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El presidente de Perú, Pedro Castillo, debe presentarse a declarar los días 4 y 9 de agosto por los presuntos delitos de tráfico de influencias para ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y obstrucción en la captura de funcionarios prófugos, anunció oficialmente la Fiscalía de la nación andina.

“Hay dos fechas. Se ha previsto una primera declaración para el 4 de agosto y una segunda, para el caso de encubrimiento, el 9 de agosto. Ambas son por la mañana”, confirmó a una emisora de radio el abogado del presidente, Benji Espinoza.

Según Espinoza, aún falta decidir si la fiscal Patricia Benavides acudirá al despacho presidencial o si Castillo tenga que declarar en la sede del Ministerio Público.

“La posición de la defensa es una sola: al presidente de la República no se le puede investigar mientras dure su mandato salvo el caso de traición a la patria, que no son los casos que está llevando el Ministerio Público”, denunció el defensor presidencial.

Las investigaciones buscan evidencias de una organización criminal que presuntamente controlaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para manipular licitaciones, el llamado “Caso Puente Tarata” y de injerencias en algunos ascensos dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía nacional en busca de alianzas personales.

De acuerdo con la fiscal, Castillo controlaría esas carteras junto a algunos empresarios como su pariente Fray Vásquez, el exasesor presidencial Bruno Pacheco y el exministro prófugo Juan Silva, ahora con orden de búsqueda y captura.