Comisión de la Verdad en Colombia funcionará hasta junio de 2022
El período fue ampliado debido a que por la ocurrencia de la pandemia no pudo realizar sus funciones determinadas para ejercerlas por tres años.
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Comisión de la Verdad en Colombia funcionará hasta junio de 2022
Luego de estudiar una demanda de un grupo de víctimas del conflicto armado colombiano la Corte Constitucional decidió prolongar por siete meses el mandato de la Comisión de la Verdad, uno de los pocos mecanismos de reconciliación en medio de tanta polarización.
Este, es un órgano extrajudicial creado después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).
El Constitucional aprobó con ocho votos a favor prorrogar hasta el 27 de junio de 2022 el trabajo de la Comisión, si bien posteriormente sigue el período de socialización del informe final, que es de dos meses y finalizará el 27 de agosto.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez ha defendido ante la Sala Plena que debido a la pandemia de coronavirus la misma no ha podido cumplir su período de tres años adecuadamente, ya que las restricciones han reducido su capacidad para realizar su recorrido por los distintos puntos del país.
Para ello, la alta instancia pidió al Gobierno de Iván Duque y al Congreso que destinen el presupuesto necesario que asegure esta extensión.
Hasta ahora, la Comisión ha escuchado a 26 192 personas, recibido 890 informes, realizado 13 821 entrevistas y recopilado 527 casos puntuales.
Se espera que con los siete meses de prórroga concedidos por la Corte, la entidad pueda volver a los territorios a complementar su labor.
Este ente entró formalmente en operación el 28 de noviembre de 2018 por un periodo de tres años que estaba a punto de vencer.
Mientras, la Corte determinó que continuará trabajando hasta junio de 2022 y tendrá dos meses más para socializar el informe final en el que tratarán de explicar los más graves patrones de violencia que se dieron durante la guerra.
La Comisión de la Verdad se encuentra presidida por el sacerdote Francisco De Roux, quien celebró la decisión y manifestó que “Recibimos esta decisión como una responsabilidad".
"En primer lugar, con las víctimas para escucharlas y garantizar sus derechos. También con la sociedad y el derecho a la verdad”, expresó el jesuita.
