Semana definitoria para gobierno del presidente peruano Pedro Castillo
El jueves próximo el Parlamento de Perú decidirá si otorga o no el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial.
El presidente peruano, Pedro Castillo entró en una etapa crucial para su gobierno. Esta semana el Parlamento de su país decidirá si otorga o no su confianza ratificatoria al nuevo gabinete ministerial, en medio de una creciente hostilidad opositora.
Está por ver qué harán las bancadas legislativas, las cuales, en su mayoría, no han llegado a un acuerdo sobre que posición adoptarán el próximo jueves cuando tengan que dar su voto a favor o en contra del Ejecutivo. Mientras, las de extrema derecha -Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País- están decididas a negarles la confianza.
Ese sector condiciona su voto por la confianza al retiro de dos ministros y al abandono del proyecto gubernamental de promover una asamblea constituyente, que la primera ministra, Mirtha Vásquez, considera no prioritario, y Castillo lo deja a la voluntad popular.
Entre tanto, las bancadas de centro se dividen entre las que extienden su confianza al gabinete y las que alegan que han entrado en dudas debido a que el presidente llamó al Parlamento a concertar una ley de nacionalización del gas natural, entendida como el control del recurso, sin terminar la concesión por la cual lo explota un consorcio extranjero.
El rechazo al gabinete será una vuelta más a la tuerca de la vacancia (destitución) presidencial, abonada por una reciente ley aprobada por el Legislativo, que elimina un factor disuasivo de la negación de la confianza.
La norma elimina la posibilidad gubernamental de hacer cuestión de confianza en el gabinete ministerial, ante una moción de censura a uno de sus integrantes, reduciendo al mínimo la posibilidad de dos negaciones que autorizan al presidente a disolver el Congreso.
Según una encuesta del no gubernamental Instituto de Estudios Peruanos (IEP), si la mayoría se decide por negar la confianza, irá contra la opinión de dos tercios de la población, partidaria de la ratificación al gabinete.
El sondeo verificó que 65 por ciento de los consultados opinan que el Parlamento debe dar su confianza a la ambientalista Mirtha Vásquez, lo cual lleva al diario La República a afirmar que "si el Parlamento representa a la población, podría argumentarse que debe sintonizar con lo que esta pide".
Por otra parte, el sondeo del IEP reportó una caída da la aprobación de la gestión de Castillo de 40 a 35 por ciento y una mayor pérdida de aprobación en sus bastiones electorales, el sur del país, de 58 a 42 por ciento, y las zonas rurales, de 55 a 41 por ciento.
Entre los motivos de la desaprobación al mandatario, el primero es su falta de liderazgo (36 por ciento), a lo que sin duda se suma la incesante campaña mediática en su contra que, para muchos, aprovecha también errores y debilidades de su gobierno.
El mandatario cumplió la semana previa los cien días de tregua que históricamente la prensa y los partidos otorgan a un nuevo presidente y que a él le fueron negados, pues transcurridos los actos de instalación del nuevo gobierno, se desató una oposición hostil, política y mediática.
El asedio obligó al jefe de Estado a recomponer su gabinete ministerial, el 6 de octubre último, en el árido empeño de lograr una relación de diálogo con las bancadas opositoras, que actúan bajo fuerte influencia de grupos de extrema derecha que no ocultan el deseo de vacar (destituir) al gobernante.
Por otra parte, el sector más beligerante de la oposición, que cuenta con el apoyo de grupos violentos, planteó una variante de la vacancia, la anulación de las elecciones de abril pasado y la realización de nuevos comicios generales.
La fórmula incluye el cambio de las autoridades electorales -las nuevas serían nombradas por el Congreso actual- que no validaron la impugnación de la victoria de Castillo ni otras maniobras derechistas para impedir que asuma el cargo.
Esos mismos grupos, que usan nombres como La Resistencia, Los Combatientes o La Insurgencia, están a punto de concretar una alianza anticomunista con grupos de militares, según el portal periodístico Epicentro, para reclamar en las calles la vacancia de Castillo, a quien acusan de "terrorista".