Red en Defensa de la Humanidad apoya derecho constitucional a la resistencia popular en Ecuador
El Parlamento ecuatoriano se reunirá este sábado en la tarde para evaluar la destitución del presidente, Guillermo Lasso.
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El Gobierno ha permitido el uso progresivo de la fuerza para reprimir las movilizaciones pacíficas y legítimas.
La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad expresó su respaldo al derecho a la resistencia en Ecuador, donde sectores populares protestan contra medidas económicas del Gobierno de Guillermo Lasso y mientras el Parlamento decide o no su destitución.
“El pueblo ecuatoriano, con el movimiento indígena y campesino al frente, ha tomado las calles para expresar su resistencia a los adversos impactos de las políticas neoliberales extremas, aplicadas por el gobierno del banquero Guillermo Lasso”, advierte el colectivo en un pronunciamiento.
Según precisa, la movilización de alcance nacional demanda respuestas a aspectos críticos que afectan al pueblo en su cotidianeidad como: el impulso al empleo y derechos laborales, moratoria y renegociación de deudas personales y familiares, precios justos para la producción campesina, control de precios básicos, de la especulación y a los combustibles.
El texto indica que otros reclamos son el respeto a los derechos colectivos, no privatización de sectores estratégicos y patrimonio público, presupuesto para salud y educación, límites a la extracción minera y petrolera, así como políticas efectivas de seguridad y protección.
Asimismo, alerta que la reacción de la administración nacional del país es agresiva, mediante la intervención de la policía, el ejército y la declaratoria de un estado de excepción en varias provincias, lo cual resultó ya en cinco muertes, más de un centenar de heridos y otras violaciones de los derechos humanos y constitucionales.
“Esto en el contexto de un estado de excepción, prohíbe los más básicos derechos constitucionales, como el derecho a reunión, asociación, libre tránsito e incluso libre expresión”, enfatiza el pronunciamiento.
Ante esa realidad, los miembros de la Red manifiestan apoyo a la agenda de reivindicaciones básicas y el derecho constitucional a la resistencia.
Elevan el pedido al Gobierno del presidente Lasso de derogar el estado de excepción, desmilitarizar el país, restablecer la institucionalidad, cesar las acciones intimidatorias y respetar los derechos.
También urgen a dar una pronta respuesta a la agenda de 10 puntos de indígenas, mujeres, campesinos, estudiantes y otros, que comprende aspectos esenciales para la vida.
El señor Lasso y su gobierno debe afincar sus acciones en el marco constitucional y respetar iniciativas expresadas en las otras funciones del Estado, como la Asamblea Nacional.
Se refieren a las propuestas para encontrar una salida a la grave conmoción interna que vive el país, que deben ser con votos y no con balas, sostiene la Red.
Las manifestaciones, concentradas en Quito, capital de Ecuador, cumplieron este sábado 14 días en medio de anuncios del Gobierno de permitir el uso progresivo de la fuerza para reprimir las movilizaciones pacíficas y legítimas.
Presidencia de Guillermo Lasso se decide este sábado
Mientras, el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador se prepara para evaluar en la tarde de este sábado el pedido de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, impulsado por la bancada de Unión por la Esperanza (UNES).
La sesión fue convocada el viernes por el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La solicitud de UNES se basa en la causal de destitución por grave conmoción interna debido a la situación actual, marcada por las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y respaldadas por numerosos sectores de la población, como estudiantes, trabajadores, campesinos, mujeres y otros.
Los manifestantes se unieron en torno a la agenda de 10 puntos planteada por la Conaie al ejecutivo, que incluye temas como la generación de empleo, prohibir la minería ilegal, atención para el agro, presupuesto para la educación y la salud, respeto a los derechos colectivos, el rechazo a las privatizaciones y el combate efectivo a la inseguridad.
El proceso comprende un período de 72 horas posteriores al análisis definir sobre la separación del puesto del mandatario, para lo cual se requieren al menos 92 de los posibles 137 votos.
De ser destituido, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a sufragios presidenciales y legislativos, en un lapso de siete días.
