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Tras 16 horas de incautación de videos de cámaras de seguridad ordenada por un juez, un fiscal anticorrupción y un equipo de policías y peritos informáticos abandonaron el Palacio de Gobierno de Perú.

La operación iniciada el viernes último por una orden judicial que es materia de controversia culminó cuando el fiscal Jorge García se retiró sin ofrecer comentario alguno. 

Todo el engranaje montado apunta a verificar si la hija putativa del presidente Pedro Castillo, Yeni Paredes estaba allí el 9 de agosto, cuando la residencia presidencial fue allanada para detenerla.

La joven es investigada, según la hipótesis fiscal por presunta corrupción a cargo de una organización supuestamente encabezada por el presidente Castillo, y por el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, que involucra a la esposa del mandatario, Lilia Paredes, y varios familiares de ambos.

De acuerdo con la orden avalada por una corte de apelaciones, la cual negó un juez de primera instancia por considerar que no tenía competencia para afectar la inmunidad presidencial, los registros requeridos corresponden a las cámaras que cubren tres accesos al palacio presidencial.

Con similar argumento, los abogados de Castillo, Benji Espinoza y Eduardo Pachas, negaron legalidad al nuevo allanamiento y añadieron que la orden fue impugnada ante la Corte Suprema porque, debido a la inmunidad presidencial, solo este tribunal podía autorizar el registro.

Espinoza aseguró que la joven Paredes, que se entregó el 10 de agosto y está sometida a prisión preventiva por 30 meses, no estaba en el Palacio ese día y aseguró que espera que la decisión de la Corte Suprema declare ilegal la incursión.

El defensor agregó sin embargo que el allanamiento se realizó “con normalidad y sin ningún inconveniente”, y que se entregó al fiscal García las grabaciones de los días 8, 9 y 10 de agosto, como indicaba la orden judicial.

De los tres magistrados de la corte de apelaciones que autorizó la incursión, uno se opuso por estimar que carecía de competencia para una decisión que correspondía a la Corte Suprema y los otros dos la aprobaron, con cargo a que se defina si tenían o no facultad para validar el allanamiento.

Por su parte, el constitucionalista Pedro Grandez, manifestó preocupación porque “la institución de la Presidencia y la sede donde se ejerce la máxima magistratura del Estado, se encuentra en asedio permanente”.

Se trata, añadió, de “una situación insostenible que debiera llevar a una profunda reflexión sobre su impacto en el futuro de la gobernanza democrática”.