El gobierno de El Salvador ha afirmado formalmente que es Estados Unidos, no la nación centroamericana, la que conserva la responsabilidad legal de los venezolanos en una megaprisión salvadoreña.

La revelación fue hecha a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presentada en los tribunales por aquellos que cuestionan el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a unos 200 hombres venezolanos a ser retenidos en la prisión más notoria del país.

La jurisdicción y la responsabilidad legal de estas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes, en virtud de los acuerdos internacionales firmados y de acuerdo con los principios de soberanía y cooperación internacional en materia penal, aclaró El Salvador, refiriéndose a los Estados Unidos.

Los comentarios contrastan con las declaraciones dadas por funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia, que han afirmado que no pueden asegurar el regreso de esos detenidos, ya que ahora están bajo custodia del gobierno salvadoreño.

El Salvador ha confirmado lo que nosotros y todos los demás entendimos: son Estados Unidos los que controlan lo que les pasa a los venezolanos languideciendo en la CECOT.

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Sorprendentemente, el gobierno de los Estados Unidos no nos proporcionó esta información o la corte, informó en un correo electrónico el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, que representa a algunos de esos migrantes. 

La presentación de la ACLU busca ordenar un descubrimiento adicional en el caso y argumenta que la administración Trump violó su obligación de compartir información sobre su acuerdo con El Salvador.

En una reunión en abril en la Casa Blanca con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, el presidente Trump expresó que dependía del líder salvadoreño liberar a Maryland Kilmar Abrego García, el migrante deportado por error por la administración de Trump a la megaprisión de El Salvador en marzo.

La actual administración de la Casa Blanca ha argumentado en los tribunales que no es funcional cualquier esfuerzo para asegurar el regreso de los migrantes, alegando que estaban fuera del alcance del sistema legal de Estados Unidos y que su destino recae en El Salvador.

Trump deportó a mediados de marzo a decenas de venezolanos a la infame prisión CECOT, conocida por sus siglas en español, así como por algunos salvadoreños.

El gobierno de Estados Unidos ha acordado pagar a El Salvador 15 millones de dólares para encarcelar a los hombres, según el senador.

Chris Van Hollen (D-Md.), quien viajó a El Salvador para reunirse con funcionarios del gobierno, así como con Abrego García.