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Fiscales federales de Estados Unidos presentaron este martes nuevas acusaciones de corrupción contra Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y exministro de Energía y Petróleo en el país suramericano, según reportó la Agencia Venezolana de Noticias, AVN.

Por su parte, el corresponsal de la agencia AP para América Latina, Joshua Goodman, publicó en su cuenta de Twitter la decisión de Rafael Reiter, exjefe de seguridad de PDVSA, de testificar contra el "zar del petróleo", como calificó a Ramírez.

Reiter fue detenido en España y allí espera solicitud de extradición para testificar en EE.UU., al parecer en mayo próximo, asegura la fuente de AP. 

Según las investigaciones federales, los fiscales podrán probar por primera vez el cobro de sobornos por parte de Ramírez, pagados por bancos de Andorra y Suiza, considerados paraísos fiscales.

Con esos fondos se compraron inmuebles a solicitud de Ramírez, aunque no se inscribieron a su nombre, detalló el periodista.

Otro documento sacado a la luz por AP vincula a Reiter con Ramírez como trabajador de su confianza, y con otros funcionarios y proveedores de PDVSA.

Según este exempleado, el soborno en PDVSA por parte de proveedores era algo habitual, así como el lavado de dinero. Él mismo los aceptó, ratificó en el documento. 

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Reiter trabajó desde 2011 como jefe de seguridad y prevención de pérdidas en la compañía venezolana estatal, y como parte de su cargo llevaba a cabo investigaciones administrativas sobre las cuales reportaba a Ramírez.

El periodista estadounidense también nombró como posible testigo de la fiscalía norteña a Diego Salazar (primo de Ramírez y uno de los primeros en inculparlo), quien estuvo encarcelado en Venezuela por su rol en el mantenimiento de las cuentas de Ramírez y otros funcionarios de PDVSA.

Salazar, junto con Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica, y Ramírez, participaron en una organización criminal de legitimación de capitales.

Según estimaciones citadas en el informe, solo entre octubre de 2011 y noviembre de 2012 blanquearon casi mil 400 millones de euros, y antes, desde 2006, alrededor de cuatro mil 200 millones de dólares.

Tarek William Saab, fiscal General de la República Bolivariana, denunció tales manejos en septiembre del año pasado.