El próximo objetivo de Trump: migrantes que han obtenido ciudadanía
Stephen Miller, quien formará parte del gabinete de Trump, ha declarado que recurrirá al proceso de “desnaturalización”, poco utilizado, para perseguir a personas que han sido ciudadanas durante años o décadas, basándose en sospechas de presunto fraude en sus solicitudes de naturalización.
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El próximo objetivo de Trump: migrantes que han obtenido ciudadanía
Parece que el presidente electo Donald Trump tiene la intención de cumplir su promesa de campaña de comenzar a deportar al menos a 15 millones de personas que, según afirma, han estado “ envenenando la sangre ” del país.
Aunque varios analistas consideran que será prácticamente imposible (logística y financieramente) implementar las grandiosas ambiciones de Trump, eso no le impedirá destruir innumerables vidas en el intento.
Una iniciativa, de menor escala pero potencialmente devastadora en su impacto, estará dirigida a los inmigrantes que se han convertido en ciudadanos estadounidenses naturalizados.
Trump ha nombrado a tres partidarios de la línea dura contra las deportaciones para puestos clave en su administración, entre ellos Stephen Miller como subdirector de gabinete para políticas, Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y Tom Homan como “zar de la frontera”.
Es probable que Miller sea especialmente influyente y especialmente brutal.
“Estados Unidos es sólo para los estadounidenses”, gritó Miller en el acto de campaña de Trump en el Madison Square Garden. En una entrevista previa a las elecciones, describió un amplio plan para utilizar a la Guardia Nacional, la policía estatal y local, la Agencia Antidrogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos e incluso el ejército estadounidense para capturar a inmigrantes indocumentados y detenerlos en campamentos de tiendas de campaña hasta que puedan ser expulsados.
Pero ni siquiera los inmigrantes “documentados” estarán a salvo, porque Miller ha declarado que recurrirá al proceso de “desnaturalización”, poco utilizado, para perseguir a personas que han sido ciudadanas durante años o décadas, basándose en sospechas de presunto fraude en sus solicitudes de naturalización. Las personas a las que se les haya quitado la ciudadanía estarán sujetas a deportación junto con los demás objetivos de Miller.
Por supuesto, no toda discrepancia o inconsistencia es evidencia de fraude, por lo que es inevitable que algunos ciudadanos legítimos, o aquellos que cometieron errores menores basados en la confusión, no corran un riesgo mayor.
El proceso de invalidación de la naturalización fue creado por ley en 1906, y disponía que la ciudadanía podía ser cancelada si se había obtenido mediante declaraciones falsas u omisiones fraudulentas. Se utilizó de forma irregular en el siglo XX, con períodos de intensa actividad durante las guerras mundiales y la Guerra Fría, y con mucha menor frecuencia en épocas menos difíciles.
A principios del siglo XXI, la desnaturalización se solicitaba principalmente para los presuntos terroristas, criminales de guerra y violadores de los derechos humanos que habían ocultado sus antecedentes en sus solicitudes de visa y ciudadanía.
Durante la primera administración de Trump, el Departamento de Justicia estableció una nueva iniciativa de desnaturalización llamada “Operación Segunda Mirada”, encargada de investigar la ciudadanía de miles de inmigrantes sospechosos de haber obtenido la naturalización mediante fraude, tergiversación o engaño.
La Operación Segunda Mirada contrató a decenas de nuevos agentes, inicialmente triplicando el número de casos de desnaturalización activos y prometiendo muchos más. Mientras que las administraciones demócratas se habían “centrado en aquellos que han hecho algo terrible”, los investigadores de Trump parecían estar preparados para perseguir a “personas que no hicieron nada digno de mención o cuyo mal no causó daño”.
En 2017, la Corte Suprema limitó la capacidad del gobierno para revocar la ciudadanía, sosteniendo por unanimidad que la naturalización solo puede cancelarse por declaraciones “materialmente” falsas, es decir, una mentira u omisión intencional que hubiera impedido la naturalización en primer lugar.
La materialidad, sin embargo, depende del observador, o en este caso de Stephen Miller, quien ha declarado que revivirá una Operación Segunda Mirada en 2025, en consonancia con su intención de despojar de la ciudadanía a tantos inmigrantes como sea posible como preludio a la deportación.
La obsesiva campaña de desnaturalización de Miller puede tener consecuencias extremas, y no sólo para aquellos inmigrantes a quienes, con razón o sin ella, se les impugna o cancela su ciudadanía. Incluso aquellos que logran vencer un caso de desnaturalización se ven sometidos a un estrés tremendo.
Como explicó el periodista M. Gessen , una búsqueda expansiva de solicitudes de naturalización inválidas puede convertir a millones de ciudadanos naturalizados en ciudadanos de segunda clase, al “quitarles el supuesto de permanencia”.
Peor aún, miles de inmigrantes naturalizados siendo menores de edad mediante la solicitud de uno de sus padres podrían perder su ciudadanía sin culpa alguna. Y lo que es peor, si cabe imaginarlo, es que muchos niños nacidos en Estados Unidos podrían ver su ciudadanía en duda si sus padres son desnaturalizados, dada la promesa de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.
Afortunadamente, la desnaturalización es un proceso judicial, con derecho a juicio en un tribunal federal. Lamentablemente, no existe el derecho a un abogado designado en los casos de desnaturalización, por lo que cada acusado también deberá asumir los gastos de contratar a un abogado.
Para muchos que no tienen fondos para un abogado, existe una posibilidad significativa de perder la ciudadanía por error o por defecto, que puede ser exactamente lo que Stephen Miller tiene en mente.
