Colombia: CIDH recomienda separar a la Policía y el Esmad del Ministerio de Defensa
Junto con el balance, la Comisión hizo al Estado colombiano varias recomendaciones para la protección de los derechos de los ciudadanos.
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Colombia: CIDH recomienda separar a la Policía y el Esmad del Ministerio de Defensa
En conferencia de prensa desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su balance tras la visita de trabajo que adelantó en Colombia entre el 8 y 10 de junio para verificar denuncias de violaciones de los derechos humanos en el marco del paro nacional.
El documento de observaciones consta de 48 páginas y, de acuerdo con Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, informa sobre graves violaciones de derechos humanos y afectaciones a terceros y formula un abanico de recomendaciones al Estado.
Junto con el balance, la Comisión hizo al Estado colombiano varias recomendaciones para la protección de los derechos de los ciudadanos.
Durante su visita, la Comisión recibió un total de 2 908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.
La Comisión anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, esto con el propósito de consolidar la paz en los diversos sectores de la sociedad.
Resaltó también que las jornadas de protesta han sido mayoritariamente pacíficas, en un 89 por ciento de las mismas. La Comisión constató con preocupación la presencia de discursos estigmatizantes “que propician un acelerado deterioro del debate público. Es especialmente preocupante cuando proviene de autoridades públicas”, dijo Urrejola.
Así mismo, la presidenta informó que se constató un uso desproporcionado de la fuerza, violencia por discriminación, violencia basada en género, contra periodistas y misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección y aplicación de medidas disciplinarias contra personas electas por voto popular.
En reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos incluyendo la fuerza letal
Así mismo, señaló que se recibieron graves denuncias sobre el uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas. Esto sucedió especialmente en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, así como en Pereira y Risaralda.
Así mismo, Urrejola manifestó la preocupación de la CIDH por el alto número de reportes de desapariciones y de irregularidades en los traslados por protección, en los que incluso se reportaron hechos que podrían configurar tortura y tratos crueles. “De acuerdo a los testimonios que recibimos, se estaría haciendo un abuso de esta figura, que no tiene un control judicial, lo que permite dejar a la discrecionalidad del policía que la aplica ver cómo trata a la persona”, expuso la presidenta.
El Estado no puede imponer restricciones a priori que desnaturalicen la protesta (…), no se puede prohibir per se un mecanismo de protesta
Añadió que existe libertad para manifestarse de diferentes formas, y que ninguna modalidad de protesta puede prohibirse de entrada, “se debe hacer un análisis caso a caso. El tema central es que no se puede prohibir per se un mecanismo de protesta; debe evaluarse caso a caso”.
El informe también mencionó que hubo denuncias del Estado y de organizaciones de la sociedad civil sobre la infiltración en las protestas de grupos o sujetos que han efectuado actos violentos y/o vandálicos. Se mencionó, así mismo, que el Estado denunció infiltraciones en las protestas de terceros armados, por lo cual ya el Gobierno le pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones del caso.
Tras estas observaciones en su visita, la Comisión formuló 40 recomendaciones al Estado colombiano, las principales fueron:
Promover y reforzar un proceso de diálogo genuino que permita la escucha de todos los sectores, en especial aquellos que han sido más afectados por la discriminación; respetar y garantizar el derecho a la protestas; adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado por medio de la investigación imparcial; reparar a las víctimas y sus familiares.
Así mismo, adoptar las medidas necesarias para el acceso a la justicia, que incluyan mecanismos de denuncia y atención con perspectiva diferenciada de género y étnico-racial.
De otro lado, se recomendó “adecuar el marco normativo interno para asegurar que la Procuraduría General de la Nación no pueda procesar ni sancionar con destitución o inhabilitación a autoridades de elección popular de conformidad a los estándares interamericanos en la materia”.
La CIDH, en sus recomendaciones, también incluyó separar a la Policía Nacional y su Esmad del Ministerio de Defensa “a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”.
Frente a la reforma de la Policía anunciada hace unas semanas por el presidente Iván Duque, el comisionado Stuardo Ralón, que estuvo en la visita a Colombia, dijo que lo importante para la Comisión es la sustancia de la reforma, “que el enfoque de las fuerzas policiales que tengan que velar por la seguridad ciudadana sea realizado con el respeto a estándares internacionales”.
“La Comisión insta al Estado a reforzar, desde su más alto nivel, un proceso de diálogo que permita incrementar la confianza en las instituciones estatales. La Comisión continuará monitoreando el desarrollo de las protestas, así como el seguimiento de las recomendaciones”, concluyó Urrejola.
Respondiendo a qué podría pasar si Colombia incumple estas recomendaciones formuladas, Urrejola manifestó que el Estado colombiano está sometido a un conjunto de obligaciones internacionales. “Hemos hecho esta visita y establecido las recomendaciones. Continuaremos en un diálogo con el Estado. Algunas son más simples de cumplir, otras más complejas. Entendemos que hay una buena fe por parte del Estado desde que autorizó la visita a Colombia”.
Y sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos, cuya creación anunció la Comisión, Urrejola explicó que esto consiste en que habrá un equipo con dedicación exclusiva al seguimiento de la implementación de las recomendaciones.