieron a la mesa de negociaciones y se modificó el texto original, aunque no lo suficiente para satisfacer a los oponentes.
En su primer año de mandato, Duque y el Centro Democrático intentaron introducir cambios directos o indirectos en el acuerdo. El Congreso negó las reformas propuestas.
Ahora, con los colombianos centrados en la emergencia del coronavirus SARS-Cov-2, se ha abierto una nueva ventana para que el gobierno y el Centro Democrático busquen viejas y nuevas formas de atacar la paz.
La Oficina de Estabilización, la agencia encargada de la implementación, pidió que los excomandantes de las FARC (covertido en el partido politíco Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) abandonaran sus puestos en el Congreso, una de las muchas concesiones clave incluidas en los acuerdos de paz, a pesar de que la Corte Constitucional ya había fallado a su favor.
Las FARC habían acordado devolver los bienes mal habidos como precio para mantener los beneficios legales. Sin embargo, una vez desarmados, los excombatientes perdieron el control de muchas parcelas de tierra en zonas violentas.
El plazo final establecido por el gobierno de Duque del 31 de julio para devolver todos los bienes cae en medio de la pandemia y parece una trampa para asegurar el incumplimiento, lo que significaría la pérdida de los beneficios legales.
Además, al 9 de mayo, seis excombatientes y 32 defensores de los derechos humanos han sido asesinados durante el cierre nacional por la emergencia sanitaria, según las Naciones Unidas.
Desde la firma del acuerdo de paz, 198 excombatientes han sido asesinados. Conscientes de que los cárteles de la droga y otras bandas criminales se trasladarían a zonas que antes controlaba la guerrilla, las partes negociadoras crearon iniciativas de seguridad que el actual gobierno se ha negado a utilizar.
El acuerdo de paz también favoreció la erradicación voluntaria y la sustitución de cultivos de coca. La fumigación con glifosato, el químico conocido como RoundUp, que la Organización Mundial de la Salud considera un probable cancerígeno, se dejó como alternativa final.
El gobierno anterior había puesto fin a esta práctica por consideraciones sanitarias y medioambientales. El Tribunal Constitucional impuso el requisito de consultar a las comunidades rurales antes de reiniciar cualquier fumigación aérea.
En medio del encierro, el gobierno está impulsando reuniones virtuales, consciente de que muchos campesinos colombianos tienen un acceso limitado a Internet, y mucho menos a las computadoras.
Y recientemente, un portavoz del Centro Democrático propuso utilizar los fondos asignados al acuerdo de paz para el paquete de estímulo económico que ahora se ha vuelto necesario.
Duque no dijo nada; en cambio, con el dinero de la paz, autorizó contratos para aumentar su presencia en los medios sociales y hacer encuestas sobre su desempeño.
Si los dividendos de la negociación de la paz persisten, será gracias a un marco legal que ha resistido a los ataques, a instituciones que se han levantado contra la intimidación y a una ciudadanía movilizada para defender el acuerdo.
Colombia debe seguir comprometida con la paz. No se debe utilizar la pandemia para fortalecer la enfermedad de la guerra, que ha sido la plaga más brutal que ha afligido al país.
