Jair Bolsonaro, presidente de Brasil promulgó un indulto que incluye a militares y policías responsables de la denominada Masacre de Carandiru, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Unión.

El 2 de octubre de 1992, 111 presos, 84 de los cuales sin siquiera ser juzgados, murieron durante la operación de la Policía Militar (PM) para contener una rebelión en la Casa de Detención.

Dicha instalación es un complejo penitenciario construido en la década de 1920, en el barrio de Carandiru, en la zona norte de Sao Paulo.

Al menos siete mil 257 presos vivían en el lugar, dos mil 706 de ellos solo en el pabellón nueve, en el que estaban encarcelados los reos primarios, aquellos que cumplían su primera pena de prisión o aguardaban juicio.

Según el decreto presidencial serán condonados agentes de fuerzas de seguridad, acusados por crímenes cometidos hace más de 30 años.

El portal G1 aseguró escuchar a un fiscal y a un representante de una organización no gubernamental de derechos humanos, manifestar que ese perdón es inconstitucional, pues ese tipo de decreto debe ser colectivo y no dirigido a un grupo de un caso específico.

La responsabilidad por la acción policial no se juzgó hasta 10 años después de los hechos. 

Estudios forenses concluyeron que los 111 fallecidos recibieron 515 balazos, de ese total 126 en la cabeza, disparos que, para organizaciones de derechos humanos, constituyen pruebas de que los detenidos fueron ejecutados de forma sumaria.