Juez prohíbe a Keiko Fujimori salir de Perú en los próximos tres años
La hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori, enfrenta una posible sentencia de 30 años de privación de libertad.
-
Keiko Fujimori podría enfrentar una nueva sentencia de hasta 30 años de cárcel.
La Corte Superior Nacional de Perú dictó medida de prohibición de salida del país en los próximos 36 meses a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, a su exesposo Mark Vito y a otros seis dirigentes del partido Fuerza Popular hasta el comienzo del juicio donde responderán a acusaciones por lavado de activos.
#LOÚLTIMO Juez Víctor Zúñiga, titular del 4to Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, ordena impedimento de salida del país por 36 meses contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Mark Vito Villanella y otros, en investigación por lavado de activos. #CasoCócteles pic.twitter.com/uanp39sc5g
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 31, 2023
Esta decisión garantizará la presencia de la también excongresista y sus principales colaboradores en la fase final del proceso.
La hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori, cumple condena por homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves.
Ahora enfrentará otra posible sentencia de hasta 30 años de privación de libertad por presuntos aportes ilícitos en sus campañas electorales.
LEA TAMBIÉN: Perú: presentan más de cinco mil pruebas contra Keiko Fujimori
El caso lo gestiona el equipo especial encargado de investigar las ramificaciones peruanas de los casos Lava Jato y Odebrecht e implica también a varias figuras políticas del partido fujimorista por corrupción y apropiación ilegal de fondos electorales.
La política y el resto de los imputados deben comparecer cada 30 días al registro de control biométrico para registrar su huella e informar al juzgado de sus actividades previstas, tras un año y nueve meses de indagatorias.
A pesar de las sospechas sobre Keiko Fujimori y sus colaboradores, el juez Víctor Zúñiga denegó una demanda del Ministerio Público para imponer vigilancia judicial al Partido Fuerza Popular por los próximos tres años.
