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La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH), Jennie Dador, propuso a la fiscalía incautar documentos sobre la letal represión a protestas sociales de meses anteriores, cuya entrega niegan los uniformados.

Dador apoyó su reclamos en la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas y la Policía citados por la Fiscalía, la cual investiga 49 muertes en protestas registradas de diciembre a marzo últimos.

De hecho, los mandos castrenses no entregaron los planes operativos requeridos para poder avanzar en la investigación, ante lo cual “la Fiscalía podría incautar o también gestionar una orden judicial de allanamiento para retirar esos documentos”, aseveró la experta.

Los requeridos alegan el caracter secreto de la documentación, pese a un dictamen judicial sobre el interés público de esos datos y su acceso libre, incluso para la prensa.

Dador deploró la lentitud de las pesquisas, entre otros factores por la decisión de la Fiscalía de la Nación de crear un Equipo Especial para la indagación de las muertes, en lugar de asignar los casos a la Fiscalía de Derechos Humanos.

Recordó que la agrupación cuestionó esa medida, y la de centralizar en Lima todas las investigaciones, todo lo cual implica problemas de traslado de los fiscales hacia los lugares de las muertes, o de testigos y familiares a la capital.

“Es un ir y venir todo el tiempo porque se socavaron los casos de las jurisdicciones donde realmente debían ser vistos", añadió la representante de más de 70 organizaciones dedicadas a reclamar los derechos humanos en el país.

No todos los fiscales o las fiscales de ese Equipo Especial supuestamente especializado tienen realmente esta experticia, fue otro de los inconvenientes mencionados.

Criticó igualmente el tiempo tomado por el Equipo Especial para organizar su trabajo y llevar adelante las diligencias, tras lo cual incluye el traslado a Lima de los expedientes de las muertes registradas en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho y una en Lima.

Recién ahora están todas las carpetas en Lima, y comenzaron algunas diligencias”, criticó la secretaria general de la CNDDHH, mientras instancias internacionales apremian al gobierno peruano por el esclarecimiento de esos crímenes.