Viena: dan primer paso hacia Tratado penal sobre delitos ambientales
La decisión, impulsada por países latinoamericanos y africanos, recibió 83 votos a favor y 12 en contra. El futuro instrumento busca cerrar las brechas legales que permiten el tráfico de fauna y madera, la minería ilegal y el tráfico de residuos.
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Viena: dan primer paso hacia Tratado penal sobre delitos ambientales.
La ciudad de Viena albergó la 13 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Dicho foro, conocido como UNTOC y celebrado cada dos años desde el año 2000 bajo el paraguas de la Convención de Palermo, atendió durante más de dos décadas asuntos como la trata de personas, el tráfico de migrantes y el comercio ilegal de armas.
Este año la cita, que concluyó el 23 de octubre, añadió un capítulo nuevo: los delitos ambientales. Los gobiernos aprobaron una resolución que ordena crear un comité especial para redactar un protocolo adicional centrado en esas conductas.
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Según el texto aprobado ese comité se reunirá en cuatro ocasiones. Su tarea consiste en preparar un borrador de protocolo que se presentará en la siguiente conferencia de las partes, prevista para dentro de dos años.
El futuro instrumento abordará tres grandes bloques de delitos ambientales: el tráfico de fauna y flora silvestres, incluida la madera y sus derivados; la minería ilegal y el comercio de minerales y metales preciosos; y el tráfico de residuos.
Las mencionadas actividades comparten rutas, financiación y estructuras criminales con otros delitos graves, y que las respuestas nacionales resultan insuficientes cuando las redes operan en varios países a la vez.
La oposición no logró frenar el acuerdo
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La resolución recibió el respaldo de 83 naciones.
La resolución recibió el respaldo de 83 naciones, y 12 votaron en contra y 27 se abstuvieron. Entre los países que rechazaron la iniciativa figuraron Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Japón, "Israel", Irán y Arabia Saudita.
Como relataron varios participantes, la delegación estadounidense presentó tres enmiendas para bloquear o retrasar la creación del protocolo y presionó a otros gobiernos para que votaran en contra.
Los impulsores principales fueron Brasil y Perú, que contaron con el apoyo de una coalición de países latinoamericanos y africanos. Expertos interpretan ese resultado como una señal de que el multilateralismo aún puede producir acuerdos vinculantes en materia penal ambiental, aunque persistan resistencias importantes.
Por otra parte, durante la UNTOC, por primera vez una delegación de líderes indígenas amazónicos asistió a la conferencia.
Más de 10 representantes de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil viajaron a Viena para exponer cómo la criminalidad organizada afecta a sus territorios.
La resolución aprobada reconoció expresamente la función de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la prevención y el combate de esos delitos.
La Amazonía como escenario de una economía criminal entrelazada
Los representantes indígenas describieron un panorama en el que la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilícita y el tráfico de personas comparten corredores, dinero y armas.
Ese entramado atraviesa fronteras y convierte a las cuencas amazónicas en zonas de alto riesgo para quienes defienden el territorio.
Advirtieron que los delitos ambientales no constituyen una categoría aislada: funcionan como una pieza más de las economías criminales transnacionales. Las cifras de operativos recientes refuerzan esa lectura.
Una acción internacional coordinada por Interpol en América Latina y el Caribe dejó 233 detenidos, más de mil animales rescatados y alrededor de 60 mil hectáreas de bosque afectadas por deforestación ilegal.
Los defensores del nuevo instrumento explicaron que el marco jurídico actual presenta fragmentaciones. Las convenciones ambientales existentes carecieron de herramientas penales homogéneas para perseguir a los grupos criminales que operan en distintos países.
El futuro protocolo aspiraría a facilitar la investigación, el enjuiciamiento y la cooperación judicial en casos de tráfico de vida silvestre, minería ilícita y vertido ilegal de residuos.
Al Mayadeen Español