Una mujer indígena presidirá el órgano encargado de redactar una nueva Constitución para Chile
El nuevo texto, que deberá refrendarse en otro plebiscito en 2022, sustituirá al actual, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y criticado por muchos por su corte neoliberal.
Elisa Loncón, una mujer indígena, ha sido elegida este domingo como presidenta del órgano que redactará la nueva Carta Magna de Chile.
Loncón, una ligüista y activista mapuche -la etnia indígena mayoritaria en Chile-, ha sido elegida por mayoría absoluta en segunda vuelta, en la sesión inaugural de la convención que ha tenido lugar en el antiguo Congreso Nacional de la capital, un acto que se ha suspendido durante casi una hora por la protesta de un grupo de constituyentes.
"Quiero agradecerle a todo el pueblo de Chile por votar por una persona mapuche y mujer para cambiar la historia de este país", ha celebrado Loncon, tras su elección, en idioma mapudungún y luego en español.
Con este acto, Chile ha dado el pistoletazo de salida a la redacción de la nueva Constitución, la primera en el mundo redactada por un órgano paritario y la primera del país en la que se incluirá a los indígenas, un grupo que supone el 12,8 % de la población pero que nunca había sido reconocido en la ley fundamental.
Un grupo de constituyentes ligados a las protestas sociales de 2019 han irrumpido en el acto inaugural exigiendo el cese de la represión policial y pidiendo liberar a manifestantes detenidos, lo que ha obligado a suspender durante una hora la reunión.
Al grito de "No más represión", varios constituyentes se han negado a sentarse mientras sonaba el himno al inicio de la ceremonia de la primera sesión de la convención, como muestra de apoyo a cientos de personas que se manifestaban a las afueras del antiguo Congreso Nacional y que fueron dispersados por la Policía.
"Tenemos familiares que han venido a acompañarnos y que están siendo reprimidos por la Policía. En el momento más hermoso de nuestra historia, nuevamente el Estado se comporta pésimo", ha dicho la constituyente Elsa Labraña de la Lista del Pueblo, un grupo de ciudadanos independientes de izquierdas. "No vamos a empezar la ceremonia hasta que no nos aseguren que afuera no se dejó de reprimir a nuestro pueblo", ha añadido la mujer, que ha salido a apoyar la marcha.
La sesión inaugural de la Convención Constitucional de Chile fue suspendida temporalmente este domingo luego de que un grupo de constituyentes, activistas en las protestas sociales de 2019, interrumpieron la ceremonia acusando represión de la policía que se enfrentaba a un grupo minoritario de personas afuera del excongreso de Santiago.
"Queremos hacer una fiesta de la democracia y no un problema, vamos a suspender la sesión por breves minutos", afirmó la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares.
Al grito de "No más represión", varios constituyentes se negaron a sentarse mientras sonaba el himno, al inicio de la ceremonia de la primera sesión, como muestra de apoyo a cientos de personas que se manifestaban a las afueras del antiguo Congreso Nacional y que fueron dispersados por la Policía.
"Tenemos familiares que han venido a acompañarnos y que están siendo reprimidos por la Policía. En el momento más hermoso de nuestra historia, nuevamente el Estado se comporta pésimo", afirmó la constituyente Elsa Labraña de la Lista del Pueblo, un grupo de ciudadanos independientes de izquierdas.
"No vamos a empezar la ceremonia hasta que no nos aseguren que afuera no se deje de reprimir a nuestro pueblo", agregó la mujer, que salió a apoyar la marcha.
Horas antes, cientos de personas, entre indígenas, estudiantes, profesionales y sindicalistas, se congregaron en diversos puntos de la capital para celebrar el inicio de la convención en ambiente festivo, aunque se produjeron algunos disturbios que la Policía trató de dispersar con carros lanza-aguas y botes de gas.
"Chile cambió y no podemos ser hipócritas. No podemos estar dentro de la Convención haciendo como si no pasa nada mientras afuera la Policía reprime a la gente", agregó el abogado Daniel Stingo, otro de los 48 constituyentes independientes.
La idea de redactar una nueva Carta Magna se gestó en 2019, como un acuerdo entre los partidos políticos para tratar de amainar la mayor crisis social en tres décadas de democracia, que estalló con masivas marchas por un modelo socioeconómico más justo y que dejó al menos una treintena de fallecidos y miles de heridos.
Otra de las demandas de algunos constituyentes es conceder indultos a todos los detenidos durante esa grave ola de protestas. Según la Justicia, en enero de 2021, 26 personas seguían en prisión preventiva después de más de un año.
El nuevo texto, que deberá refrendarse en otro plebiscito en 2022, sustituirá al actual, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y criticado por muchos por su corte neoliberal.