Honduras rescatará programas para erradicación de la pobreza extrema
En sustitución de los planes desarrollados por la administración de Juan Orlando Hernández, el nuevo mandato retomará proyectos ejecutados por el expresidente Manuel Zelaya antes del golpe de Estado en su contra, acontecido el 28 de junio de 2009.
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Xiomara Castro, presidenta de Honduras.
La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social en Honduras, bajo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, impulsará desde hoy el rescate de programas sociales ejecutados por el exmandatario Manuel Zelaya antes del golpe de Estado en 2009.
En ese sentido, las primeras acciones de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social en Honduras resultan hoy en la eliminación de programas sociales impulsados por los ejecutivos del Partido Nacional.
En sustitución de los planes desarrollados por la administración de Juan Orlando Hernández, el nuevo mandato retomará proyectos ejecutados por el expresidente Manuel Zelaya, antes del golpe de Estado en su contra, acontecido el 28 de junio de 2009.
“Crearemos un nuevo programa de asistencia social, vuelve la Red Solidaria que sí causó impacto y se elimina Vida Mejor, una iniciativa que no redujo la pobreza”, expresó José Carlos Cardona, designado al frente de esa institución estatal en su primer día de trabajo.
El funcionario informó sobre la aprobación de 286 millones de dólares para el impulso de esas acciones en beneficio de la población hondureña, especialmente, del 74 por ciento de la sociedad sumido en la pobreza, de acuerdo con datos difundidos por Castro en su discurso de investidura.
Cardona aludió a la realización de un inventario sobre el estado real de la entidad gubernamental, la búsqueda de irregularidades y aseguró que “venimos a decirles que esto es de ellos, de los protagonistas de la lucha contra 12 años de dictadura, narcotráfico y crimen organizado”.
Red Solidaria constituyó una propuesta de Zelaya en 2006, coordinado en ese entonces por la actual mandataria hondureña, Xiomara Castro, con el objetivo de brindar protección social a, por lo menos, 80 mil familias en condiciones de extrema pobreza.
