Tras las rejas gobernador de ciudad boliviana de Santa Cruz
Luis Fernando Camacho se negó a rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el paro con violencia de 36 días que provocó pérdidas superiores a los mil 200 millones de dólares y diversas vulneraciones de los derechos humanos.
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El gobernador de la ciudad Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El Gobierno de Bolivia detuvo al gobernador de la ciudad Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su negativa a rendir informes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El pasado 22 de diciembre, la diputada nacional Estefanía Morales aseguró establecer una acusación penal contra Camacho, quien hasta hoy se negó a rendir cuentas ante la ALP sobre el paro violento de 36 días en Santa Cruz.
Las acciones dejaron pérdidas superiores a los mil 200 millones de dólares y diversas vulneraciones de los derechos humanos en esa ciudad boliviana.
La legisladora del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) realizó tres peticiones de informe a la máxima autoridad cruceña.
Una primera tiene fecha 22 de marzo y se refiere al decreto departamental 373 que aprobó el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación en lugar del vicegobernador, Mario Aguilera, tal como establece la normativa.
Igualmente, la diputada reclamó a Camacho información sobre la ejecución física financiera asignada a la Gobernación durante la gestión 2022.
Más recientemente, el 7 de diciembre, Morales y otros integrantes de la bancada del MAS-IPSP remitieron la solicitud de petición de informe a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para que Camacho detalle los servicios prestados a la Gobernación de Santa Cruz y sus dependencias durante los 36 días de la medida de fuerza.
Camacho justificó una sola vez su ausencia ante la comisión, las demás resultaron injustificadas.
De esta forma incurrió en desacato con el parágrafo dos del artículo 141 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, sobre la ausencia de Autoridad requerida.
Ese texto señala: "La comisión informará al pleno de la Cámara quien derivará las representaciones pertinentes ante los órganos competentes o autoridad requerida y dispondrá la sanción correspondiente".
Adicionalmente, el artículo 135 de la Ley de Autonomías determina que "todas las autoridades de los Gobiernos Autónomos están obligados a presentarse personalmente a brindar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa".
